La reforma a la justicia sigue un paso rápido por el Congreso de la República.
En su momento apoyamos que este trámite se surtiera y calificamos como un avance que en este país se hiciera una reforma adecuada: no de otra parte, sino de esa norma de normas que es la Constitución, se puede rediseñar un aparato judicial que sea más acorde con los derechos de las personas. El sistema lo clama a gritos. Y había problemas, lo sabemos. El tema de la función jurisdiccional por parte de notarios y abogados del común, por ejemplo, nos parecía inconveniente por las calidades que debe ostentar un juez de la República.
Aplaudíamos, sin embargo, que a pesar de las adversidades, se diera la lucha por mantener una reforma a la justicia en propiedad: en todas las ocasiones en que un gobierno nacional ha querido proponerla, nacía muerta. Buscábamos un debate, una discusión sana de las ideas que incluyera a las cortes, a sus magistrados y a los principales expertos en el tema de justicia y acceso a la misma, para que Colombia pudiera tener una reforma digna, sin micos y que, por fin, los juzgados se descongestionaran.
Pero esto se ha transformado en una oportunidad para legislar cualquier cosa, por más arbitraria que sea. En la reforma que cursa actualmente hay muchos problemas: el hecho de que, por ejemplo, la Policía pueda “excepcionalmente” retener a una persona que “pueda dañar su integridad o la de terceros”, durante un término de hasta 72 horas, es una tesis traída de los cabellos.
Pero sobre todo lo que resulta un descaro es aquello que algunos analistas han considerado como la “perla” de la reforma: la oportunidad de que los congresistas sean quienes puedan administrarse a sí mismos las sanciones. El Código Disciplinario Único, ese instrumento jurídico con el que el procurador se ha granjeado la oportunidad de inhabilitar a muchos funcionarios de ese órgano, quedará en el aire cuando sean los mismos congresistas los que incluyan sus sanciones en la Ley Quinta, su reglamento natural.
Asimismo, podrán borrar el impedimento para votar por algo que los beneficie. Por ese hueco tan pequeño se van a colar todos los asuntos que podrían interesar a un congresista. El derecho, que muchas veces está diseñado a prevención, será un arma de doble filo que beneficiará, ni más ni menos, a quienes lo crean. Todo un sistema de pesos y contrapesos tirado al traste.
De igual forma está la pérdida de investidura a cargo del Consejo de Estado: lo que otrora era de responsabilidad objetiva, será atendiendo al principio de proporcionalidad. De grados. Dependiendo de la falta del congresista y, además, con una suspensión que no durará más de seis meses.
Por último, aunque igual de importante, está el asunto de las denuncias anónimas: lo que en 2007 ayudó a destapar la parapolítica (esas denuncias anónimas), queda proscrito. Las denuncias deben presentarse personalmente, mediante acto escrito y con pruebas. ¿Quién se le medirá en un país tan violento a tamaña osadía? Lamentable.
Deplorable que en esto se haya convertido la reforma a la justicia. Ese mismo mecanismo que inspira un verdadero cambio en el acceso a un derecho fundamental se convirtió en una batalla por una tajada del pastel. El Congreso, en estos momentos, no está dando una sola muestra de altura. Falta ver qué ocurre en los debates restantes. Pero es hora, claro, de retirar el apoyo a esta iniciativa (como se viene tramitando) y prender las alarmas. Y el Gobierno Nacional no puede seguir mirando a otro lado y dejar prosperar esta vergüenza.
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