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“¡Despertemos¡ ¡Despertemos Humanidad¡ Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.” Berta Caceres. Lideresa Indigena Lenca inspiradora de millones en el continente del Abya Yala.


Este programa de gobierno contiene las propuestas principales para sentar las bases de una transformación estructural del Estado colombiano que nos permitan salir de la guerra, el narco latifundismo y la desigualdad. Plantea como base un pacto histórico de la sociedad colombiana para el buen vivir y el vivir sabroso, para alcanzar una paz con democracia multicolor. Estos conceptos anclados en las formas de vida y prácticas de los pueblos y comunidades indígenas, campesinas, negras afrocolombianas, en los territorios rurales y de las tribus urbanas, los jóvenes en lucha y las nuevas ciudadanías, hoy son un tributo y reconocimiento a nuestras identidades más allá de la imposición colonial y capitalista a la que ha sido sometida la sociedad Colombiana. 


La Colectiva Agraria Abya Yala se adhiere al planteamiento de que el cambio en el país y en mundo, es junto con las Mujeres. Guardianas del agua y de la tierra fértil, defensoras del territorio y de la biósfera, cuidadoras y tejedoras de la vida y la paz, bastiones de la economía. El Pacto Histórico busca generar las condiciones para la igualdad de las mujeres en el poder, la economía incluida la propiedad de la tierra y el reconocimiento del trabajo de cuidado y por la garantía de todos sus derechos incluido el de una vida libre de violencias.  Para esto se creará el Sistema Nacional del Cuidado que busque reconocer, reducir y redistribuir los trabajos de cuidado principalmente de las mujeres y el Ministerio de la Igualdad para avanzar hacia la construcción de una democracia multicolor con el objetivo de vincularse paritariamente en la política a las mujeres, población LGBTIQ+ y demás población en condición de vulnerabilidad. 

Plantea como eje la construcción de una economía para la vida, lo que implica transitar hacia una economía productiva basada en el respeto a la naturaleza, superando la dependencia de energías fósiles y del modelo extractivista, democratizando la tierra y el uso de energías limpias para enfrentar los efectos del cambio climático. Para ello, propone realizar un ordenamiento territorial alrededor del agua como camino fundamental en la planeación de la vida. Reconociendo su carácter de bien común y derecho fundamental; así como, apoyando las formas de vida propia de comunidades rurales en ecosistemas protegidos y sus formas de producción ecológica y manejo ambiental propio. Ademas propone, promover la agroecología y la soberanía agroalimentaria, eliminando el uso de sustancias agrotóxicas como el glifosato, ofreciendo garantías plenas para la salud y la vida digna de cada una de las formas existentes de cada ecosistema, reivindicando y custodiando las luchas de las y los defensores y líderes ambientales en cada territorio. 


El eje que formula la transición hacia una economía productiva, tiene como objetivo principal democratizar los factores productivos tales como la tierra, la ciudad, el crédito y el saber, para que no sean privilegios sino derechos. Este programa contiene las principales luchas que los pueblos étnicos, las comunidades y organizaciones rurales y campesinas han dado durante siglos en nuestro país. Esto se realizará a través de una Reforma Agraria y acuaria estructural, para transformar el campo en clave productiva de justicia social y ambiental. 


Por otra parte se plantea una “Democratización del saber territorial” como espacio de producción y reproducción de la vida, enlazando a mayores y mayoras como cuidadores de las semillas, tierra fértil y agua. Se defenderá la vida en todas sus formas y colores, fomentando la democracia y gobernanza territorial, reformando muchos de los órganos de control, promoviendo la independencia judicial, la meritocracia, la autonomía administrativa y judicial, luchando contra cualquier dinámica de corrupción. Todo direccionado a fortalecer una sociedad garante de derechos basándose en los valores del respeto, amor, cuidado, integridad, honestidad y armonía. 


El quinto y último eje define la paz como el nuevo contrato social para garantizar los derechos fundamentales de todas las personas en especial las víctimas. Propone un gran consenso para garantizar una paz total en Colombia, que comienza por implementar a plenitud el Acuerdo Final de Paz suscrito con las FARC-EP corrigiendo los entrampamientos burocráticos y poniendo en marcha de manera decidida todos los programas, mecanismos e instancias definidas en el texto negociado por las partes y modificado de acuerdo con lo manifestado por el pueblo, luego de ser sometido a su refrendación popular.  La paz total debe incluir a todos los actores armados del conflicto, por eso, propone retomar el diálogo con el ELN y adelantar el sometimiento de los grupos paramilitares y criminales asociados al narcotráfico, con el objetivo de poner punto final a las décadas de conflicto que ha padecido nuestro país. 


Estos son algunos de los puntos que contiene el programa de gobierno de Gustavo Petro y Francia Marquez, invitamos a que lo lean, estudien y debatan. Este proyecto político de país es el resultado del acumulado histórico de luchas y demandas de todas las expresiones del movimiento social, es el único programa que puede sacar a Colombia de los cien años de soledad a los que había estado condenado hasta ahora. Una vez en el poder político el Plan de Gobierno debe ser implementado a plenitud en respeto a la diversidad de los pueblos y comunidades que habitan la hoy llamada Colombia, teniendo en cuenta sus posturas y consultandolos y de esta manera sometido a control social y político permanente. 


Invitamos a todos y todas las organizaciones, procesos, investigadoras, investigadores y personas amigas a trabajar, debatir con argumentos sólidos las propuestas de campaña, informarse y combatir el ambiente de miedo al cambio y polarización, a organizarse y articular esfuerzos para ganar en primera vuelta, invitando a sumarse con esperanza y responsabilidad al, primer gobierno popular de nuestra historia republicana.


En el siguiente enlace podrán encontrar y descargar  el programa de gobierno para su propio análisis, crítica y conclusiones: https://gustavopetro.co/programa-de-gobierno/ 



 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 






El Colectivo Agrario Abya Yala es una organización interdisciplinar que nace el 6 de marzo de 2009 en la Universidad Nacional de Colombia, buscando contribuir a la construcción y el fortalecimiento de los planes de vida de las poblaciones campesinas, negras e indígenas y la reivindicación de sus derechos a las distintas formas de territorialidades. Caminamos en la búsqueda de soluciones y alternativas a los problemas agrarios y a los conflictos por la tierra y los territorios en Colombia, basados en la praxis del trabajo colectivo al servicio de los pueblos, la investigación- acción y la promoción de la autonomía y la autogestión.

 Actualmente advertimos públicamente el riesgo en el que nos encontramos por cuenta del perfilamiento ilegal que se ha estado realizando en contra de una de las personas integrantes de nuestra colectividad, al parecer por parte de organismos de inteligencia militar del Estado colombiano, a través de una oficina establecida al interior de la Defensoría del Pueblo. Conforme lo ha denunciado el Senador Iván Cepeda Castro 1 , y lo han dado a conocer medios de comunicación 2 , la actual administración de la entidad ha permitido la instalación de una oficina de enlace con el Ejército Nacional al interior de sus instalaciones, sin brindar mayores explicaciones al respecto de las legítimas preocupaciones sobre el impacto negativo que esto puede llegar a ocasionar para el cumplimiento de la labor misional que le corresponde en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos.

Dichos perfilamientos contra defensoras y defensores de Derechos Humanos constituyen un grave atentado contra la integridad, la privacidad y la libertad de conciencia, pilares fundamentales para cualquier régimen que se precie de ser democrático.

Por tanto, el Colectivo Agrario Abya Yala se permite alertar a la opinión pública de la presente situación, en particular, dados los posibles usos indebidos de la información recabada de manera ilegal, y llamamos a las organizaciones que velan por la prevalencia de los Derechos Humanos y la vigencia del Estado social de Derecho en Colombia, para que conmine al Gobierno Nacional a erradicar la práctica de perfilamientos ilegales normalizada en los organismos de seguridad estatales y, en consecuencia, sea enérgicamente rechazada por violar sistemáticamente los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Dado en Bogotá D.C. (Bakatá) a los 25 días del mes de junio 

 1 Ver: https://www.ivancepedacastro.com/en-la-mira-defensor-del-pueblo-carlos-camargo-por-presuntas-irregularidades- en-nombramientos-contratacion-y-por-politizar-la-entidad/ 

2 Ver: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/defensor-autorizo-instalar-oficina-del-ejercito-en-edificio-de-la- entidad/20210504/nota/4132037.aspx 


Descargar Comunicado aquí: 




 




El Colectivo Agrario Abya Yala, celebra y respalda la candidatura del profesor Jorge Iván Bula Escobar Escobar a la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia.


Bakata, (Bogotá) 10 de marzo de 2021


El Colectivo Agrario Abya Yala es una organización interdisciplinar surgida el 6 de marzo de 2009 en la Universidad Nacional de Colombia, que busca contribuir a la construcción y fortalecimiento de los planes de vida de pueblos, comunidades y/o poblaciones campesinas, negras e indígenas así como la reivindicación de sus derechos al territorio. El profesor Jorge Iván Bula Escobar, fue un protagonista de la profundización de nuestro trabajo como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la época. Con su apoyo y liderazgo pudimos hacer posible la realización del Seminario Antonio García Nossa que contó con 8 versiones y posibilitó una mirada crítica y propositiva frente a los conflictos por la tierra y el territorio en Colombia.


Luego de nuestra experiencia en la Universidad Nacional de Colombia, nuestra organización se ha venido consolidando como un referente en la investigación acción frente a los conflictos de ordenamiento territorial del país y hoy reconocemos que el apoyo del profesor Jorge Iván Bula Escobar, fue fundamental en nuestra consolidación como organización. Hoy como egresados de pregrado y estudiantado activo de posgrado de la Universidad Nacional y otras Universidades Públicas y Privadas, resaltamos la gran capacidad de gestión del profesor Jorge Iván Bula Escobar, su apoyo al estudiantado y su alto nivel en la promoción de la investigación crítica y propositiva frente a los problemas del país. 


Consideramos que en marco del proceso de designación de la Rectoría del Alma Mater, que el profesor Jorge Iván Bula Escobar, es el mejor candidato para asumir este alto cargo de la nación e invitamos a la comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia, y a la sociedad colombiana a respaldar su propuesta para liderar la mejor institución de educación superior del país. Que sea una Universidad Nacional comprometida con la construcción de paz en Colombia y el impulso a la Reforma Agraria Estructural en el país para de esta manera avanzar en las soluciones de fondo a los conflictos, sociales económicos y políticos del país. 


En sus consideraciones, 


Equipo de Investigadoras/es

Colectivo Agrario Abya Yala. 



Colectivo Agrario Abya Yala. La Morada Carrera 1 # 32-46, Barrio La Perseverancia

Bogotá D.C. - Colombia Teléfonos: (+571)6314348,  (+57) 311 210 4325,  (+57) 311 553 4164

Correos: info@colectivoagrarioabyayala.org, colectivoagrario@gmail.com  www.colectivoagrarioabyayala.org




En el centro del Abya Yala (El Salvador), conocida como tierra mística y originaria de culturas profundas y ancestrales, representada por el espíritu del Torogoz, coincidiendo con los espíritus ancestrales del águila, el cóndor y el quetzal, reunidas diferentes organizaciones populares del 5 al 8 de diciembre de 2019, construimos diálogos de saberes y reflexiones para fortalecer nuestros procesos de identidad y lucha, conociendo y reconociéndonos en realidades comunes con el deseo de transformarlas.
En una mirada continental abordamos los tres ejes temáticos de nuestra plataforma: (i) defensa de la autonomía y protección de los territorios, (ii) denuncia de las amenazas de los megaproyectos extractivos, y (iii) militarización de nuestros pueblos.
ANÁLISIS DE CONTEXTOS:
La realidad es todo lo que se resiste, la ciencia es subversiva y la historia es la matriz desde donde se lee el pasado, para definir un futuro desde el presente.
Después de Haití, El Salvador es el país más empobrecido y deforestado del mundo, consecuencia de un modelo extractivo avasallador que fomenta formas de producción asociadas a un sistema injusto de distribución de bienes comunes, específicamente, el agua y la tierra, destinados a monocultivos de caña de azúcar, donde se utilizan malas prácticas como las quemas y el uso de agro tóxicos.
En Guatemaya la realidad no es muy distinta, pues las prácticas extractivas y la expansión de los monocultivos fomentan el despojo de tierras de nuestros pueblos originarios, con una carga de militarización de la sociedad, donde el ejército es utilizado para la defensa de los intereses de élites y transnacionales, además de reprimir a las juventudes en resistencia.
Por su parte, Panamá -además de ser un paraíso fiscal, bastión para el lavado de dinero- sigue manteniendo los comandos sur del imperio que atropellan los derechos de pueblos originarios y les desplazan forzadamente de sus tierras con el interés de viabilizar los proyectos de minería o la construcción de represas.
De las comunidades negras marrones (cimarronas) Sipaliwini de Surinam reconocemos la fortaleza de su organización y el ejercicio de su autonomía frente al abandono estatal para atender y resolver sus necesidades de electrificación rural y educación comunitaria, como respuesta a los problemas asociados a la extracción de recursos minero energéticos en esta esquina amazónica de Suramérica.
En medio de una política agraria incipiente que no ha materializado el fortalecimiento de la agricultura campesina previsto en la Ley de Soberanía Alimentaria – LORSA, aprendemos de las comunidades nativas de las seis provincias amazónicas del Ecuador que es posible impulsar proyectos de reconversión agro-productiva en áreas degradadas y pasturas para detener la deforestación en el pulmón del mundo.
Por último, Colombia no presenta un escenario diferente. Después de un proceso de negociación para buscar una salida política al conflicto armado más largo de Latinoamérica, las promesas sobre Reforma Rural Integral y sustitución de cultivos de uso ilícito han sido incumplidas, pero la lucha de las comunidades por defender territorios libres de minería y otras políticas extractivas, continúa vigente. Ejemplo de ello, es la comunidad campesina de Sumapaz que se ha organizado junto a otras para proteger los páramos, y oponerse a las prácticas que privatizan el agua y mercantilizan la vida para seguir atesorando las arcas de una oligarquía neoliberal.
Esas realidades comunes, nos llevan a declarar que somos jóvenes en un solo cuerpo y en resistencia a un modelo de acumulación capitalista, donde la vida de nuestra Abya Yala está en riesgo.
DESAFÍOS Y COMPROMISOS:
El encuentro sube los ánimos para seguir organizados por la defensa del agua, la protección de nuestros territorios, y los derechos de las comunidades, pueblos originarios, clase trabajadora y movimiento social. Para ello, este encuentro permite definir una agenda de trabajo que impulsará la articulación sólida de las organizaciones integrantes de la plataforma, iniciando con encuentros trinacionales entre Guatemala, Honduras y El Salvador.
Asimismo, seguiremos avanzando en nuestros ejes, para lo que el país sede del encuentro logró acordar un taller formativo entre organizaciones nacionales, luego de solo participar una organización en la plataforma, se logró avanzar a siete más y con posibilidades de seguir creciendo.
Además, fortaleceremos nuestros instrumentos de divulgación y funcionamiento de espacios virtuales y medios de divulgación.
Con el tercer encuentro de Somos Abya Yala iniciamos una etapa de construcción y revisión del momento histórico, una visión crítica y de diagnóstico permanente de nuestras fortalezas y debilidades como plataforma, superando las dificultades que incluso han desarticulado otros espacios de encuentro y reconocimiento.
El Abya Yala se fortalece, resiste, construye y articula.
Abya Yala. San Salvador, 8 de diciembre de 2019.
Movimiento Nuevo País – El Salvador – Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación ATRAMEC – El Salvador – Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial SITTOJ – El Salvador -Movimiento Victoriano Lorenzo – Panamá –  Festivales Solidarios – Guatemala – Colectivo Agrario Abya Yala – Colombia. Invitad@s Luisa Trujillo Ecuador, Maverick Boejoekoe Surinam.


Agosto 10 de 2019
Ecoregión del Sumapaz

El pasado 10 de julio se publicaron en la página web del Ministerio de Ambiente los proyectos de resolución a través de las cuales se pretende reglamentar los artículos 10 y 16 de la ley 1930 de 2018 o Ley de Páramos, relacionados con las actividades agropecuarias de bajo impacto y con la figura de gestores de páramo. El 24 y 25 de julio era la fecha límite para el envío de comentarios a través de unos formatos que debían ser diligenciados y remitidos vía correo electrónico.

Al respecto, las organizaciones y comunidades campesinas que nos articulamos en la Coordinación Regional de Sumapaz y Cruz Verde manifestamos a la opinión pública y al Gobierno Nacional nuestra inconformidad, considerando que:

1. El Ministerio de Ambiente debe diseñar estrategias verdaderamente participativas para socializar la reglamentación, pensadas para la ruralidad colombiana en donde el acceso a internet y el manejo informático es deficiente o inexistente.

2. La definición de las actividades agropecuarias de alto y bajo impacto es un asunto determinante a futuro para el quehacer de miles de familias campesinas habitantes de páramo. Por tanto, amerita una discusión amplia que recoja la opinión y el sentir del campesinado. Si los gobiernos siguen haciendo normas de espaldas a quienes las tendremos que cumplir, no tendremos otra opción que desobedecerlas.

3. Los proyectos de resolución constituyen una reglamentación fragmentada que impide hacer un análisis profundo de los contenidos y alcances de dichas normas. La resolución que defina cuáles actividades agropecuarias se considerarán de alto o de bajo impacto, también debería precisar cuáles son las garantías que brindará el Estado para que el campesinado, como sujeto de especial protección del Estado, pueda realizar este tránsito productivo. De lo contrario, siembra un escenario de incertidumbre que opone la ley de páramos a los intereses de sus habitantes.

4. En los dos proyectos publicados resalta el desconocimiento de las organizaciones representativas ya existentes en el territorio, las cuales deben ser integradas tanto en la estrategia de gestión del páramo como en los mecanismos de definición de las actividades agropecuarias de alto/bajo impacto.

5. La reglamentación no puede condicionar derechos como la participación en la construcción del Plan de Manejo Ambiental del páramo o el respeto del conocimiento tradicional a la firma de un acuerdo de voluntades como gestores de páramo, porque son derechos inherentes de los y las campesinas.

Firmamos:

Junta comunal de Paquilo, Cabrera
Junta comunal de La Playa, Cabrera
Junta comunal de Las Águilas, Cabrera
ASOJUNTAS de Cabrera
Comité de impulso de la ZRC de Cabrera
Fundación Gusta Gúchipas Pasca
Junta comunal de Quebradas, Pasca
Junta comunal de Colorados, Pasca
Junta comunal de Juan Viejo, Pasca
Junta comunal de La Argentina, Pasca
Junta comunal de Corrales, Pasca
Junta comunal de Costa Rica, Pasca
Junta comunal de La Cajita, Pasca
ASOJUNTAS Pasca
Junta comunal de Santa Marta, San Bernardo
ANUC San Bernardo
Veeduría Ambiental San Bernardo
Junta comunal Mercedes, Venecia
Junta comunal de Buenos Aires, Venecia
Junta comunal de Hungría, Venecia
Junta comunal de Santa Bárbara, Venecia
ASOFRUCOL
ASOJUNTAS Venecia
Colectivo socio ambiental Guacana, Arbeláez
SINTRAPAZ, Localidad 20 Bogotá - Sumapaz
ASOJUNTAS Localidad 20 Bogotá - Sumapaz
Junta comunal de Curubital, Usme
ASOJUNTAS Usme
Sindicato Agrario Usme
Colectivo Hycha Guaia, Usme
ARCADUDA, alto Duda Uribe, Meta
Fundación Páramo, Fusagasugá
Territorios de paz - TERREPAZ 
Equipo Colombiano de Investigación en
Conflicto y Paz - ECICP
Colectivo Agraria Abya Yala
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LOS ABAJO FIRMANTES, CIUDADANOS Y CIUDADANAS, ORGANIZACIONES SOCIALES, AGRARIAS, DE MUJERES, ÉTNICAS, CONGRESISTAS Y PERSONAS COMPROMETIDAS CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS, MEDIANTE ESTE PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO: 

Noviembre 16 de 2017

1. Rechazamos en su integridad el borrador del proyecto de ley “Por la cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”, pues todos sus contenidos son un claro retroceso en materia de derechos campesinos, de los pueblos y comunidades indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, de comunidades y trabajadores agrarios, establecidos en la Constitución Política y la normativa agraria nacional. 

2. Nos oponemos a cualquier medida regresiva en relación con los derechos de las comunidades rurales a la tierra y el territorio. Los históricos problemas del campo colombiano exigen soluciones estructurales. En esa medida los contenidos del Acuerdo de Paz de La Habana son una oportunidad para avanzar en ello, que se complementa con otras exigencias y agendas de las comunidades, que han exigido entre otras cosas, que no se imponga el modelo extractivo (minería, petróleo, agroindustria y represas, etc.) sobre la economías propias y comunitarias, y sobre la pervivencia física y cultural de los pueblos étnicos, como lo ha pretendido el gobierno nacional en el proceso de implementación normativa del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final de Paz). 

3. Exigimos el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz de buena fe y bajo los principios de autenticidad y bilateralidad, así como bajo una mirada integral de los acuerdos, democratizadora , desde lo territorial, sin imposición de las miradas del centro del país hacia lo local y regional. Además reclamamos una implementación que no se agota en la producción normativa, ya que la concreción de la paz es mucho más que nuevas normas y exige de parte del gobierno en todos sus niveles la voluntad política y presupuestal para su materialización. 

4. Demandamos el cumplimiento de todos los acuerdos pactados con la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular, con los pueblos y comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, pescadores y rrom, así como del Capítulo Étnico del Acuerdo Final el cual debe orientar la interpretación e implementación de todos los puntos del Acuerdo Final. 

5. Reafirmamos la importancia de preservar la función social, cultural y ecológica de la propiedad rural en Colombia conservando la vocación ambiental y agropecuaria del suelo, atacar la alta concentración de la propiedad y brindar las garantías del derecho fundamental y humano a la alimentación y la soberanía y la autonomía alimentaria de los pueblos, así como la protección de las economías propias. 

6. Insistimos en el reconocimiento del campesinado como sujeto social, político y de derechos, así como de las distintas formas de territorialidades campesinas. 

7. Demandamos el cumplimiento del Gobierno Nacional de los Acuerdos Comunitarios de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, con medidas integrales para las comunidades rurales afectadas, el cese inmediato de acciones violentas por medio de la fuerza pública y el respeto al legítimo ejercicio del derecho a la protesta, así como la implementación del tratamiento penal diferencial para pequeños agricultores bajo un enfoque diferencial, territorial, étnico y de género. 

8. Reiteramos que la propiedad y posesión territorial en los pueblos étnicos tienen carácter espiritual, ancestral, colectivo e integral, y es un derecho fundamental de carácter inalienable, imprescriptible e inembargable. Exigimos la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos de manera ancestral o tradicionalmente por los pueblos étnicos, el reconocimiento de las autoridades tradicionales como autoridades ambientales en sus territorios, la prohibición de regresividad de los derechos y la obligación del Estado de garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada. 

9. Consideramos imperativo garantizar el reconocimiento de las organizaciones sociales e instituciones locales, así como su armonización con las actuaciones de la institucionalidad agraria y de todos los involucrados en la implementación de la Reforma Rural Integral y la Solución al Problema de los cultivos de uso ilícito que están profundamente relacionados, y especialmente participación efectiva en la toma de decisiones en la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad de Planificación Rural y la Dirección de Sustitución de Cultivos. 

10. Insistimos en la garantía y protección del derecho a la participación directa, decisoria y vinculante de las organizaciones sociales y la totalidad de la ciudadanía colombiana bajo un enfoque diferencial y de género, para lo cual es necesario que el Gobierno Nacional garantice transparencia en sus procedimientos y pleno acceso a la información pública. Igualmente, debe respetarse la totalidad de mecanismos participativos constitucionales y legales, sin coartar el legítimo derecho de las comunidades a decidir el presente y el futuro de sus vidas y territorios. 

11. Continuaremos exigiendo el derecho del acceso a tierras para campesinas y campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, pueblos y comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, víctimas del conflicto armado y la disminución de los tiempos de respuesta y de duración de los procedimientos. 

12. Exigimos llevar la discusión de la política pública agraria a los diálogos de Quito y los diferentes escenarios para la negociación, discusión y concertación con las organizaciones de campesinos, indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. 

NO ACEPTAMOS NINGUNA MODIFICACIÓN REGRESIVA DE LA LEY 160 DE 1994, NI MODIFICACIONES A LAS NORMAS AGRARIAS SIN PREVIA PARTICIPACIÓN EFECTIVA, SIN PLENA GARANTÍA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA CON LAS INSTANCIAS REPRESENTATIVAS DE LOS PUEBLOS ÉTNICOS Y CONCERTACIÓN CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANOS, RROM Y LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

SUSCRIBEN: 
ASOCIACIÓN MINGA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA - ANZORC
 ANDAS
ANUC UNIDAD Y RECONSTRUCCION – ANUC-UR
ASOCIACIÓN DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO - ATI
CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA JUSTICIA SOCIAL TIERRA DIGNA
CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PAZ – CESPAZ
COALICIÓN DE MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE COLOMBIA - COMOSOC
COLECTIVO AGRARIO ABYA YALA
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS COMISIÓN DE INTERLUCIÓN DEL SUR DE BOLIVAR, CENTRO Y SUR DEL CESAR
CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO - CODHES CONGRESO DE LOS PUEBLOS CONSEJO NACIONAL DE PAZ AFROCOLOMBIANO - CONPA
COORDINACIÓN ÉTNICA NACIONAL DE PAZ - CENPAZ
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO - CNA
CORPORACIÓN ENSAYOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA CORPORACIÓN HUMANAS CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO
CORPORACIÓN PARA LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO AUTOSOSTENIBLE - CORPOVIDA
CORPORACIÓN SISMA MUJER
CUMBRE AGRARIA, ÉTNICA, CAMPESINA Y POPULAR
DEPARTAMENTO DE MUJERES DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE DESPLAZADOS - C.N.D. .
FENSUAGRO
FIAN COLOMBIA
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS
GRUPO DE TRABAJO GÉNERO EN LA PAZ: GPAZ
GRUPO SEMILLAS HUMANIDAD VIGENTE INDEPAZ MESA DE INCIDENCIA POLITICA DE MUJERES RURALES COLOMBIANAS - MIPMRC
MESA NACIONAL DE UNIDAD AGRARIA - MUA
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA - OPIAC
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA – ONIC PLATAFORMA DE INCIDENCIA POLITICA DE MUJERES RURALES COLOMBIANAS - PIPMRC
PLATAFORMA DE MUJERES RURALES COLOMBIANAS

COADYUVAN

IVAN CEPEDA CASTRO - Senador de la República
ALBERTO CASTILLA SALAZAR - Senador de la República
JORGE ELIECER PRIETO RIVEROS - Senador de la República
ANGELA MARÍA ROBLEDO - Representante a la Cámara
ALIRIO URIBE MUÑOZ - Representante a la Cámara
VICTOR JAVIER CORREA - Representante a la Cámara
JAIRO RIVERA - Voces de Paz
JUDITH MALDONADO – Voces de Paz




El Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO: Estudios Críticos del Desarrollo Rural denunciamos ante la opinión pública, nacional e internacional, los hechos de violencia, amenazas y persecución de los que ha sido víctima la defensora de derechos humanos Irma Lemus Amaya, su familia y su organización Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán (OPDHA)1

El día 10 de octubre de 2017, su primo Cesario Lemus Amaya, desapareció de su lugar de residencia, sin dar previo aviso, e inmediatamente se iniciaron labores de búsqueda. El día 13 de octubre de 2017, la Policía Preventiva informó que había hallado algunos cuerpos de personas asesinadas en la región y procedería al respectivo proceso de levantamiento de cadáveres, dentro de los cuales se logró identificar al señor Cesario Lemus Amaya.

En estos momentos, nuestra compañera Irma junto con su familia se desplaza hacia la ciudad de Tegucigalpa a fin de conocer mayores detalles y reclamar la acción de la justicia. Los actos de persecución y hostigamiento sobre el PODHA han sido permanentes y hoy cobran la vida de familiares cercanos, sin que el estado y sus instituciones realicen su labor de precautelar la vida e integridad de los defensores de derechos humanos.

Consideramos que este hecho no puede quedar en la impunidad o tratarse como un hecho aislado en Honduras, sino que es parte de una dinámica o lógica conservadora que se instala en la región y el continente.

Por lo anterior, el Grupo de Trabajo: Estudios Críticos del Desarrollo Rural expresamos total apoyo y respaldo a la labor del OPDHA y sus defensoras, extendiendo nuestra más sincera solidaridad para con sus compañeros y familia frente a esta dolorosa noticia. 

Además, exigimos al Estado de Honduras la mayor celeridad en las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido, así como identificar, juzgar y sancionar a los responsables, de acuerdo a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Nuestra América, 15 de octubre de 2017.


1 El OPDHA es una coalición de organizaciones de base campesinas conformada en el año 2011 cuya misión es hacer un monitoreo continuo del escenario de conflicto generado en la zona producto del impulso estatal para estimular la agro exportación en detrimento del derecho a la alimentación y a una vivienda adecuada de la población campesina. Su accionar consiste en investigar violaciones de derechos humanos, canalizar denuncias y monitorear su trámite; así como brindar acompañamiento a las víctimas, en su búsqueda de acceso a la justicia.


A título institucional
Associação Brasileira de Reforma Agrária (ABRA) – Brasil
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – México 
Colectiva Agraria Abya Yala - Colombia
Fundación Tejidos del Viento - Colombia 
Grupo de Estudos Terra-Território - Brasil
Grupo de Pesquisa Estado, Capital, Trabalho e as Políticas Territoriais (GEPECT) - Brasil
Instituto de Estudios Ecuatorianos - Ecuador Observatório sobre a questão Agrária no Paraná – Brasil Rede Sergipana de Agroecologia - Brasil

A título personal
Adiclécia Lima Borges (Brasil)
Adriana del Valle Rodríguez (Secretaría de DDHH., Provincia del Chaco – Argentina) 
Alex Valentin de Melo (Brasil)
Amaru Ruiz Aleman (Fundación del Río Nicaragua – Nicaragua) 
Angélica Pineda Silva (Colombia)
Beatriz Medeiros de Melo (Instituto Federal de Alagoas, campus Viçosa – Brasil) 
Bernardo Mançano Fernandes (Cátedra UNESCO de Educação e Desenvolvimento Territorial – Brasil)
Carlos A. Rodríguez Wallenius (Maestría en Sociedades Sustentables y Posgrado en Desarrollo Rural – México)
Carlos Pástor Pazmiño (Universidad Andina Simon Bolivar - Ecuador) 
Carlos Vacaflores (Comunidad de Estudios Jaina – Bolívia)
Carolina Velez (Universidad Nacional de Córdoba – Argentina) 
Cátia dos Santos Fontes (Brasil)
Chirle Daniele da Côroa Almeida (Brasil)
Christiane Senhorinha Soares Campos (Universidade Federal de Sergipe – Brasil) 
Claudia Pilar Lizárraga (Comunidad de Estudios Jaina – Bolívia)
Clifford Andrew Welch (UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo - Brasil)
David Luna (Grupo de Investigación sobre Conflictos Sociales (GrICSo). UNNE. Chaco - Argentina)
Débora Lima (Departamento de Geografia, Universidade de Campinas – Brasil) 
Edgars Martínez Navarrete CIESAS-DF (México)
Elaine Cristine Rodrigues Soares (Brasil) 
Elienaide Cardoso da Flores (Brasil)
Eliud Torres (Doctorante de la decima generación del Posgrado de Desarrollo Rural, UAM
– Xochimilco – México)
Elza Guzmán Gómez (México)
Eraldo da Silva Ramos Filho (Universidade Federal de Sergipe – Brasil)
Esteban Daza (Instituto de Estudios Ecuatorianos, Observatorio de Cambio Rural – Ecuador)
Fabiana dos Santos Pinheiro (Brasil)
Fernando Eguren (Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES – Peru) 
Flor Edilma Osorio (Colombia)
Florisvaldo Silva Rocha (Universidade Federal de Sergipe – Brasil)
Gabriel Tobón (Grupo de Investigación "Conflicto, región y sociedades rurales de la Universidad Javeriana – Colombia)
Graciela Mandolini (Universidad Nacional de Rosario/ AMSAFE- CTERA – Argentina) 
Hilda Regina Oliveira França (Brasil)
Irma Lorena Acosta Reveles (Universidad Autónoma de Zacatecas – México) 
Isabel Salcedo (Instituto de Estudios Ecuatorianos, Observatorio de Cambio Rural – Ecuador)
Jorge Edson Santos (Movimento dos Trabalhores Organizados Urbanos – Brasil) 
Jorge Enrique Montalván Rabanal (Brasil)
Jorge Montenegro (Universidad Federal do Paraná – Brasil)
José Antonio Mora Calderón (Programa Kioscos Socioambientales, Universidad de Costa Rica – Costa Rica)
Juan Guillermo Ferro (Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana – Colombia)
Juan Wahren (Universidad de Buenos Aires/CONICET – Argentina) 
Laysa da Hora Santos (Brasil)
Leonardo Sacramento Santos (Brasil)
Luciano Concheiro (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco – México) 
Malely Linares Sánchez (UNAM - México)
Manuel Mera Cedeño (Santa Elena, estudiante de FLACSO – Ecuador) 
Mario Enrique Sosa Velázquez (Guatelama)
Maritza Islas Vargas (UNAM - México)
Miguel Teubal (Universidad de Buenos Aires – Argentina) 
Natalia Espinosa Rincón (Universidad Javeriana – Colombia) 
Nayeli Moctezuma Pérez (UNAM – México)
Olga Lucía Méndez (Universidad Nacional - Colombia)
Oscar Soto (UNCuyo – Argentina)
Osvaldo Aly Júnior (Associação Brasileira de Reforma Agrária - Brasil)
Pablo Sigüenza Ramírez (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco – México)
Priscila de Souza Viana (Brasil) 
Ram Sashi Duarte Dória (Brasil)
Ronny Roma Ardón, Guatemala (UAM—Xochimilco México) 
Rosa Ballesteros (Tierra Libre – Colombia)
Rosana de Oliveira Santos Batista (Universidade Federal de Sergipe – Brasil)
Sergio Elías Uribe (Doctorante de la decima generación del Posgrado de Desarrollo Rural, UAM – Xochimilco – México)
Sirley Ferreira dos Santos (Movimento de Mulheres Camponesas – Brasil) 
Sneither Cifuentes (Colectiva Agraria Abya Yala – Colombia)
Stalin Herrera (Instituto de Estudios Ecuatorianos, Observatorio de Cambio Rural – Ecuador)
Susana Carmona Castillo (Universidad de Los Andes – Colombia)
Teresa Isabel Villalobos Nivón (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – México)
Ticiane Pereira dos Santos Vieira (Brasil) 
Valeria de Pina (UNAM/UACH - México)
Vanessa Sosa López Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco – México) 
Wendy Castañeda Abad (Facultad de Geografia de la Universidad de La Habana, Universidad Autónoma San Luis Potosí UASLP - Cuba)
Yasmin Adriane Mendonça Rocha (Brasil)


El día de ayer viernes 30 de junio de 2017 se confirma, como era de esperarse, la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de las personas presuntamente responsables del indigno atentado que sacudió uno de los principales centros comerciales de la capital del país el pasado 17 de junio. 

Como jóvenes que llevamos ocho años caminando juntos en la Colectiva Agraria Abya Yala con el sueño de edificar planes de vida en los territorios campesinos negros e indígenas a fin de impulsar soluciones a los conflictos por la tierra,  nos sentimos en el deber ético y político de pronunciarnos respecto de las graves acusaciones e infame tratamiento que ha recibido la juventud señalada de tener vínculos con el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y estar detrás, entre otros, de la explosión en el centro comercial Andino. 

  1. Comenzar por decir que, algunas de las personas capturadas, fueron nuestros compañer@s en la Universidad Nacional de Colombia, pues vale precisar que nacimos en esa alma mater como un grupo de trabajo estudiantil, donde compartimos clases en las mismas aulas recorridas por ilustres personajes de la talla de Jorge Eliecer Gaitán, Jaime Garzón y otras miles de mujeres y hombres que han aportado a una mejor Colombia. Por ello, nos duele lo que está sucediendo. Nos duele, hondo, en las entrañas de donde surge también la indignación para levantar nuestra voz de protesta y condenar la criminalización del pensamiento crítico característico de la Universidad Pública que ha contribuido históricamente a denunciar las injusticias y atropellos de la élite gobernante de este país. 
  2. Con algunas de las compañeras y compañeros privados de su libertad, fuimos cómplices de reflexiones críticas sobre alternativas sostenibles frente a un modelo de desarrollo excluyente, cuyo legado de muerte, pobreza y destrucción del ambiente, nos convoca -hasta el presente- a defender la necesidad de una reforma agraria y persistir en la búsqueda de una mayor equidad en el campo. 
  3. Queremos ser enfáticos en hacer un llamado a las autoridades, en particular, a la Fiscalía General de la Nación para que en cumplimiento de su mandato legal investigue a profundidad los lamentables hechos ocurridos en vísperas del día del padre y establezca las responsabilidades penales correspondientes, pero NO a costa de lanzar una cortina de humo sobre estos jóvenes, desconociendo su debido proceso (con actuaciones irregulares) y presunción de inocencia (con acusaciones temerarias), ambos derechos constitucionales que, cuando de “terroristas” se trata, parecen inexistentes. 
  4. Asimismo, instamos al ente acusador a asumir los retos derivados del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP con la creación de la nueva Unidad para la Investigación y el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales Identificadas como Sucesoras del Paramilitarismo, pues es indudable que continúa operando en las regiones y sigue arrebatando la vida a defensores de derechos humanos y líderes sociales. 
  5. A los medios de comunicación masiva decirles que el daño causado frente a la honra y buen nombre de las y los implicados es irreparable. Han expuestos sus rostros, una y otra vez, les han sometido al escarnio ante la opinión pública como si de los peores criminales se tratará, cuando no existe una sola condena judicial en firme; sin embargo, han podido más los intereses mezquinos de gestar un boom mediático con fundamento en inferencias e información parcial, cuya veracidad no ha sido contrastada, para lanzar crueles señalamientos. Solo en juicio se conocerá el respaldo probatorio que dio aval a los seguimientos, interceptaciones y capturas, pero hasta entonces exigimos a la prensa dejar de manipular el caso y abstenerse de seguir publicando detalles respecto de la vida íntima de las personas capturadas y sus familias.
  6.  Como Colectiva Agraria Abya Yala nos solidarizamos con nuestros compañeros y compañeras y sus familiriares, les hacemos una invitación a no claudicar en la defensa de su inocencia, les enviamos mucha fuerza y resistencia para hacer frente a situaciones de una dimensión tan real como la cárcel. Allá les estaremos acompañando.
Con Amor desde La Morada en los Cerros Orientales de Bacatá Colectiva Agraria Abya Yala
* Foto Contagio Radio


Por Colectivo Agrario Agrario Abya Yala

En atención al anuncio del Presidente Juan Manuel Santos de prorrogar el cese al fuego bilateral y definitivo sólo hasta el próximo 31 de octubre, producto de los resultados de la votación del plebiscito del pasado 2 de octubre que arrojaron una negativa por estrecho margen a la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, nos permitimos manifestar que:

1.- El plebiscito, aunque no fuera la mejor estrategia de refrendación, logró involucrar a la población colombiana en los debates por la paz, aunque cuestionamos el tímido compromiso de los partidos de la llamada "Unidad Nacional" en la campaña por el Sí, que demuestra cómo su accionar está sujeto al ofrecimiento de dineros, puestos, contratos y otras prebendas. La desidia propia de los dirigentes de partidos políticos y caciques electorales mostrada frente a esta oportunidad histórica, contrasta con el inquebrantable compromiso ético y político de las víctimas y las organizaciones sociales, cuya dignidad en la resistencia y esperanza de construir un mejor país se manifestó en las urnas de modo contundente en algunas de las zonas más golpeadas por la guerra a favor del : en Bojayá (Chocó) ganó con el 95,78%; en Toribio (Cauca) ganó con el 84,80%; en Buenaventura (Valle del Cauca) ganó con el 70,66%, en Tumaco (Nariño) ganó con el 71,19%, en San Vicente del Caguán (Caquetá) ganó con el 62,93% y en La Macarena (Meta) ganó con el 73,66%. 
2. En unas votaciones donde la diferencia entre quienes votaron Sí o No es de menos de un punto porcentual y la abstención rondó el 62,59% del censo electoral (de las casi 35 millones de personas habilitadas para votar, solamente lo hicieron un poco más de 13 millones), no debe hablarse de victorias o derrotas sino mantenerse abierto el diálogo entre los diversos sectores involucrados.
3.- Resulta inaceptable que el Centro Democrático pretenda asumir la vocería de toda la ciudadanía inconforme o indiferente con el Acuerdo Final y formule propuestas irresponsables como excluir los temas de agricultura o narcotráfico de la agenda [1] que evidencian su falsa voluntad de querer buscar una solución política concertada al conflicto armado y, en su lugar, dan cuenta de la intención de sabotaje al proceso de paz. Cualquier insinuación de volver a la guerra es responsabilidad de la dilación del Centro Democrático en cabeza de su principal vocero, Álvaro Uribe Vélez.
4.- Reclamamos que el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo le pertenece a la sociedad civil colombiana, por tanto, exigimos su sostenimiento y rechazamos enfáticamente la velada propuesta de un pacto entre élites con la finalidad de modificar el Acuerdo Final. Esta coyuntura nos debe llevar a reconocer que el ejercicio democrático no se agota en las elecciones y servir para profundizar la democracia, no para amordazarla.
5. Por último, hacemos un llamado a salir a las calles en defensa de la paz, de la integridad y la implementación de lo pactado por medio del Congreso de la República, toda vez que el mandato popular expresado en las urnas solamente resulta vinculante para el señor Presidente, según lo determinó la Corte Constitucional en sentencia C-379 de 2016.
Bakatá, 5 de octubre de 2016. 
#QueSeMantengaElCeseBilateral
#LaPAZesDeTod@s
#AcuerdoYa

 [1] La referida propuesta pudo ser consultada en la página oficial de ese partido político durante unas horas, pero con posterioridad fue bajada de la web sin conocerse los motivos para ello. No obstante, aquí se puede consultar.

5 de Junio de 2016 ­ Día Nacional del Campesino y la Campesina y Día Mundial del Medioambiente, tiempo de la Gran Minga Nacional y con la emoción de haber sido partícipes de la 8ª Marcha Carnaval por el Agua.

ESTA ES NUESTRA PAZ

“Tengo un país atravesado en la garganta Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad”

Martha Gómez

Venimos de la Asamblea de Movimientos Sociales por la Justicia Climática del 2015 en Bogotá y nos hicimos presentes en Ibagué el 3 de junio de 2016, comprometidos con la histórica Octava Marcha Carnaval por el Agua y en contra de la Minería, liderada por el Comité Ambiental (Ver Declaratoria de la Marcha Carnaval). A Ibagué hemos traído nuestros cantos, nuestras consignas y nuestras luchas, para tejer con la diversidad del ambientalismo y del movimiento social esa gran fuerza, que con cada lucha apasionadamente edifica otros mundos posibles. (Ver Video 120.000 voces contra el extractivimo)

Foto: Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra


Mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe?




Algo que duele muchísimo y deja amoratado el lugar donde te dio. El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo.

Golpe, Pía Barros



En algo más de 5 siglos de lucha y resistencia, el colonialismo –de diversos rostros y nombres- ha sufrido grandes reveses en Abya Yala. Desde la tenaz reconquista del Cuzco, corazón del Tahuantinsuyo, liderada por Manco Capac II en 1536; pasando por las gestas independentistas de todo el continente, protagonizadas por asiduas guerreras como Policarpa Salavarrieta, Manuela Sáenz y Juana Arzurduy; hasta la rebeldía de una pequeña isla caribeña que puso a soñar al mundo y a temblar a todo un imperio.

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