Publicado en "Opinión"


 



Juan Felipe Zamora Tovar

Ajenjo Investigación 

@felipe_zamora17


Después de pasar la caótica autopista sur donde carros, ruido, densidad poblacional y sobre todo trancones inmemoriales, perturban y desesperan a cualquiera, desembocamos a la altura del cementerio Campos de Cristo. Donde cambia absolutamente todo, lo que era caos y desespero se convierte en tranquilidad y quietud, lo que era un bochorno por la cantidad de carros y de gente, se convierte en un frío y nubosidad muchas veces confundido por la enorme represa del Muña. Es Sibaté que en lenguaje Muisca significa “Derrame de agua”, es un territorio conocido por sus fantásticas fresas con crema, y el manicomio, que por décadas luce abandonado y quien pertenece a la beneficencia de Cundinamarca.  Después de más de seis siglos que se tiene el registro del primer asentamiento Muisca en este sector, se contemplan hermosos paisajes bañados por fuentes hídricas cristalinas y naturales.

A 26 kilómetros de Bogotá, Sibaté hace parte de la provincia de Soacha en el departamento de Cundinamarca, se caracteriza por ser uno de los pocos municipios que hacen parte del páramo más grande del mundo, abarcando casi en un 40% el ecosistema del Sumapaz. 

Sibaté además de ser rico en cultura gastronómica, es un municipio agrícola, sobre todo en productos como la arveja, papa y fresa, sumado a esto gran parte de su economía se basa en la comercialización ganadera. Todo esto se ha venido afectando por la contaminación de una de la surtidora acuífera más importante que provee de agua a gran parte de las veredas y el casco urbano del municipio, bajando la calidad de vida para los sibateños.




Comind S.A.S una firma de origen italiano que se dedica a la explotación de arena en bloque, desde el año 2009. La empresa italiana Colombia Minerales Industriales (Comind S.A.S), lleva diez años de explotación de arena de alta calidad en las veredas El Peñón y San Miguel (Sibaté), generando graves afecciones medio ambientales y estructurales debido a que la concesión de explotación, está localizada en la misma montaña donde nace el agua que surten acueductos de Fusagasugá, Silvania y Sibaté, zona de la cordillera oriental que también hace parte de la cuenca del páramo de Sumapaz, el más grande del mundo. Las autoridades competentes hasta el momento no han tomado ninguna acción determinante frente a esta problemática.

Los conflictos por el agua delatan también las divergencias dentro del Gobierno. En el ANA (Autoridad Nacional del Agua, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego) aseguran que cuando se trata de desviar el cauce de un río o de drenar las aguas de una laguna hacia un reservorio, se les tiene que consultar, pero la mayoría de las veces no se hace y siempre lo termina resolviendo el Minem (Ministerio de Minas y Energía). Por lo tanto, Comind quien cuenta con todos los documentos legales y la carga básica tributaria para la explotación, no ha tenido un acercamiento asertivo con las personas de las veredas el Peñón y San Miguel quienes son los más directos afectados.  




El paisaje donde veíamos campesinos pasar con 15 o 20 cabezas de ganado o camiones y Jeeps, llevando las más de 50 toneladas de papa que se produce en estos sectores veredales, se cambiaron por innumerables volquetas trasladando enormes bloques de arena Sílice, a todas las horas del día. El señor Arcadio Párraga campesino, habitante y líder desde hace más de 40 años de la vereda el Peñón, nos cuenta que desde que Comind está en la explotación, el ganado y los cultivos no volvieron a ser lo mismo, ya que el polvo que bota la extracción de arena seca y torna polvorienta la tierra. 

La habladuría en las calles donde en cada esquina el voz a voz y los corrillos de la gente  hablan sobre lo que pasó el fin de semana, “¿quién se murió?, “¡Los Díaz hicieron fiesta!”. Evidenció que muchos de los más de treinta mil habitantes de Sibaté, no saben la existencia y el impacto ambiental negativo que genera esta empresa minera en el municipio, arrebatándoles lo que por siglos ha caracterizado esta hermosa tierra. La razón por la que los Muiscas escogieron hacer sus vestigios y rituales para adorar a la Diosa agua, la misma por la que los líderes y lideresas en el periodo de los federalistas y centralistas llevaban a los enfermos mentales para tratarlos. Ya que Sibaté tiene eso, al caminar por sus quebradas y frías calles generan tranquilidad y pasividad mental. 





“Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz” Estanislao Zuleta

Por:Achiote*

El camino para la construcción de paz en los 200 años de vida republicana en Colombia se encuentra atravesado por el anhelo tropical del consolidar un Estado-Nación, que bien podría ser plurinacional como se viene construyendo en Bolivia, por la gran diversidad étnica, territorial y de pueblos que existe en el país. Los contenidos del Acuerdo de Paz que culminaron en 2016, reflejan los límites de la democracia colombiana y la incapacidad de las élites de hacer cumplir la Constitución Política que rige el país, derivada precisamente de otro acuerdo de Paz en Colombia, el que se dio en su momento con el M19, el Quintín Lame y parte del EPL.

Del ultimo conflicto armado, el que derivó de violencia bipartidista y los límites a la consolidación de la agenda democrática de corte socialista liberal que inspiraba Jorge Eliecer Gaitán y la posterior conformación de las guerrillas de las FARC-EP y el ELN , aún no nos recuperamos. Que hace 4 años por una pequeña diferencia el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz de la Habana se hubiera perdido en medio de una campaña de mentiras, temor y desprestigio de lo acordado, liderada por el hoy partido de gobierno y del jefe de estado, reflejó los miedos de millones de colombianas/as a pensar, sentir y soñar que la paz sí es posible. La gran lección la dieron las víctimas y los territorios más afectados por la guerra que masívamente votaron por el Sí, empujando la esperanza.

Ahora bien, el impulso que se dio a seguir con lo acordado, luego de las movilizaciones masivas a nivel nacional e internacional, incluyendo la de las nuevas ciudadanías, los movimiento sociales, la comunidad internacional y especialmente la de jóvenes soñadores con otra Colombia posible, fue fundamental. También lo fue la decisión política de incluir las propuestas de modificaciones de quienes se abanderaron la victoria del NO en el plebiscito, y que derivo en la firma del Acuerdo Final de Paz del 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.

Este hecho político a favor de limitar la narrativa de la guerra, de volver a hablar de paz y de impulsar una mirada integral a los territorios más afectados por la guerra, de parar los fusiles y humanizar los rostros de los alzados en armas, de los hospitales militares libres de amputados y heridos de guerra y de la tranquilidad de sus familias, inspiro en los primeros 2 años de la firma muchos cambios. Las elecciones de 2018 al Congreso demostraron apertura política con la elección de una importante bancada multipartidista a favor de la agenda de paz, así como las presidenciales disputaron una alternativa a las élites, que finalmente juntaron sus maquinarias con la elección de Duque. Luego las elecciones regionales de 2019 consolidaron esa mirada hacia una agenda de paz con justicia social y en las más importantes ciudades capitales y en varios departamentos y alcaldías, ganaron candidaturas alternativas.

Si bien, la agenda para la implementación que firmó Santos estaba ya débil y no se construyeron bases sólidas, en especial en materia de financiación y de nueva arquitectura institucional para la paz, claramente con la llegada de Duque y el Uribismo la implementación de lo acordado quedó aún más desfinanciada y sin prioridad. La incapacidad de Duque de resolver la violencia en los territorios más afectados por la guerra, su agenda ultra conservadora y el tratamiento a la diferencia política y la protesta social, tiene el anhelo de paz en su peor momento.

Inspira sin embargo, la gran movilización social y popular a favor de la implementación de lo acordado en 2016, de más y mejor educación como las del 21N del año pasado, de la MINGA y el encuentro con nuestra identidad indígena, campesina, negra, manifestaciones que han dejado un mensaje de cambio sembrado. Es importante la solidaridad y rechazo de la muerte de los líderes sociales por parte de los medios masivos de comunicación, que va haciendo posible salir de la fiesta de la narrativa de la guerra, y alegran los ojos bien abiertos y exigencia al cumplimiento de lo acordado del Sistema de Naciones Unidas incluyendo su Consejo de Seguridad y de todas las embajadas en el país. Inspira el trabajo de la Comisión de la Verdad, de la Justicia Especial para la Paz y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, que a pesar de los ataques, esta haciendo un trabajo con y para las víctimas. Pequeños grandes pasos para la reconciliación del país, y poder pensar la construcción de paz como horizonte de país, más allá de los acuerdos o de quienes los firmaron.

Para las elecciones presidenciales y de congreso de 2022, la paz seguirá en la agenda, será protagonista hablar del cumplimiento de lo acordado en 2016 y de sentar en la mesa al ELN y otros actores armados y para fortuna de la espiral del tiempo, completaremos entonces una década hablando de fin del conflicto armado, aquella que empezó con el inicio de las conversaciones en la Habana con las FARC-EP. El camino es aún largo como lo ha sido el anhelo de paz en el país, pero convencidos hay que decir que estamos mejor que hace una década y mucho más conscientes que hace 2 décadas dónde ante el fracaso de la paz de Pastrana y Marulanda, el país eligió con pasión el fin de la guerra, con más guerra.

*Director de Construcción de Paz AlCentro. Originalmente publicado en https://www.alcentro.co/a-4-anos-del-acuerdo-de-la-habana-la-agenda-politica-que-esperanza-a-colombia-es-la-paz/ 

Por: Dirección de Construcción de Paz 

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Invitamos a leer documento en el que Cubio y Achiote del Colectivo Agrario Abya Yala hicieron parte.

¨La mejor arma es sentarse y hablar¨, decía Nelson Mandela (1918-2013) el gran líder del proceso de apertura a la superación del racismo estructural y al colonialismo que derivó en décadas de conflicto armado y violencia política en Sudáfrica. Esto mismo hemos decidido hacer los y las integrantes de la Dirección de Construcción de Paz de Al Centro con este pronunciamiento: hablar de paz y acordar una posición sobre este tema. Una tarea titánica. Todo punto de vista sobre la paz está altamente vinculado con los orígenes, vivencias, experiencias, creencias y estudios de cada persona. Es justamente esta pluralidad de pensamientos y perspectivas lo que nos llevó a intercambiar ideas sobre lo que creemos, defendemos y buscamos como dirección desde Al Centro. Para llegar a ello, emprendimos un diálogo teórico y de contexto sobre la paz, con el fin de luego aterrizar la noción al ámbito colombiano y finalizar con varias propuestas y apuestas en favor de la construcción de paz en Colombia. Este es un pronunciamiento que busca contribuir al debate público en el país y clarifica nuestras apuestas y estrategias como Dirección de Construcción de Paz de Al Centro a las que invitamos asumarse. (...)
 
Descargue el documento aquí: Pensar y sentir la paz

Por: Susana Cifuentes, Carlos Andrés Orlas Sánchez, Diana Zerda, Daniel Albarracin, Diego Balvino Chavez, Juanita Peñuela Cadavid, Nicolas Andrés Uribe R, Juliana Andrea González R, Valentina Zuluaga Zuliani y Jorge Andrés Forero González - Director Dirección de Construcción de Paz AlCentro


A comienzos de mayo, se realizó el conversatorio virtual “Pandemia, Migración y Solidaridades” organizado por la “Plataforma Somos Abya Yala-Somos Una América” y moderado por Sneither Cifuentes, Peyote del Colectivo Agrario Abya Yala. Tres voces, tres mujeres, pudieron compartir su análisis, su lucha, sus esperanzas en medio de este contexto de pandemia, de injusticia, y al mismo tiempo de solidaridad entre los pueblos.
Karla Bautista Chonay, coordinadora el Proyecto Liberación de Trans Queer Pueblo, mujer transgénero, compartió que vivió en el Petén, Guatemala, y que “mi madre me enseñó a luchar, a organizarme con las otras mujeres indígenas de mi pueblo para defendernos contra el genocio que sucedía en mi país” después “huí de la violencia, de la homofobia, migrando a los EEUU el 2005 para realizar mi sueño”. Sin embargo, “fui detenida y puesta en celdas frías antes de ser deportada a México”.
El 2017, en otro intento por ingresar a EEUU, recuerda que cuando iba a solicitar asilo “cuando me presente en migración me encontré con una oficial homofóbica, racista, que me negó hablar de mi género y comunidad cancelándome la entrevista. Eso fue lo que me dio el coraje y la fuerzas para conectarme con el proyecto de liberacion” y “me uno a la lucha por alzar la voz, desarrollar liderazgo, y sembrar conciencia por mi comunidad LGBT, migrante, de color”.
“Hoy no les hablo de Peten, Guatemala, sino desde una tierra más árida y más al norte de Arizona doblemente conquista por españoles una vez y por los gringos una segunda vez. En esta tierra vivimos un racismo vivo y violento la secuela viva de la invasión de gente anglosajona”, dice Karla.
Con residencia hoy en Phoenix, se pregunta Karla, en medio de su intervención, ¿Qué significa vivir como personas descendientes de nuestros pueblos originarios americanos y además personas del tercer género o LGBT en medio de una pandemia? Su respuesta dice mucho y es el espejo donde pueden verse las injusticias: “Significa que nuestro estado es militarizado, que las fronteras son controladas y monitoreadas y que nuestra gente es perseguida, encarcelada, en medio de una pandemia. Todo esto nos expone como carne de cañón de los peligrosos desastres, sin ningún amparo, ni protección, que son las condiciones en detención”.
En la actual situación de pandemia, Karla denuncia que “hay un desastre de salud en los centros de detención, negligencia médica” y señala que “los abusos no son sólo la presencia de la agresión sino que también la ausencia de los cuidados médicos”.
Por un Sistema de Salud Solidario
Marcela Zamora Cruz, comunicadora alternativa, defensora de derechos humanos, es parte del Centro de Amigos para la Paz (CAP) en Costa Rica, señala que “la paz va más allá de la ausencia de guerra” y que “nosotros vemos la paz desde el enfoque de los derechos humanos y la justicia social. Es una paz muy diferente a la que se nos ha impuesto a los costarricenses, desde lo acuerdos de paz en centroamérica. Tenemos claro que sin trabajo, no hay paz; sin educacion, no hay paz; sin salud, no hay paz; con violencia contra las mujeres, contra la poblacion LGBTI, contra las comunidades indigenas, contra las poblaciones, contra los mas vulnerados del pais, tampoco hay paz; y sin armonia con el medio ambiente tampoco hay paz”.
Marcela es también parte del Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena en su país, del Colectivo Derecho a la Protesta, de SOAW CR y de la Plataforma Somos Abya Yala.
Marcela nos cuenta que hace algunos años vienen haciendo seguimiento sobre la militarización de los cuerpos policiales: “Todos saben que Costa Rica no tiene ejército formal, desde 1948, sin embargo en las últimas décadas a aumentado la formación en las escuela militares de los oficiales del Ministerio de Seguridad Pública y del organismo de investigación policial que es como la policía judicial en otros países”. Señala que la policía “están recibiendo capacitación en WHINSEC, que es conocido como la Escuela de las Américas; y también reciben capacitación de carabineros chilenos, con instructores colombianos, salvadoreños con la guia del Comando Sur de EEUU”.
En la actual coyuntura de pandemia y colapso del sistema de salud, en muchos países de América Latina y del mundo, Marcela nos recuerda que “la mayoría que estamos en la lucha, en la defensa de la seguridad social, tenemos muy claro que esto iba a suceder. Cuando se habla de una emergencia sanitaria, los que hemos luchado por un sistema de salud solidario, universal, para todos, sabíamos que el sistema de salud, por sí mismo, no iba a poder responder a la emergencia sanitaria y efectivamente fue eso lo que sucedió. Tenemos un sistema de salud que por décadas ha sido atacado por los gobiernos tratando de privatizar parte o todo”.
Dentro del Capitalismo no hay solución para la Pandemia
“No tenemos dudas que la lucha internacional de los pueblos, ahora, más que nunca, es necesaria, es urgente y es legítima”, dice Soniamara Maranho integrante de la coordinación nacional del Movimiento dos Atingidos por Barragens (MAB- Brasil) organización que es parte del Movimiento de Afectados por Presas en América Latina – MAR
Soniamara, recuerda el colapso, el 2015, de la represa Fundao y lo crime en Brumadinho, 2019, ambas en el estado de Minas Gerais (sureste de Brasil); ahí, “se rompieron dos represas donde murieron casi 300 personas. El 2015 fueron 20 personas y el año pasado, 2019, fueron 272 personas muertas”.
Sobre el contexto actual, dice que lamentablemente Brasil ha seguid la concepción capitalista de Trump, de EEUU, por lo cual, ambos países,  “tienen los peores resultados de la pandemia”.
Señala que la actual crisis que vivimos “cae en la espalda de los trabajadores, de los pobres, de las mujeres y de los negros a nivel internacional y en Brasil no es diferentes”. Son lo que están viviendo el impacto cruel de una sociedad basada en el lucro, el capitalismo.
“Los inmigrantes, las mujeres, los jóvenes, LGBTI, son los que más sufren porque no consiguen pagar la salud y esta es privada” y, en Brasil, “Bolsonaro está haciendo un crimen institucional y desobedeciendo a la OMS”.
“La culpa es del sistema capitalista, imperialista, patriarcal, homofóbico, y racista que históricamente saco la riqueza producida por los trabajadores y por las mujeres que realizan trabajo invisible y no remunerado. El sistema capitalista no tiene solución para la pandemia y nunca va tener. Para tener una solucion tendria que dividir la riqueza, tendría que enfrentar a los bancos, tendría que enfrentar a los accionistas, a los especuladores, a los paraísos fiscales que son hoy quienes sacan la riqueza producida por la mano de los trabajadores y no lo van hacer”.
“La pandemia en el mundo se resuelve con solidaridad, con políticas públicas y con la división de la riqueza. Tenemos que internacionalizar la lucha, tenemos que internacionalizar la esperanza”.
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Más información de: TransQueerPueblo – Centro Amigos por la Paz – Movimiento dos Atingidos por Barragens (MAB- Brasil)
Puede ver el Conversatorio:
Video Youtube: “Presentación por Ani Pichardo del Boletín Somos Abya Yala, Somos una América”


POR GUATILA ANDINA 

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU advirtió en 2017 que los migrantes están expuestos a un mayor riesgo de padecer vulneraciones de derechos humanos, incluso desapariciones forzadas, haciendo referencia particular a las rutas migratorias que cruzan fronteras hacia los países del norte

Sin embargo, el vínculo entre la desaparición forzada y la migración es histórica y ocurre también dentro de las fronteras de nuestros países. En Colombia, buena parte de nuestra economía yace sobre migraciones masivas de mano de obra campesina que trabaja al vaivén de las bonanzas económicas: plantaciones de banano, la recolección del café, campos petroleros o minas de oro y níquel y, por supuesto, el cultivo de coca. 

El correlato invisible de las promesas de un mejor horizonte es la sobreexposición a escenarios hostiles en donde la soledad del forastero deprecia sus historias y cuerpos. Es posible que el caso más dramático de olvido y desaparición de migrantes esté en las selvas del Guaviare, en donde miles de campesinos colonos poblaron sus tierras en medio del conflicto armado y una economía cocalera creciente. 

La tierra prometida se difuminó en detenciones arbitrarias, reclutamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, muertes en medio de un combate, un bombardeo o un señalamiento de haber brindado un vaso de agua a uno u otro grupo. La crudeza de la guerra llevó a sepultar sus cuerpos sin que nadie pudiera devolverles el nombre, ni avisarles a sus familias que no regresarían a casa.

Aún nuestro país no termina de contar los desaparecidos y sólo tenemos aproximaciones a algunas cifras que ya comienzan a mostrar la abrumadora cantidad de migrantes desaparecidos. La lejanía y la falta de contacto con sus familias y amigos dificulta su búsqueda y nos llama a redimensionar nuestros lazos de solidaridad con el viajero, el forastero, el desconocido que llega para quedarse.

Por Andrea Stefania Larito , Mamoncillo (Movimieto Campo y  Vida Colaborador del Colectivo Agrario Abya Yala)
El desplazamiento forzado es un fenómeno que ha afectado a Colombia en los últimos dos siglos y representa una de las consecuencias más importante de las diferentes etapas del conflicto armado. La disputa por el control de diferentes territorios, zonas de cultivos ilegales, así como de minería e hidrocarburos han afectado los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, llevando en muchos casos a su desplazamiento.
Citando a Cardona (2010): “se denomina desplazada a toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia […] porque su vida, integridad física y libertad han sido vulneradas o se encuentran debido a la existencia de múltiples situaciones como son: conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores….” (pág. 139).
En Colombia el desplazamiento forzado tuvo su pico entre las décadas de los 90’s y 00’s ante la intensificación de los combates entre grupos insurgentes, grupos paramilitares y fuerza pública. El grueso de la población indígena desplazada proviene de los departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Norte de Santander, en donde hay alta presencia de cultivos de coca, áreas de protección ambiental (Parques Naturales) y alta informalidad de la propiedad de la tierra.
Este proceso de desplazamiento forzado, en los pueblos indígenas ha generado diferentes impactos entre ellos la pérdida de la lengua indígena. Los pueblos indígenas son reconocidos internacional (Declaración de los Pueblos Indígenas) y nacionalmente (Art. 7 y 10) como una población de especial protección, por lo cual el desplazamiento forzado junto a las acciones violentas previas genera una serie de violaciones a los derechos individuales y colectivos; en ellos el de la lengua indígena.
En ese sentido, para los pueblos indígenas su lengua y cultura se soporta sobre sus territorios ancestrales. Más que las tierras (como propiedad), el territorio, para los pueblos indígenas, representa el espacio originario y de los antepasados que incluye lugares sagrados donde residen los seres de la naturaleza y en la tierra se desarrollan las prácticas cotidianas. La pérdida del territorio significa la pérdida de los soportes de la lengua y la cultura junto a los conocimientos ancestrales y espacios sagrados. Una parte importante de los desplazados indígenas han llegado a zonas urbanas, en diferentes partes del país, llegando a reconstituir sus autoridades y procesos propios.
Muchas lenguas con el paso de los años se han ido perdiendo, por diversas razones que podríamos definir como internas y externas. Ejemplo de razones internas son: el escaso número de personas (ancianos sobretodo) que hablan la lengua; la decisión de no transmitir la lengua por ser considerada minoritaria y de “poco valor” y la falta en algunas comunidades de lugares dónde enseñar la lengua. Las razones externas son por el contrario ligadas a factores heterogéneos, que son relativas tanto a las políticas gubernamentales en el ámbito cultural como a la históricas fragilidad del gobierno nacional como el narcotráfico y conflicto armado.
Aunque existen diferentes Institutos y Universidades que se han interesados en el tema de la conservación de las lenguas indígenas, estos reciben poco recursos económicos por parte del Estado; por eso la pérdida de las lenguas ancestrales  es inevitable. Se estima que en el territorio colombiano se hablan 65 lenguas indígenas y varios dialectos que pueden ser reagrupados en 13 familias lingüísticas. Las lenguas que mayoritariamente han sufrido procesos de pérdidas son aquellas que se hablan en la región amazónica, las mismas afectadas por el conflicto armado.
La protección y promoción de las lenguas indígenas es importante por diferentes aspectos y es un deber de todos preservarlo. En el caso colombiano se parte de mecanismos muy “generales”, entre los cuales el respeto de los tratados sobre los pueblos indígena, la misma Constitución política con los Artículos 7, 10 y 69, pero también a través de la ley 1381/2010. Es interés del Estado y del Gobierno promover políticas lingüísticas en planes de gobierno, así como favorecer el estudio y la profesionalización a través de los recursos de varios ministerios como Educación, Cultura y MinTic.
Por lo que concierne a la promoción de la lengua por parte de los mismos indígenas, el sólo reconocimiento como pueblos ancestrales es un gran paso adelante para hacer que sigan protegiendo la cultura y las tradiciones. Resulta así fundamental conocer, reconocer y reivindicar los propios derechos, entre los cuales el derecho a la conservación y tutela de la lengua propia a través del apoyo del Estado y la promoción de políticas lingüísticas conforme a sus tradiciones, creencias y la recuperación de sus territorios ancestrales.
Lo spostamento forzato è un fenomeno che ha interessato la Colombia negli ultimi due secoli e rappresenta una delle conseguenze più importanti delle differenti tappe del conflitto armato. La disputa per il controllo dei diversi territori, zone con coltivazione illegale, nonché la miniera e  gli idrocarburi hanno colpito i territori ancestrali delle popolazioni indigene, portando in molti casi allo spostamento-.
Citando Cardona (2010): “Si definisce sfollata qualsiasi persona sia stata obbligata a migrare all’interno del territorio nazionale, lasciando la sua località di residenza […] perché la sua vita, integrità fisica e libertà sono state violate o si trovano a causa di molteplici situazioni quali sono: conflitto armato interno, disordini o tensioni interne…” (pag. 139)       
In Colombia lo spostamento forzato ha avuto il suo picco tra gli anni ’90 e ‘00 per l’intensificarsi dei combattimenti fra gruppi ribelli, gruppi paramilitari e forza pubblica. La maggior parte della popolazione indigena sfollata proviene dai dipartimenti del Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés e Norte de Santander, dove vi è alta presenza di coltivazioni di coca, aree di protezione ambientale (Parchi Naturale) e alta informalità della proprietà della terra.     
Questo processo di spostamento forzato, nelle popolazioni indigene  ha generato differenti impatti tra i quali la perdita della lingua indigena. I popoli indigeni sono riconosciuti a livello internazionale  (Dichiarazione dei Popoli Indigeni) e a livello nazionale (Art. 7 e 10) come una popolazione particolarmente protetta, per cui lo spostamento forzato, insieme alle precedenti violenze, rappresentano una serie di violazioni dei diritti individuali e collettivi, tra i quali la dispersione della lingua indigena. 
A tal proposito, per i popoli indigeni la loro  lingua e la cultura sono  supportati dai territori ancestrali, più della terra stessa ( come proprietà . Il territorio, per i popoli indigeni, rappresenta lo spazio originario e degli antenati che include luoghi sacri dove risiedono gli esseri della natura e su di essa  si sviluppano le pratiche quotidiane. La perdita del territorio significa la perdita al sostegno della lingua e della cultura insieme alle conoscenze ancestrali e agli spazi sacri. Gran parte degli sfollati indigeni sono giunti nelle aree urbane, in differenti parti delle paese, fino a ricostruire le proprie  autorità e processi.
Molte lingue sono andate perdute nel corso degli anni, per diverse ragioni che potremmo definire interne ed esterne. Esempi di ragioni interne sono: lo scarso numero di persone (soprattutto anziani) che parlano la lingua; la decisione di non trasmettere la lingua perché  ritenuta minoritaria e di “scarso valore” e, infine, la mancanza in alcune comunità di luoghi dove insegnare la lingua. Le ragioni esterne sono invece legate a fattori eterogenei che riguardano sia le politiche governative nel settore culturale sia la storica fragilità del governo nazionale nel gestire fenomeni quali il narcotraffico e il conflitto armato.
Sebbene esistano diversi  Istituti e Università che si sono interessati al tema della conservazione delle lingue indigene, questi ricevono pochi appoggi economici da parte dello Stato; per cui la perdita delle lingue ancestrali è stata e continua ad essere inevitabile. Si stima che sul territorio colombiano si parlino 65 lingue indigene e vari dialetti che possono essere raggruppati in 13 famiglie linguistiche. Le lingue che maggiormente hanno subito i  processi di perdita sono quelle parlate nella  regione amazzonica, le stesse colpite dal conflitto armato. 
La protezione e promozione delle lingue indigene è importante per diversi aspetti ed è dovere di tutti prendersene cura. Nel caso colombiano si parte dai meccanismi più “generali” tra cui il rispetto dei trattati sui popoli indigeni, la stessa Costituzione Politica con gli articoli 7-10-69, ma anche attraverso la legge 1381 del 2010. È interesse dello Stato e del Governo promuovere le politiche linguistiche nei piani di governo, nonché favorire lo studio e la professionalizzazione attraverso l’ istituzione di fondi destinati a vari Ministeri come quelli dell’Istruzione, della Cultura e della Tecnologia.
Per quanto riguarda la promozione della lingua  da parte degli indigeni stessi, il solo fatto di riconoscersi come popoli ancestrali è un gran passo avanti per far sì che continuino a proteggere la cultura e le tradizioni. È quindi fondamentale conoscere, riconoscere e rivendicare i propri diritti, tra i quali il diritto alla conservazione e tutela della propria lingua attraverso il sostegno dello Stato e la promozione di politiche linguistiche in linea con le loro  tradizioni, credenze e il recupero  dei loro territori ancestrali. 



Como respuesta a la crisis del COVID-19 el ELN anunció un cese armado bilateral. Achiote del Colectivo Agrario Abya Yala y  director de Construcción de Paz de Alcentro discute sobre esta importante decisión y realiza algunas recomendaciones que cree el Gobierno debería plantear para la construcción de paz en el país. Publicado originalmente en https://www.alcentro.co/project/jorge-andres-forero-gonzalez/



En la entraña de Bacatá, entre los cerros sagrados y los edificios, firme resiste junto a sus habitantes un pequeño barrio en la falda de la montaña fundado por manos obreras, campesinas, de ancestralidad Muiska el 7 de marzo de 1912.

Por: Chipaca Colectivo Agrario Abya Yala 

La Perseverancia, hoy con la mediática, la presión Inmobiliaria y la falta de inversión social se llena de estigmas y secuelas de la segregación; pero en sus calles urbanas y rurales encontramos el lugar más bello para tejer la vida. Sus calles empinadas, son escenario de la cotidianidad más simple y a la vez pintoresca.

Subir y bajar, parar en las esquinas a saludar a los vecinos, entrar a la tienda de Willi donde suelen encontrarse las Abuelas  para tomar cerveza con sus amigasreír y recordar.La ternura, fuerza e inspiración de las chicheras, luchando año a año por mantener viva la llama de la tradición.

Casas antiguas que cuentan historiasalbergan personas.Algunaque, con un veloanhelan partir, caminan sin la conciencia que cada centímetro como se percibe, es resultado de años de persistencia, del privilegio de conocernos, preocuparnos por el otro y solidarizarnos con su causa. Otras enamoradasen una imperceptible lucha por permanecer, o ansiando el retorno.

En sus cafeterías escuchar a los abuelos contando hazañas de sus antecesores, fundadores del barrio obrero de Bavaria. El cinturón rojo de Bogotá, el barrio gaitanista que fue fundamental en la marcha del solencio y por la paz de 1947 donde se clamó por el fin de la guerra bipartidista.  Tomar tinto con el vikingo Luis Ruiz, hablar por horas sobre la añoranza del tejido social, de la unión ante los problemas y la orfandad de esos sentimientos y acciones colectivas.

Subsisten expresiones extraordinarias que parecieran cotidianas, en respuesta a la tiranía y la opresión, La Fiesta de las Candelas, el Festival de la Chicha, la plaza de mercadojóvenes criando vacas y ovejas, el tamal de los domingos, la sábila tras de la Puerta, el maíz, el RAP, el tejo, la rana, los diciembres.   

Se acerca paulatinamente el dinero que ofrece la inmobiliaria, la venta de la casa familiar, partir, echar de menos, volverarrepentirse.  Hoy, le deseamos un feliz día Perseveruna ,108 años de lucha, de esta magia que nos mantiene en pie como patrimonio viviente. Con cada paso, con la convicción¡seguiremos perseverandoseguiremos avanzando!




Durante la campaña presidencial del año 2018, especialmente para segunda vuelta, el temor ante el regreso del uribismo al poder movilizó como nunca a  millones de personas. Una de las principales preocupaciones era la posibilidad del retorno de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que durante los años de gobierno de Álvaro Uribe fueron cometidas por parte del mismo Estado, entre ellas estaban las interceptaciones ilegales, más conocidas como chuzadas. Este temor tenía muchos argumentos, bien fundamentados en hechos del pasado.   
Por Cubio Colectivo Agrario Abya Yala
Las chuzadas o interceptaciones ilegales contra líderes de oposición, dirigentes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos fueron una modalidad de violación de derechos humanos que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ejecutó de manera planificada y centralizada durante sus dos periodos, usando los recursos de inteligencia y contrainteligencia del Estado en cabeza del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).  Esta práctica criminal desató uno de los mayores escándalos de su gobierno y llevó a procesar un poco más de cuarenta altos funcionarios, de los cuales una veintena resulto con condenas penales y otro tanto con sanciones disciplinarias, entre ellos todos los directores del DAS de 2002 a 2010[1].
Sin embargo de ese selecto grupo de altos funcionarios, quedaron en la impunidad un poco más de la mitad, entre ellos el propio ex presidente Álvaro Uribe Vélez, principal beneficiario del espionaje e intimidación ilegal que realizaba el aparato del Estado contra sus opositores, para generar terror, desprestigio y estigmatización; prácticas que se enmarcaban dentro de su concepción de la seguridad democrática. En su caso, por estos hechos hay total impunidad, los cientos de procesos en su contra se encuentran en la Comisión de Acusaciones de la Cámara durmiendo el sueño de los justos.  
Muchos ingenuamente creyeron que Iván Duque con su talante de centro y su hoja de vida sin antecedentes judiciales inauguraría una nueva forma de gobernar desde el uribismo, más respetuoso de la legalidad. Pero esta esperanza se fue disolviendo de manera silenciosa desde el nombramiento de su gabinete. El nuevo presidente Duque, les concedió a varios de los funcionarios del Gobierno de Uribe que estuvieron involucrados en las chuzadas y que salieron impunes, el retorno a posiciones importantes en el gobierno nacional.
Entre ellos la más destacada funcionaria, sin duda es la doctora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda: Ministra del Interior del Gobierno Duque durante más de un año y medio, y actual Consejera presidencial para los derechos humanos, quien fuera Presidenta del Congreso de la Republica entre 2007 y 2008. Ella, según algunos directivos del DAS, recibió información producto de los seguimientos ilegales en contra de la senadora Piedad Córdoba con el propósito de realizar un debate en el Congreso para desprestigiar a la oposición política[2]. Sobre su caso, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para investigarla por el delito de tráfico de influencias en el escándalo de las Chuzadas, no obstante la Corte la absolvió en junio de 2012.
Otro caso para destacar es el de Jorge Mario Eastman Robledo, quien fue Secretario General de la Presidencia de la República desde la posesión de Iván Duque y hasta junio de 2019, cuando fue nombrado como Embajador de Colombia en el Vaticano. En el gobierno de Álvaro Uribe fue asesor de comunicaciones de la  Presidencia entre el año 2006 y 2009.  La corte Suprema de Justicia compulsó copias para investigarlo por asistir a la reunión contra el paramilitar alias “Job” en la Casa de Nariño para la planeación del montaje contra la Corte Suprema de Justicia y filtrarlas a los medios con mala intención, pero hasta la fecha no hay avances en las investigaciones por estos hechos[3]
Estos casos ejemplifican el talante del Gobierno de Iván Duque, quien no tuvo ningún inconveniente a la hora de nombrar funcionarios con antecedentes judiciales por vinculación en las Chuzadas, en importantes carteras de su gobierno encargadas de la implementación del acuerdo de paz y las garantías de seguridad para organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y ex guerrilleros de las FARC-EP.  
Por otro lado, es un secreto a voces que el uso ilegal de la Inteligencia del Estado nunca ha desaparecido. El antiguo DAS fue liquidado en el año 2011 y sus funciones fueron trasladadas a diferentes entidades[4], siendo dependencias militares entre ellas la Dirección Nacional de Inteligencia, quienes asumieron principalmente sus funciones en materia de inteligencia y contrainteligencia[5]. En el año 2014 estalló nuevamente un escándalo por espionajes ilegales, esta vez se llamó Andrómeda, un local en Bogotá, desde donde se pagaba para interceptar las comunicaciones de los negociadores de paz y otros políticos relevantes en el país[6]. Otro escándalo fue el del Hacker Andrés Sepúlveda, un experto en informática que inicialmente fue presentado como asesor de publicidad de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, pero posteriormente se conoció que fue un hacker que tuvo acceso a información confidencial que compraba a miembros de organismos de inteligencia del Estado, quien fue contratado para entorpecer el proceso de paz[7].
Estos dos hechos, demuestran la continuidad de un sector de las fuerzas militares muy poderoso comprometido ideológicamente con el uribismo y su oposición al proceso de paz. Es decir que durante el gobierno de Juan Manuel Santos, a pesar de la liquidación el DAS, no se logró evitar que se realizaran interceptaciones y seguimientos ilegales.
Pero el retorno al poder del Uribismo a través de Iván Duque, significó que ese sector guerrerista que dirigió y ejecutó las chuzadas en el pasado, volvía a tener a su disposición el control de todos los aparatos de inteligencia y contrainteligencia del Estado. ¿Qué puede suponer uno? que era muy probable que los usaran contra sus antiguos y nuevos opositores, entre ellos los funcionarios judiciales que adelantan numerosos procesos en su contra.
Por eso las escalofriantes revelaciones hechas por la revista semana sobre el uso ilegal de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia del Ejército dirigidos a espiar a periodistas, líderes políticos y defensores de derechos humanos, encabezado por el mismo comandante el general Nicasio Martínez Espinel (la verdadera razón de su remoción)[8], son la confirmación de una sospecha y un temor que existía en buena parte de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
Como lo evidencia la Revista Semana, los equipos con los que actualmente se adelantan las operaciones ilegales de interceptación de comunicaciones, son mucho más sofisticadas que las realizadas por el antiguo DAS. Equipos como el hombre invisible, poseen una capacidad tecnológica que supera la sofisticación de cualquier aparato conocido anteriormente[9]
Dirigentes políticos como Roy Barrera[10] y Humberto De La Calle[11],  organizaciones defensoras de derechos humanos como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo[12] y la Comisión Colombiana de Juristas[13], abogados defensores de víctimas como Daniel Prado[14] ya han denunciado seguimientos ilegales. Sobre esta nueva política de interceptaciones ilegales hasta ahora se empieza a conocer, queda por establecer sus verdaderas dimensiones y alcances.
Sobre los espionajes ilegales cometidos por el DAS y otras dependencias de inteligencia del Estado en el pasado queda mucho por conocer, son delitos sobre los que hay que esclarecer los máximos responsables, la magnitud de los hechos y su impacto en las víctimas. La lección que queda de esta historia cíclica es que sin justicia y verdad van a volver a ocurrir los mismos hechos una y otra vez. Esta tarea puede aportar más elementos sobre los espionajes ilegales que cometen en la actualidad de lo que nos imaginamos.
La JEP tiene la competencia para acceder a los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Estado. Cada vez existen más  elementos que muestran la necesidad de que la JEP abra un caso sobre las interceptaciones ilegales cometidas por el Estado en el marco del conflicto armado. Esto es más que una necesidad para avanzar en la superación del círculo vicioso de impunidad sobre el uso ilegal de la inteligencia del Estado.
*Columnista invitado de la dirección de Construcción de Paz de Alcentro.

[1] Martínez, Julián F. Chuzadas, ocho años de espionaje y barbarie. Ediciones B Colombia S.A. Bogotá. 2016
[2] Ibídem
[3] Ibídem
[4] Ley 1444 de 2011 “Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones”. Reglamentada mediante Decretos 4057 al 4070 de 2011.
[5]  Decreto 4179 de 2011 “Por el cual se crea un Departamento Administrativo y se establece su objetivo, funciones y estructura”.
[6] Revista Semana, “Chuzadas: así fue la historia”, febrero 8 de 2014, disponible en:  http://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-asi-fue-la-historia/376548-3
[7] El Espectador, “Vienen Capturas de altos mandos del Centro Democrático”, mayo 31 de 2016, disponible en:  http://www.elespectador.com/noticias/judicial/vienen-capturas-de-altos-mandos-del-centro-democratico-articulo-635374
[9] Ibídem.
[10] Semana. Roy Barreras publica las pruebas de amenazas contra él y su familia. Diciembre 11 de 2019. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/roy-barreras-denuncia-amenazas-contra-el-y-su-familia/639907
[11] El Tiempo. Con dron estarían espiando la vivienda de Humberto de la Calle. Enero 25 de 2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/humberto-de-la-calle-denuncia-que-dron-habria-espiado-su-vivienda-455364
[12] El Espectador. Colectivo de abogados José Alvear Restrepo dice que hay “indicios” de que fueron chuzados. Enero 17 de 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/colectivo-de-abogados-jose-alvear-restrepo-dice-que-hay-indicios-de-que-fueron-chuzados-articulo-900293
[13] Gallón, Gustavo. Blancos del hombre invisible. Enero 29 de 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/blancos-del-hombre-invisible-columna-902010
[14] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. En residencia del defensor Daniel Prado se halla dron. 30 de enero de 2020. Disponible en: https://www.justiciaypazcolombia.com/en-residencia-del-defensor-daniel-prado-se-halla-dron/

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