Publicado en "Paz"


“Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz” Estanislao Zuleta

Por:Achiote*

El camino para la construcción de paz en los 200 años de vida republicana en Colombia se encuentra atravesado por el anhelo tropical del consolidar un Estado-Nación, que bien podría ser plurinacional como se viene construyendo en Bolivia, por la gran diversidad étnica, territorial y de pueblos que existe en el país. Los contenidos del Acuerdo de Paz que culminaron en 2016, reflejan los límites de la democracia colombiana y la incapacidad de las élites de hacer cumplir la Constitución Política que rige el país, derivada precisamente de otro acuerdo de Paz en Colombia, el que se dio en su momento con el M19, el Quintín Lame y parte del EPL.

Del ultimo conflicto armado, el que derivó de violencia bipartidista y los límites a la consolidación de la agenda democrática de corte socialista liberal que inspiraba Jorge Eliecer Gaitán y la posterior conformación de las guerrillas de las FARC-EP y el ELN , aún no nos recuperamos. Que hace 4 años por una pequeña diferencia el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz de la Habana se hubiera perdido en medio de una campaña de mentiras, temor y desprestigio de lo acordado, liderada por el hoy partido de gobierno y del jefe de estado, reflejó los miedos de millones de colombianas/as a pensar, sentir y soñar que la paz sí es posible. La gran lección la dieron las víctimas y los territorios más afectados por la guerra que masívamente votaron por el Sí, empujando la esperanza.

Ahora bien, el impulso que se dio a seguir con lo acordado, luego de las movilizaciones masivas a nivel nacional e internacional, incluyendo la de las nuevas ciudadanías, los movimiento sociales, la comunidad internacional y especialmente la de jóvenes soñadores con otra Colombia posible, fue fundamental. También lo fue la decisión política de incluir las propuestas de modificaciones de quienes se abanderaron la victoria del NO en el plebiscito, y que derivo en la firma del Acuerdo Final de Paz del 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.

Este hecho político a favor de limitar la narrativa de la guerra, de volver a hablar de paz y de impulsar una mirada integral a los territorios más afectados por la guerra, de parar los fusiles y humanizar los rostros de los alzados en armas, de los hospitales militares libres de amputados y heridos de guerra y de la tranquilidad de sus familias, inspiro en los primeros 2 años de la firma muchos cambios. Las elecciones de 2018 al Congreso demostraron apertura política con la elección de una importante bancada multipartidista a favor de la agenda de paz, así como las presidenciales disputaron una alternativa a las élites, que finalmente juntaron sus maquinarias con la elección de Duque. Luego las elecciones regionales de 2019 consolidaron esa mirada hacia una agenda de paz con justicia social y en las más importantes ciudades capitales y en varios departamentos y alcaldías, ganaron candidaturas alternativas.

Si bien, la agenda para la implementación que firmó Santos estaba ya débil y no se construyeron bases sólidas, en especial en materia de financiación y de nueva arquitectura institucional para la paz, claramente con la llegada de Duque y el Uribismo la implementación de lo acordado quedó aún más desfinanciada y sin prioridad. La incapacidad de Duque de resolver la violencia en los territorios más afectados por la guerra, su agenda ultra conservadora y el tratamiento a la diferencia política y la protesta social, tiene el anhelo de paz en su peor momento.

Inspira sin embargo, la gran movilización social y popular a favor de la implementación de lo acordado en 2016, de más y mejor educación como las del 21N del año pasado, de la MINGA y el encuentro con nuestra identidad indígena, campesina, negra, manifestaciones que han dejado un mensaje de cambio sembrado. Es importante la solidaridad y rechazo de la muerte de los líderes sociales por parte de los medios masivos de comunicación, que va haciendo posible salir de la fiesta de la narrativa de la guerra, y alegran los ojos bien abiertos y exigencia al cumplimiento de lo acordado del Sistema de Naciones Unidas incluyendo su Consejo de Seguridad y de todas las embajadas en el país. Inspira el trabajo de la Comisión de la Verdad, de la Justicia Especial para la Paz y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, que a pesar de los ataques, esta haciendo un trabajo con y para las víctimas. Pequeños grandes pasos para la reconciliación del país, y poder pensar la construcción de paz como horizonte de país, más allá de los acuerdos o de quienes los firmaron.

Para las elecciones presidenciales y de congreso de 2022, la paz seguirá en la agenda, será protagonista hablar del cumplimiento de lo acordado en 2016 y de sentar en la mesa al ELN y otros actores armados y para fortuna de la espiral del tiempo, completaremos entonces una década hablando de fin del conflicto armado, aquella que empezó con el inicio de las conversaciones en la Habana con las FARC-EP. El camino es aún largo como lo ha sido el anhelo de paz en el país, pero convencidos hay que decir que estamos mejor que hace una década y mucho más conscientes que hace 2 décadas dónde ante el fracaso de la paz de Pastrana y Marulanda, el país eligió con pasión el fin de la guerra, con más guerra.

*Director de Construcción de Paz AlCentro. Originalmente publicado en https://www.alcentro.co/a-4-anos-del-acuerdo-de-la-habana-la-agenda-politica-que-esperanza-a-colombia-es-la-paz/ 

Por: Dirección de Construcción de Paz 

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Invitamos a leer documento en el que Cubio y Achiote del Colectivo Agrario Abya Yala hicieron parte.

¨La mejor arma es sentarse y hablar¨, decía Nelson Mandela (1918-2013) el gran líder del proceso de apertura a la superación del racismo estructural y al colonialismo que derivó en décadas de conflicto armado y violencia política en Sudáfrica. Esto mismo hemos decidido hacer los y las integrantes de la Dirección de Construcción de Paz de Al Centro con este pronunciamiento: hablar de paz y acordar una posición sobre este tema. Una tarea titánica. Todo punto de vista sobre la paz está altamente vinculado con los orígenes, vivencias, experiencias, creencias y estudios de cada persona. Es justamente esta pluralidad de pensamientos y perspectivas lo que nos llevó a intercambiar ideas sobre lo que creemos, defendemos y buscamos como dirección desde Al Centro. Para llegar a ello, emprendimos un diálogo teórico y de contexto sobre la paz, con el fin de luego aterrizar la noción al ámbito colombiano y finalizar con varias propuestas y apuestas en favor de la construcción de paz en Colombia. Este es un pronunciamiento que busca contribuir al debate público en el país y clarifica nuestras apuestas y estrategias como Dirección de Construcción de Paz de Al Centro a las que invitamos asumarse. (...)
 
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Por: Susana Cifuentes, Carlos Andrés Orlas Sánchez, Diana Zerda, Daniel Albarracin, Diego Balvino Chavez, Juanita Peñuela Cadavid, Nicolas Andrés Uribe R, Juliana Andrea González R, Valentina Zuluaga Zuliani y Jorge Andrés Forero González - Director Dirección de Construcción de Paz AlCentro



Durante la campaña presidencial del año 2018, especialmente para segunda vuelta, el temor ante el regreso del uribismo al poder movilizó como nunca a  millones de personas. Una de las principales preocupaciones era la posibilidad del retorno de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que durante los años de gobierno de Álvaro Uribe fueron cometidas por parte del mismo Estado, entre ellas estaban las interceptaciones ilegales, más conocidas como chuzadas. Este temor tenía muchos argumentos, bien fundamentados en hechos del pasado.   
Por Cubio Colectivo Agrario Abya Yala
Las chuzadas o interceptaciones ilegales contra líderes de oposición, dirigentes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos fueron una modalidad de violación de derechos humanos que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ejecutó de manera planificada y centralizada durante sus dos periodos, usando los recursos de inteligencia y contrainteligencia del Estado en cabeza del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).  Esta práctica criminal desató uno de los mayores escándalos de su gobierno y llevó a procesar un poco más de cuarenta altos funcionarios, de los cuales una veintena resulto con condenas penales y otro tanto con sanciones disciplinarias, entre ellos todos los directores del DAS de 2002 a 2010[1].
Sin embargo de ese selecto grupo de altos funcionarios, quedaron en la impunidad un poco más de la mitad, entre ellos el propio ex presidente Álvaro Uribe Vélez, principal beneficiario del espionaje e intimidación ilegal que realizaba el aparato del Estado contra sus opositores, para generar terror, desprestigio y estigmatización; prácticas que se enmarcaban dentro de su concepción de la seguridad democrática. En su caso, por estos hechos hay total impunidad, los cientos de procesos en su contra se encuentran en la Comisión de Acusaciones de la Cámara durmiendo el sueño de los justos.  
Muchos ingenuamente creyeron que Iván Duque con su talante de centro y su hoja de vida sin antecedentes judiciales inauguraría una nueva forma de gobernar desde el uribismo, más respetuoso de la legalidad. Pero esta esperanza se fue disolviendo de manera silenciosa desde el nombramiento de su gabinete. El nuevo presidente Duque, les concedió a varios de los funcionarios del Gobierno de Uribe que estuvieron involucrados en las chuzadas y que salieron impunes, el retorno a posiciones importantes en el gobierno nacional.
Entre ellos la más destacada funcionaria, sin duda es la doctora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda: Ministra del Interior del Gobierno Duque durante más de un año y medio, y actual Consejera presidencial para los derechos humanos, quien fuera Presidenta del Congreso de la Republica entre 2007 y 2008. Ella, según algunos directivos del DAS, recibió información producto de los seguimientos ilegales en contra de la senadora Piedad Córdoba con el propósito de realizar un debate en el Congreso para desprestigiar a la oposición política[2]. Sobre su caso, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para investigarla por el delito de tráfico de influencias en el escándalo de las Chuzadas, no obstante la Corte la absolvió en junio de 2012.
Otro caso para destacar es el de Jorge Mario Eastman Robledo, quien fue Secretario General de la Presidencia de la República desde la posesión de Iván Duque y hasta junio de 2019, cuando fue nombrado como Embajador de Colombia en el Vaticano. En el gobierno de Álvaro Uribe fue asesor de comunicaciones de la  Presidencia entre el año 2006 y 2009.  La corte Suprema de Justicia compulsó copias para investigarlo por asistir a la reunión contra el paramilitar alias “Job” en la Casa de Nariño para la planeación del montaje contra la Corte Suprema de Justicia y filtrarlas a los medios con mala intención, pero hasta la fecha no hay avances en las investigaciones por estos hechos[3]
Estos casos ejemplifican el talante del Gobierno de Iván Duque, quien no tuvo ningún inconveniente a la hora de nombrar funcionarios con antecedentes judiciales por vinculación en las Chuzadas, en importantes carteras de su gobierno encargadas de la implementación del acuerdo de paz y las garantías de seguridad para organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y ex guerrilleros de las FARC-EP.  
Por otro lado, es un secreto a voces que el uso ilegal de la Inteligencia del Estado nunca ha desaparecido. El antiguo DAS fue liquidado en el año 2011 y sus funciones fueron trasladadas a diferentes entidades[4], siendo dependencias militares entre ellas la Dirección Nacional de Inteligencia, quienes asumieron principalmente sus funciones en materia de inteligencia y contrainteligencia[5]. En el año 2014 estalló nuevamente un escándalo por espionajes ilegales, esta vez se llamó Andrómeda, un local en Bogotá, desde donde se pagaba para interceptar las comunicaciones de los negociadores de paz y otros políticos relevantes en el país[6]. Otro escándalo fue el del Hacker Andrés Sepúlveda, un experto en informática que inicialmente fue presentado como asesor de publicidad de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, pero posteriormente se conoció que fue un hacker que tuvo acceso a información confidencial que compraba a miembros de organismos de inteligencia del Estado, quien fue contratado para entorpecer el proceso de paz[7].
Estos dos hechos, demuestran la continuidad de un sector de las fuerzas militares muy poderoso comprometido ideológicamente con el uribismo y su oposición al proceso de paz. Es decir que durante el gobierno de Juan Manuel Santos, a pesar de la liquidación el DAS, no se logró evitar que se realizaran interceptaciones y seguimientos ilegales.
Pero el retorno al poder del Uribismo a través de Iván Duque, significó que ese sector guerrerista que dirigió y ejecutó las chuzadas en el pasado, volvía a tener a su disposición el control de todos los aparatos de inteligencia y contrainteligencia del Estado. ¿Qué puede suponer uno? que era muy probable que los usaran contra sus antiguos y nuevos opositores, entre ellos los funcionarios judiciales que adelantan numerosos procesos en su contra.
Por eso las escalofriantes revelaciones hechas por la revista semana sobre el uso ilegal de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia del Ejército dirigidos a espiar a periodistas, líderes políticos y defensores de derechos humanos, encabezado por el mismo comandante el general Nicasio Martínez Espinel (la verdadera razón de su remoción)[8], son la confirmación de una sospecha y un temor que existía en buena parte de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
Como lo evidencia la Revista Semana, los equipos con los que actualmente se adelantan las operaciones ilegales de interceptación de comunicaciones, son mucho más sofisticadas que las realizadas por el antiguo DAS. Equipos como el hombre invisible, poseen una capacidad tecnológica que supera la sofisticación de cualquier aparato conocido anteriormente[9]
Dirigentes políticos como Roy Barrera[10] y Humberto De La Calle[11],  organizaciones defensoras de derechos humanos como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo[12] y la Comisión Colombiana de Juristas[13], abogados defensores de víctimas como Daniel Prado[14] ya han denunciado seguimientos ilegales. Sobre esta nueva política de interceptaciones ilegales hasta ahora se empieza a conocer, queda por establecer sus verdaderas dimensiones y alcances.
Sobre los espionajes ilegales cometidos por el DAS y otras dependencias de inteligencia del Estado en el pasado queda mucho por conocer, son delitos sobre los que hay que esclarecer los máximos responsables, la magnitud de los hechos y su impacto en las víctimas. La lección que queda de esta historia cíclica es que sin justicia y verdad van a volver a ocurrir los mismos hechos una y otra vez. Esta tarea puede aportar más elementos sobre los espionajes ilegales que cometen en la actualidad de lo que nos imaginamos.
La JEP tiene la competencia para acceder a los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Estado. Cada vez existen más  elementos que muestran la necesidad de que la JEP abra un caso sobre las interceptaciones ilegales cometidas por el Estado en el marco del conflicto armado. Esto es más que una necesidad para avanzar en la superación del círculo vicioso de impunidad sobre el uso ilegal de la inteligencia del Estado.
*Columnista invitado de la dirección de Construcción de Paz de Alcentro.

[1] Martínez, Julián F. Chuzadas, ocho años de espionaje y barbarie. Ediciones B Colombia S.A. Bogotá. 2016
[2] Ibídem
[3] Ibídem
[4] Ley 1444 de 2011 “Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones”. Reglamentada mediante Decretos 4057 al 4070 de 2011.
[5]  Decreto 4179 de 2011 “Por el cual se crea un Departamento Administrativo y se establece su objetivo, funciones y estructura”.
[6] Revista Semana, “Chuzadas: así fue la historia”, febrero 8 de 2014, disponible en:  http://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-asi-fue-la-historia/376548-3
[7] El Espectador, “Vienen Capturas de altos mandos del Centro Democrático”, mayo 31 de 2016, disponible en:  http://www.elespectador.com/noticias/judicial/vienen-capturas-de-altos-mandos-del-centro-democratico-articulo-635374
[9] Ibídem.
[10] Semana. Roy Barreras publica las pruebas de amenazas contra él y su familia. Diciembre 11 de 2019. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/roy-barreras-denuncia-amenazas-contra-el-y-su-familia/639907
[11] El Tiempo. Con dron estarían espiando la vivienda de Humberto de la Calle. Enero 25 de 2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/humberto-de-la-calle-denuncia-que-dron-habria-espiado-su-vivienda-455364
[12] El Espectador. Colectivo de abogados José Alvear Restrepo dice que hay “indicios” de que fueron chuzados. Enero 17 de 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/colectivo-de-abogados-jose-alvear-restrepo-dice-que-hay-indicios-de-que-fueron-chuzados-articulo-900293
[13] Gallón, Gustavo. Blancos del hombre invisible. Enero 29 de 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/blancos-del-hombre-invisible-columna-902010
[14] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. En residencia del defensor Daniel Prado se halla dron. 30 de enero de 2020. Disponible en: https://www.justiciaypazcolombia.com/en-residencia-del-defensor-daniel-prado-se-halla-dron/

Título:
Experiencias internacionales en la regulación del cannabis
Número / Consecutivo:
Fecha:
15-Noviembre-2019
Año:
2019
Mes:
Noviembre
Área:
Dirección General de Análisis Legislativo
Instituto de Investigación:
Instituto Belisario Domínguez
Legislatura:
LXIV
Resumen:
En este documento se presentan las principales ideas vertidas por especialistas que compartieron las principales lecciones que se desprenden de modelos regulatorios de cannabis que se han implementado en Uruguay, Colombia, Canadá, Países Bajos y algunas entidades federativas de Estados Unidos de Norteamérica. El panel señaló algunos aspectos que pueden convertirse en directrices para la discusión legislativa en la materia que se está llevando a cabo en nuestro país.

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Por: Achiote*

Finalmente el 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo Final de Paz entre el Estado Colombiano y las FARC-EP. En un evento sobrio en el teatro Colón de Bogotá y sin la apoteósica fiesta que se vivió en Cartagena una semana antes de la pérdida del plebiscito, se escuchó al unísono un grito de “sí se pudo” por parte de víctimas de la guerra, la comunidad internacional y las partes en la mesa.

La pérdida del plebiscito va a ser el hecho político que ha polarizado su implementación especialmente por las voces del Centro Democrático, que ha abanderado su victoria en las elecciones presidenciales del 2018 y su importante bancada en el congreso en la legitimidad de 50.5% que votó NO al acuerdo de paz de la Habana.

Como lo reconoció hace unos días Juan Carlos Vélez, el director de campaña del comité del NO, se buscó que “la gente saliera verraca a votar”, las fakenews y el fracaso de las encuestas fueron protagonistas, así como el miedo, la falta de pedagogía de lo acordado y un bajo nivel de popularidad de Santos, por su política económica y social, finalmente derrotaron la apuesta por el plebiscito por la paz.

En tres años de la firma del acuerdo, son muchos los balances posibles. Desde lo simbólico y el cambio en la perspectiva electoral, las elecciones presidenciales del 2018 volvieron a tener como protagonista el acuerdo de paz.

En esta elección con el senador Gustavo Petro se dio una votación histórica para un candidato de coalición alternativa y de izquierda que fue superada por la fuerza electoral de Iván Duque quien aglutinó a los partidos y la clase política tradicional y del movimiento cristiano con el aval dominante del Centro Democrático y el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe.

Aún más significativo que esta elección fueron los casi 12 millones de votos de la consulta anticorrupción (a semanas de la posesión de Duque), que si bien no alcanzó el umbral demostró un cambio de agenda política que permitió el acuerdo tras superar la narrativa de la guerra.

Que hoy Claudia Lopez, vocera de la consulta, sea alcaldesa de Bogotá, así como el triunfo de sectores no tradicionales en las principales alcaldías y varias gobernaciones del país demuestran los cambios de prioridades de las agendas políticas de las mayorías electorales del país, e incluso de los medios generadores de opinión.

Así como el partido de gobierno perdió en estas elecciones el poder regional, perdieron los partidos tradicionales y líderes importantes de los mismos

quienes se presentaron como independientes, otro elemento importante de cambio.

De los 6 puntos de acuerdo, los más lentos en su implementación han sido la Reforma Rural Integral y de la Solución al Problema de Drogas Ilícitas. No puede desconocerse la importancia de apuestas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que puso a soñar y participar más de doscientas mil víctimas de la guerra en 170 municipios priorizados para la implementación del acuerdo.

Por su parte, hay que reconocer la importancia que más de cien mil familias se hayan comprometido con el PNIS Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito, y haya erradicado de manera voluntaria cerca de 40 mil hectáreas de coca, bajo la premisa de una apuesta integral de política social, económica y de acceso a oportunidades de las familias cocaleras.

Que con Santos y Duque en tres años, no se haya respondido a esas expectativas y que la asistencia técnica no haya llegado a los territorios ha generado una crisis de legitimidad y de confianza en el programa por todas las partes. Este punto es fundamental y ¡hay que seguir insistiendo!

El punto de Participación Política, generó posibilidades como las del estatuto de la oposición que ha dado nuevos elementos para la democracia colombiana y la fortalecen. Que desde las elecciones de 2018, las segundas votaciones en las contiendas hayan accedido a sillas en el congreso de la república y en los consejos y asambleas municipales, generan equilibrios en agenda política. Así mismo se han recibido con interés las réplicas de los partidos de oposición a las alocuciones presidenciales que ha permitido proceso de unidad de bancadas que es un elemento clave para la construcción de la democracia representativa.

Del punto de Fin del Conflicto, surge el partido Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común. Con 10 sillas de la ex guerrilla en el Congreso de la República se han dado claros escenarios del cambio de las armas a la política. Esto no es nuevo en la historia del país y ex m de insurgencias como la del M19 han sido protagonistas en la historia reciente de la democracia colombiana.

Sin embargo, que ex integrantes de las FARC-EP estén en el congreso y tengan un partido político ha generado posibilidades para que más de diez mil combatientes y más de diez mil armas que fueron parte de la guerra, salieran del conflicto.

Así mismo que recientemente el presidente Iván Duque haya declarado a 391 municipios libres de minas antipersonales derivadas de este punto del acuerdo, es un logro evidente para la seguridad y visión de futuro de miles de colombianos del mundo rural que ha sido afectado por esta tragedia.

Ha avanzado el país con el punto referente al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición. Trabajo como el de la Comisión de la Verdad han generado escenarios para el encuentro entre víctimas y

victimarios, e ir a las historias de las violencias y los dolores de la guerra con perspectiva reparadora.

Pese a las críticas a la Justicia Especial para la Paz (JEP), entidad en la cual cada vez más actores, no solo los militares, sino del sector privado y de procesos no cerrados como el de la historia del paramilitarismo en el país, se sumen a su amparo es un hecho político novedoso en la historia de los procesos de paz en el país que avanzan hacia una justicia restaurativa basada en la verdad.

Que esté en marcha una Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas es una esperanza para las víctimas del conflicto armado que siguen esperando respuesta sobre sus seres queridos. La tarea de la reconciliación con acciones concretas para la construcción de paz sigue siendo el desafío generacional de una Colombia herida por la guerra, pero resiliente, alegre y convencida de la apuesta de paz.

Finalmente, en el punto referente a la Implementación y Verificación de lo acordado, hay que resaltar el apoyo al unísono de la comunidad internacional con la agenda política de la implementación de lo acordado. El sistema integral de Naciones Unidas, incluyendo a la Misión del Consejo de Seguridad y de la MAPOEA están en los territorios acompañando los procesos de implementación en especial en lo referente a la reincorporación.

Las misiones diplomáticas y embajadas en el país se suman permanentemente a las iniciativas de paz e instan al Estado Colombiano a la implementación de lo acordado. Que haya instancias que le hacen seguimiento al enfoque de género y étnico de lo acordado ha permitido que políticas importantes para la construcción de paz como el Plan Marco de Implementación incluyan perspectivas étnico territoriales, de género y de mujer, familia y generación. Estas posibilidades de generar agenda política desde la participación de las organizaciones sociales y víctimas de la guerra para la construcción de paz son fundamentales para proyectar el futuro de Colombia.

A tres años de lo acordado, las movilizaciones, el paro y los cacerolazos que iniciaron este 21 de noviembre la agenda de paz sigue siendo protagonista. El rechazo a la muerte de los más de 600 líderes y lideresas sociales, de pueblos indígenas, afros y de campesinos comprometidos con la implementación resuena en las calles.

Las demandas por más y mejor empleo y condiciones de seguridad social en el país han sido escuchadas con más fuerza porque este país sigue derrotando la narrativa de la guerra. Estos cambios son impulsados especialmente por una generación joven crítica y propositiva que sueña a Colombia más allá de los señores de la guerra y condena sus acciones como hechos del pasado.

A tres años de firmado el Acuerdo de Paz, somos y sentimos un país diferente. Rodear la implementación de lo acordado es un punto de partida y un paso de gigante para el porvenir del país. Ahí como generación de paz seguiremos comprometidos, alegres, tercos y soñadores.

*Originalmente publicado en @TanqueAlCentro

This essay connects cocaine, the financial system and global economies through the experience of the war on drugs and peace process in Colombia.

By Achiote and Paisa Cosmica ( Colectivo Agrario Abya Yala, Colombia) y Miranda Mosis (USA) 

(...) If you got that lose, you want to kick the blues, cocaine
When your day is done, and you want to ride on cocaine (...)
Don’t forget this fact, you can’t get it back, cocaine
She don’t lie, she don’t lie, she don’t lie, Cocaine (...)
 – Eric Clapton, Cocaine (1977)
Let us start with a significant truth. The business of drug trafficking is a natural consequence of the so-called ‘wealthy economies’ around the world. These economies use banking and financial systems to falsely inflate the amount of money in the economy without using real capital in a process called speculation. Let’s tie this to the drug trade: the cocaine market works in an analogous way, producing the perfect multiplier effect used by the banks of financialised economies. It is a business that makes it possible to create money in a way that has never been seen in legal economies. The price paid in Colombia to the farmers per kilogram of coca leaves can be multiplied by 250,000 times and more when the cocaine is sold in the streets of Frankfurt, London, Paris, New York, São Paulo or Tokyo. It goes without saying that hardly any of this profit does returns to the country in which the illegal stimulant was produced.
The money is embedded in Wall Street, the global system that controls economies and local resources around the world. This is not a debate about ethics or morality. On Wall Street, in the USA, Europe, and every major capital city worldwide, money from cocaine is used to create and improve business, to access the corridors of power, and for the recreation, and ultimate detriment, of millions of people. It is a reality that most global citizens are not aware of. This nefarious money leads to instability in other countries, causes speculation regarding the value of natural resources, and, of course, increases banking income. Moreover, in lost war in Colombia the people have endured the impacts of the cocaine trade for 40 years, resulting in the death of hundreds of thousands of innocent people and the destruction of nature, social and cultural links.
Download pdf file for the full essay
This is an essay that accompanies the State of Power 2019 report as recommended reading. TNI has copyedited the essay and is pleased to share it but does not necessarily endorse or agree with all the views within it.
Download: 

Por Cubio Colectivo Agrario Abya Yala en la Revista Colombiana de Sociologia*

Descarga el Documento completo aquí.

Resumen

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre del 2016, reconoce como causa estructural del conflicto en Colombia la inequitativa distribución, tenencia y uso de la tierra. Por esto el punto titulado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma rural integral pretende sentar las bases para la transformación de la realidad rural colombiana al contemplar políticas de promoción del acceso a la tierra, incentivos a la producción campesina y comunitaria, y el acceso al goce efectivo de los derechos sociales, económicos y culturales de las comunidades rurales. No obstante, existe un largo camino para que el texto del Acuerdo de Reforma Rural Integral se convierta en los cambios sociales, económicos e institucionales que permitan la integración de las zonas rurales y la creación de condiciones para el bienestar social de la población rural. Llevarlo a cabo, implica ajustes normativos e institucionales en el Estado, pero también, cambios en las prácticas de todos los actores encargados de hacerlos realidad. 

El presente artículo emplea como técnicas la revisión documental de investigaciones realizadas en torno a los conceptos de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial y Nueva Ruralidadasí como el análisis de los principales aspectos del punto uno del Acuerdo, los proyectos de ley y decretos que se derivan de este, el estado de las instituciones del sector agrario y de desarrollo rural encargadas de su implementación y la correlación de fuerzas entre las partes, para luego presentar un balance después de un año de su implementaciónCon estos elementos, se puede advertir que la reforma  rural integral se ha venido implementando en esta primera etapa con mucha dificultad, en medio de resistencias institucionales y obstáculos normativos, sin embargo, es un proceso que apenas comienza. 

Palabras Clave: Acuerdo Final de Paz, Implementación Normativa, Instituciones del Sector Agropecuario, Reforma Rural Integral

Descriptores: conflicto armado, política pública, proceso de paz, reforma agraria, Reforma Rural Integral


*Volumen 41, Número 1Supl, p. 81-103, 2018. ISSN electrónico 2256-5485. ISSN impreso 0120-159X.  Descarga el Documento completo aquí.

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