El movimiento Indígena del departamento del Huila agrupado en el CRIHU, consejo regional indigena del Huila, junto al Movimiento por la defensa y liberación de la madre Tierra celebró LA MINGA de resistencia el pasado mes de agosto, acción encaminada por la pervivencia y dignidad de nuestras comunidades, planteando la imperiosa necesidad de revisar la política minero energética; realizar una propuesta de salida al conflicto armado, y la exigencia de resolver la problemática de la propiedad de la tierra y del territorio para las comunidades indígenas y campesinas.
Como resultado de este proceso y de esta minga de resistencia se lograron unos acuerdos con el gobierno nacional y departamental para que fuesen atendidas las justas reclamaciones que se realizaron por parte de las comunidades; entre ellos el reconocer el proceso de la Minga como un espacio de construcción social, política y cultural de los pueblos.
No obstante, informamos que la Fiscalía General de la Nación, ha iniciado una investigación penal en contra del presidente del CRIHU , Leonardo Homen Quinayas, por la presunta comisión de la conducta punible de violencia contra servidor público. Nuevamente el estado criminaliza la prostesta social, abriendo procesos judiciales sin causa justa a cualquier miembro o lider de un movimiento social, que busca frenar las locomotoras mineroenergeticas que tanto daño le estan haciendo a nuestros territorios y comunidades.
Respecto al derecho a la protesta social se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional, a través de su amplia jurisprudencia, “una intensificación del poder punitivo (ius puniendi) en contra de la protesta, afecta de manera indirecta el ejercicio de otros derechos como la libre expresión de ideas dentro del Estado democrático de derecho, el derecho a la reunión y la libertad de asociación (…) El efecto indirecto de una limitación ilegítima de la libertad de expresión, tiene como consecuencia un efecto amedrentador para provocar temor en la participación de los ciudadanos en la protesta y la movilización social debido al alto índice de criminalización en contra de sus dirigentes, lo cual desincentiva la participación de la ciudadanía en estos escenarios”.
Hacemos un llamado al movimiento popular colombiano indigena campesino afrodescendiente trabajador a solidarizarnos y difundir este nuevo hecho de injusticia, a seguir fortaleciendo la protesta y el la unidad del movimiento popular para detener esta maquinaria de muerte y terror.
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