Ante el incumplimiento de lo pactado, el Movimiento por la Liberación de la Madre Tierra, ratificó la convocatoria a la Movilización Social desde los Municipios del Huila hasta la Universidad Surcolombiana de Neiva, el 20 de septiembre, donde se iniciará una Gran Marcha a partir de las 9 de la mañana hasta el Parque Santander, con participación de afectados por las transnacionales, comprometidos por la Defensa del Territorio, la suspensión inmediata de las Licencias Ambientales a los Proyectos Hidroeléctrico El Quimbo y la Emerald Energy para la explotación petrolera en el Páramo de Miraflores, la suspensión del Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena y, específicamente, la no construcción de nuevas represas en el Huila, el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y el respaldo a la solución política del conflicto armado que garantice, entre otros, el control soberano y autónomo de nuestros territorios.
Para el 20 de septiembre se espera en Neiva a los nuevos Ministros del Interior, Fernando Carrillo, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, de Minas y Energía, Federico Renjifo y de Agricultura, Juan Camilo Restrepo y el Consejero para el Diálogo Social, Lucho Garzón con el propósito de abordar con las comunidades la problemática generada por la política minera energética y agronegocios del Gobierno de Santos como se acordó en el puente El Pescador.
El Movimiento por la Defensa de la Madre Tierra destacó el pronunciamiento de la Contraloría General de la Nación, al ordenar ¨la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal ante un presunto daño patrimonial, estimado en poco más de 350 mil 644 millones de pesos, cerca de 200 millones de dólares comprometiendo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en supuestas irregularidades en el trámite de la licencia, así como en el grave impacto social, ambiental y económico que surgió dentro de la expedición de la misma¨ Además, el ente de control halló graves fallas en el censo realizado por Emgesa para identificar la población afectada por el proyecto y la exclusión de muchas personas impactadas que cumplen con las condiciones para ser indemnizadas y censadas, concluyendo que ¨el censo continua abierto y que existen herramientas para corregirlo¨.
Asoquimbo solicita a la Contraloría se disponga que el nuevo censo de afectados por El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo sea realizado por organismos del Estado o instituciones Universitarias Públicas, con el acompañamiento de Asoquimbo, se ordene a la autoridad competente se especifiquen los costos por los daños económicos y sociales causados por las obras de El Quimbo y los instrumentos legales para la indemnización de los afectados y de la Nación por el detrimento patrimonial y se informe sobre el seguimiento, control y estudios geológicos y de sismicidad del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo producto de la última visita realizada por el ente de control.
De igual manera se espera conocer quiénes son los responsables por el delito de “Daños en recursos naturales” según averiguación de la Fiscalía y se exige la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo para que interponga el recurso de la Acción de Tutela y/o valoración de la ruta jurídica a seguir para la Protección de los Derechos Fundamentales de los Afectados por los daños económicos, sociales, ambientales y culturales causados por el Proyecto Hidroeléctrico garantizando la restitución inmediata de su actividad productiva, el derecho al trabajo, al medio ambiente sano y todas las condiciones necesarias para la dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad. En cuanto a los derechos de la población afectada y, en particular, en lo referente a los daños causados por el mencionado proyecto y no reconocidos durante el trámite correspondiente a la aprobación, desarrollo de la licencia ambiental y de las obras de El Quimbo se solicita, adicionalmente, establecer las medidas que garanticen la indemnización de todos los afectados y de la nación por el detrimento patrimonial al que hace referencia la Contraloría.
Asoquimbo considera legal y legítima la acción de recuperación y producción de las tierras que adquirió Emgesa por parte de los jornaleros, partijeros, mayordomos, pescadores, mineros, entre otros, de donde fueron desalojados vulnerando todos sus derechos y sin la compensación que establece la Licencia de entregarles 2700 hectáreas adecuadas con distritos de riego y drenaje, en producción y garantías de comercialización en el contexto de una Reforma Agraria Integral. Destaca la decisión de los campesinos de la Honda Gigante Huila de haber recuperado las tierras para dar paso a la Reserva Campesina Agroalimentaria como alternativa al proyecto hidroeléctrico El Quimbo que se encuentra en cuidados intensivos de una enfermedad irreversible que se denomina ecocidio.
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