La actividad científica e investigativa en el país tendrá más trabas y costos para los científicos que quieran tener los permisos y contratos con el fin de acceder a recursos de material genético.
El ex director de Ecosistemas del Ministerio de
Medio Ambiente y profesor asociado de la Vicerrectoría de
Investigación de la UN, Gonzalo Andrade, dijo que la comunidad
científica recibió con sorpresa la Resolución 260 del 28 de
diciembre de 2011, en la cual se establecen cuatro nuevos tipos de
cobro en los que los científicos o sus organizaciones deben incurrir
por el solo hecho de querer tener acceso al rico material genético
existente en el país, así como otra serie de trabas burocráticas
que hacen imposible hacer ciencia e investigación.
“Consideramos, desde la Vicerrectoría de
Investigación de la UN, que esto es una burla al proceso que se
adelanta con el mismo Ministerio de Ambiente”, declaró.
Recalcó, como lo publicó UN Periódico en
su número de diciembre del 2011 (edición 151), que mientras a la
actividad científica se le complican los trámites y se colocan más
trabas, a la minería ni se le molesta con consultas previas y en 90
días se les da el permiso, con pocos o nulos controles ambientales.
Igual está ocurriendo con la tala de bosques en el Chocó, para
multinacionales norteamericanas del sector maderero.
Lejos de ser una “inocentada”, el profesor Andrade
señaló que la Resolución “echa por tierra” la reunión
sostenida el pasado 20 de enero en la sede del Ministerio de
Ambiente, con asesores del titular de ese despacho, Frank Pearl, el
Departamento Nacional de Planeación, voceros del Instituto Von
Humboldt y la Vicerrectoría de la UN, con el fin de encontrar
soluciones a este problema de vieja data.
Resulta que para cumplir con la ley colombiana, un
científico que quiera, por ejemplo, recolectar mariposas para
conocer únicamente cómo se llaman, debe armarse de paciencia los
tres años y medio, en promedio, que dura el proceso para obtener el
permiso del Ministerio y lograr el mencionado contrato de acceso a
recurso de material genético. Además, es necesario disponer de 15
millones de pesos que cuesta cada consulta previa ordenada, la cual
debe adelantarse con cada comunidad indígena o aborigen que tenga
presencia en el lugar donde se piense trabajar científicamente.
Sin este contrato, los científicos están expuestos a
parar en la cárcel, porque así lo dice la norma. “Si esto es
ilegal no es porque los científicos lo queramos, pero con la norma
vigente y ahora agravada, es imposible la adquisición de un contrato
de acceso a recursos genéticos en Colombia. En 15 años tan solo han
sido aprobados 46. Hoy por hoy, 560 proyectos requieren de ese tipo
de contrato, el tiempo pasa y las trabas aumentan”, remarcó.
Pidió que sean eliminados estos cobros y la figura de
los contratos de acceso, porque recordó que la misma ley colombiana
ya acabó con este tipo de cobros y trabas para otros procesos, como
los estudios de impacto ambiental o los planes de manejo.
“Después de haber planteado una solución que nos
dijeron iba a ser benéfica en una nueva norma que planeaba la
cartera, nos sorprenden con esa resolución. Ahora, no solo no
eliminaron los costos, sino que nos van a cobrar por la evaluación y
seguimiento de los proyectos que presentamos ante las autoridades
ambientales. Cuando presentemos el proyecto, le debemos pagar al
Ministerio; cuando nos van a evaluar, le debemos pagar, y cuando nos
van a hacer seguimiento, también hay que pagar aspectos como
honorarios”, dijo.
Frente al tema, afirmó que la sorpresa es mayor porque
les abren la puerta a contratistas nacionales o extranjeros que serán
los autorizados para darle o no el aval a dichos proyectos, y se les
debe pagar con el tope máximo de una tabla respectiva que maneja el
Ministerio de Transporte para este tipo de actividades y con los
valores del PNUD (para foráneos). “Si antes requeríamos 15
millones de pesos por proyecto, ahora nos tocará tener 20 millones
en promedio. Nos van a hacer seguimiento en gastos de viaje y
viáticos que tenemos que pagarles a los funcionarios de los
ministerios que quieran ir a ver lo que hacemos. No sé cómo el
Estado colombiano dice querer incentivar la investigación y la
ciencia y demuestra otra cosa”.
Agregó que el Gobierno también se contradijo al
suscribir el Protocolo de Nagoya, que busca “suavizar” los
trámites y controles para las investigaciones científicas, así
como hacer una distribución justa y equitativa de los beneficios
económicos que genere una patente de una investigación. “Colombia
fue el primer país en suscribir el protocolo, en cabeza de la
consejera presidencial para la Biodiversidad, Sandra Bessudo. Ahora,
con resoluciones como la 260, el país demuestra no tener coherencia
al respecto”, comentó.
Dijo que la Ley Antitrámites es otra paradoja. En uno
de sus apartes les permite a los científicos que hacen investigación
en Colombia con necesidad de acceso a recursos genéticos, seguir
haciendo el trabajo durante un año después de la entrada en
vigencia la norma, siempre y cuando obtengan el respectivo contrato.
“No se soluciona nada, porque el problema es precisamente la
obtención del contrato. Es la manera más fácil, para el Gobierno,
de lavarse las manos con el problema que a diario enfrentamos los
investigadores y científicos colombianos”, puntualizó.
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