Reunidas y reunidos en el Curbaradó, Jiguamiandó y Santa Rosa de El Limón, 200 mujeres y hombres de comunidades de Colombia, de Ecuador, organizaciones de Alemania, Estados Unidos, Suiza, España, Inglaterra hemos constatado la prolongación de estos efectos y la reingeniería de la represión y control territorial sobre estas comunidades...
DECLARACIÓN FINAL 4TA MOVIDA ECOLÓGICA-ECUMÉNICA
Recorido de 200 caminantes a los 15 años de la operación “septiembre negro” y “génesis”comandadas por Rito Alejo del Río.
Reunidas y reunidos en el Curbaradó, Jiguamiandó y Santa Rosa de El Limón, 200 mujeres y hombres de comunidades de Colombia, de Ecuador, organizaciones de Alemania, Estados Unidos, Suiza, España, Inglaterra hemos constatado la prolongación de estos efectos y la reingeniería de la represión y control territorial sobre estas comunidades.
La relación entre violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, el despojo violento de nuestros territorios con un modelo económico vinculado a los agronegocios, las operaciones extractivas y obras de infraestructura.
Que la violencia estatal originada con las operaciones de la Brigada 17 “Septiembre negro”, y “Génesis”, al mando del general Rito Alejo del Río, entre 1996 y 1997, bajo el pretexto de perseguir a las guerrillas, hoy se continúa prolongando con nuevas estrategias de control social territorial paramilitar y las nuevas definiciones del uso de la tierra y del subsuelo. Es lamentable la coincidencia de esas apuestas institucionales en el Plan Nacional de Desarrollo y la política Agraria del gobierno Santos con los objetivos del proyecto empresarial de los beneficiarios del paramilitarismo y de los propios integrantes de las estructuras paramilitares y narcotraficantes en la región del bajo Atrato.
El paramilitarismo y los intereses empresariales desarrollados con medios ilegales, fraudulentos, violentos no han sido desestructurados, persisten, se renuevan, debido a la ausencia de voluntad política que enfrente el paramilitarismo. No existe una política coherente del orden nacional que proteja los derechos de los afro descendientes, indígenas y mestizos que habitan en estos territorios colectivos, y los derechos a un ambiente sano, el derecho a la protección de bosques, de fuentes de agua, de lugares sagrados en lo que se concibe por el propio Estado colombiano como Zona de Reserva Forestal.
La decisión del gobierno de Santos de acatar las órdenes emanadas por la Corte Constitucional para definir quiénes son los verdaderos habitantes en Curburadó y Jiguamiandó, y proceder a la elección de un representante legal, está seriamente cuestionado por la ausencia de garantías para la libertad de expresión de quiénes se encuentran dentro del territorio por las operaciones y la presión paramilitar y empresarial vinculados con la palma, el banano, la yuca y la coca.
En lo que va del segundo y tercer anillo del censo se sabe que un alto porcentaje de personas que viven por fuera de los territorios, han decidido no regresar, el gobierno debería asumir sus procesos de reubicación voluntaria.
Es evidente que persiste el conflicto armado interno con operaciones de la guerrilla en su movilidad eventual por el territorio del Jiguamiandó y actuaciones armadas en el entorno de la región.
Sorprende que en Colombia se registre un incremento, sin precedentes, en inversión extranjera sin que esta posibilite mayores niveles de equidad, de inclusión, de satisfacción de necesidades básicas insatisfechas y de preservación de la riqueza biológica. El año pasado se invirtieron más de 15 mil millones de dólares, fundamentalmente en explotaciones de petróleo, de cobre y de carbón. En el mes de enero de este año, esta inversión fue de 1600 millones de dólares, sin que existan estudios serios de daños e impactos ambientales, sin que se adopten medidas efectivas de fondo para evitar que estas operaciones no se realicen o que por lo menos, con los principios de la mal llamada ética empresarial, mitiguen sus efectos sobre ecosistemas y la vida de quienes habitan en estas tierras. Es más ninguna de las empresas se han acogido a los principios de Naciones Unidas. Recientemente el gobierno anunció que 30 millones de hectáreas serán para la exploración y eventual explotación minera y de hidrocarburos, 8 millones de hectáreas ya están concedidas a multinacionales y algunas ya están y otras, serán militarizadas, anunció.
La movilización en el occidente del Huila de este año y las de finales de año pasado en Puerto Gaitán reflejan ese negativo panorama, similar a las movilizaciones sociales que se viven en la región.
Tememos la explotación del Cerro Sagrado Jaikatumá por parte de empresas transnacionales, dentro de los incentivos que el gobierno Santos está ofreciendo a la inversión minera en nuestro país en lo que su gobierno ha llamado como la locomotora de la minería y la terca pretensión de obras de infraestructura en Cacarica con el proyecto de Integración Eléctrica, la carretera panamericana, los poliductos que atravesarían sobre Curbaradó y Cacarica, la privartización del Parque Nacional del Nudo de Paramillo y la no titulación de los predios de habitantes rurales de Dabeiba en ese sector.
Hemos constatado el avance de cultivos de hoja de Coca y la existencia de laboratorios de procesamientos de cocaína en áreas pertenecientes a las Cuencas del Curbaradó, Jiguamiandó y el Consejo Comunitario de Santa Rosa de El Limón, con el conocimiento y el consentimiento de la Brigada 17 del ejército y bajo la protección de paramilitares que se hacen llamar “Rastrojos”.
Hemos conocido que el avance de las investigaciones penales es precario, cuando no inexistente. Las operaciones militares en las que se han infringido gravemente normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario generando desplazamientos forzados, saqueos de bienes de supervivencia, con asesinatos, desapariciones y torturas no han sido investigados. Solamente un general, Rito Alejo del Río se encuentra en etapa de juicio, sin que sea segura su condena, como responsable mediato en cadena de mando en el asesinato del afrodescendiente Marino López. Los más de 300 crímenes cometidos en su comandancia y los que han sucedido después con la complicidad de la brigada 17 y la brigada 4ta en las comunidades de Cacarica, Curbaradó, Dabeiba, Jiguamiandó, entre 1996 y 1997. Y la absoluta impunidad en los asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, el despojo violento y el uso ilegal de nuestras tierras con el concurso de agentes estatales y gubernamentales, que han ocurrido desde 1998 hasta hoy. Las versiones y los testimonios de paramilitares en procesos ordinarios y de la mal llamada de “justicia y paz”, y de los extraditados no se han profundizado, ni han conducido a una investigación eficaz.
Quienes hemos sido víctimas de las operaciones ilegales del DAS, del gobierno de Uribe lamentamos la dilación del aparato de investigación posiblilitando el asilo de María del Pilar Hurtado y ahora la huida de Luis Carlos Restrepo. Los hechos vividos en el Bajo Atrato y Uraba antioqueño sucedieron con conocimiento del gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe, en ese mismo período de las operaciones “septiembre negro” y “genesis”. Sobre estos hechos no se le ha indagado cuando existen serios indicios y pruebas de responsabilidad. Quince años de impunidad no han sido suficientes y ahora con la convocatoria a una constituyente para la reelección deUribe, se petende asegurar la impunidad política, jurídica y el uso a la brava sin buenas formas de los territorios.
El presidente Santos, a través de su bancada ha propuesto el restablecimiento del fuero militar, propuesta que objetamos porque ha sido para la impunidad en violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y solicitamos al congreso que se abstenga de continuar su trámite.
También censuramos los ataques de Santos a las víctimas de Las Pavas, Mapiripan, Palacio de Justicia, lo que deja claro que hay una distancia entre lo que dice el presidente y el reconocimiento a los derechos de las víctimas.
Luego de escuchar la situación de diversas regiones del país Las Pavas, Antioquia, Santander, Meta, Putumayo, Valle, Cauca, Chocó
Proponemos:
1.Respeto del Estado Colombiano y de las multinacionales a nuestras apuestas de habitación de las vidas en nuestros territorios, que incluyen la protección como población civil en medio de la confrontación armada y de protección y recuperación de la riqueza biológica y ecosistemas.
2.El gobierno de Santos que dice enfrentar la “Mano Negra” debe sanear los territorios de Curbaradó y Jiguamiandó, desalojando a los ocupantes de mala fe patrocinados por empresarios bananeros, erradicación de cultivos empresariales de palma aceitera, plátano, yuca, coca, así como, los cultivos de hoja de coca y los laboratorios de procesamiento protegidos por paramilitares y permitidos por militares de la Brigada 17.
3. El gobierno de Santos debe informarnos integral, transparente, adecuadamente, sobre los proyectos que pretenden adelantar en nuestros territorios, en cumplimiento de la Constitución Nacional que cobija a todos los habitantes rurales y a las comunidades negras e indígenas en conformidad con el convenio 169 de la OIT, que protege nuestro derecho a ser informados y consultadas previa y libremente.
4.El gobierno Santos dice que ha adoptado un plan de protección con una unidad especializada para brindar medidas efectivas de protección, aunque estamos en nuestro territorios o pretendemos regresar a ellos, no hay respuestas especificas a nuestras demandas de protección, las debidas por los recursos internos o las exigidas por el sistema internacional de protección, nuestros líderes y lideresas, se siguen exponiendo cada vez que participan de reuniones gubernamentales, que asumen la vocerías de representación en las que denunciamos los atropellos a nuestras vidas y a nuestro territorio y hacen valer nuestras propuestas
5. Abogamos por una salida política negociada al conflicto armado interno, en cuyo proceso podamos participar, aportando nuestras experiencias específicas de construcción de paz desde las zonas humanitarias, zonas de refugio, resguardos humanitarios, espacios de refugio temporal, asambleas permanentes, zonas de encuentro, de la que somos parte y nuestras apuestas de democracia deliberativa y constructiva en la vivienda saludable, la educación, la salud, la verdad, la justicia y la reparación integral, y la protección de la riqueza biológica y las identidades étnicas territoriales. En tal sentido, nos sumamos a los temas de convergencia de Colombianas y Colombianos por la Paz, el encuentro de Barranca “El diálogo es la ruta” y de Cali “Congreso de los Pueblos”, a las apuestas de convergencia social como COMOSOCOL y el MOVICE. Nosotras las comunidades estamos construyendo propuestas humanitarias y de paz integrales. La paz no es ni depende del presidente Santos.
6. Exigimos al gobierno de Santos que nuestras casas de memoria y los monumentos en homenaje a nuestras víctimas sean declarados como Monumentos Nacionales, y patrimonio de la humanidad y que la Comisión de la Verdad Histórica sea consultada, consensuda con nuestra propuestas que se han ido construyendo a través de la Comisión Ética de la Verdad del MOVICE.
7.Reconocimiento de los planes de desarrollo alternativo propuestos por nuestras comunidades, ante la exclusión de la que venimos siendo víctimas permanentemente de los planes de desarrollo que favorecen la presencia de empresas nacionales y transnacionales en nuestros territorios, en nuestros sitios sagrados.
8.Promover la participación en las Movidas ecuménicas, ecológicas y sociales que se llevaran a cabo en Dabeiba y Cacarica, en junio y noviembre del presente año.
9. Nos sumamos a las movilizaciones en El Quimbo, Puerto Gaitán, La Jagua de Jibririco, Cajamarca, Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Alto, bajo y medio Putumayo, La Guajirá y el Cesar, Santander frente a las operaciones mineras que niegan la soberanía de los pueblos y la soberanía ambiental y de ecosistemas. Llamamos al apoyo mutuo a la convergencia desde las victimas de Estado, las víctimas de guerra, las víctimas del cambio climático, las víctimas de las operaciones empresariales contra los derechos de las y los habitantes territoriales.
Consejos Comunitarios que integran la Asociación de Zonas Humanitarias y de Biodiversidad del Jiguamiandó y Curbaradó- Consejos comunitarios del Cacarica asociados en las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica –Cavida- Resguardo Ullucos San Francisco Toribio –Cauca.- Asociación de Víctimas de San Antonio Inzá –Sembradores de Paz. - Familias Desplazadas de la Argelia –Cauca. - Asociación de Víctimas de Riosucio –Clamores.- Comunidad de Vida y Trabajo la Balsita –Dabeiba Antioquia. -Resguardo Humanitario Ambiental SO BIA DRUA –Alto Guayabal Coredocito. - Cabildos Locales de Ibudó, Bidoquera –Ancadía-, Nuevo Cañaveral, Jaibia – Coredocito- y Alto Guayabal. - Consejo Comunitario Santa Rosa de El limón –Vigía de Curbaradó. - Comunidad Nueva Unión –Pedeguita y Mancilla. - Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán Nonam del Bajo Calima - Comunidad Ceibito –Bajo Calima. - Comunidad Crucero –Bajo Calima. - Jóvenes Unidos por el Bienestar del Calima - Comunidad de Las Pavas.- Consejo Comunitario del Río Naya. - Asociación Agroecologica Ester Cayapú - Trujillo –Valle. - Asociación Agroecológica Koinonía – Trujillo Valle. - Asociación Agroecológica de Familiares de Víctimas de Trujillo Valle. - Consejo Regional Nasa de Putumayo Kwe.Sx. - Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica. - Comunidad Civil de Vida y Paz del Meta
Con la participación de:
Comisión Ética Internacional de la Verdad- Fundación Pueblo Indio de Ecuador Kolko –Alemania- Acción Permanente Por la Paz – Estados Unidos- Christian Aid –Reino Unido- Universidad Javeriana- Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio- Red de Alternativas a la Impunidad y a la Globalización- Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
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