NOTIAGEN. Los habitantes de esta región del Sur de Bolívar denuncian que durante muchos años han callado todos los abusos de los que han sido objeto por parte de paramilitares y narcotraficantes para seguir vivos. La fiscal general de la Nación, Viviane Morales, visitó a la comunidad campesina de Buenos Aires (municipio El Peñón, Sur de Bolívar) el 8 de diciembre de 2011 cuyo desplazamiento forzado de Las Pavas estaba en entredicho desde que una sentencia de la Fiscal Quinta de la Unidad Nacional de Desplazamiento y Desaparición, seccional Cartagena,Myriam Martínez, afirmó en noviembre que los miembros de la Asociación Campesina de Buenos Aires (ASOCAB) mintieron y nunca fueron desplazados.
La fiscal general se dirige a la comunidad desde el mismo sitio donde 'Rápido' amenazó en octubre de 2003 que no volvieran a Las Pavas.
Madrugaron las campesinas y campesinos de ASOCAB el jueves 8 de diciembre. Sus caras expresaban una mezcla de alegría, confianza y preocupación mientras barrían y limpiaban el rancho de la escuela, llevaban sillas y mesas de sus casas, instalaban el equipo de sonido y colocaban sábanas blancas tras el espacio donde se sentaría Viviane Morales, fiscal general de la Nación.
La más alta autoridad fiscal del país había decidido visitar la comunidad campesina de Las Pavas tras la polémica ampliamente publicitada —y en la que ella misma participó— de que nunca había sucedido ningún desplazamiento.
Precisamente el jueves la fiscal general se dirigió a la comunidad desde el lugar exacto donde el comandante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), alias ‘Rápido’, había reunido la mañana del domingo 26 de octubre de 2003 a los pobladores de Buenos Aires y anunció que matarían a quien volviera el día siguiente a Las Pavas. Desde allí Viviane Morales dijo que si alguien necesitaba protección especial lo comunicara para que la Fiscalía tomara las medidas oportunas aunque los habitantes de Buenos Aires piensan que ese desembarco institucional de esta semana no tiene nada que ver con la desprotección que sienten el resto del tiempo. Las palabras de ‘Rápido’ había que tomarlas en cuenta pues desde que los grupos paramilitares llegaron a Buenos Aires el 15 de diciembre de 1998 esas campesinas y campesinos aseguran que habían sufrido amenazas, intimidaciones, asesinatos, heridas graves, robos de dinero y de animales, daño de cultivos, sobornos, hambre, temor, secuestros, extorsiones o quema de ranchos.
Miembros de ASOCAB madrugaron para organizar el espacio de bienvenida a la fiscal.
También pueden hablar de parapolítica en la región, pero tienen miedo. «Porque callamos, estamos vivos», fue una de las primeras frases que la comunidad expresó a la fiscal general. También dijeron que querían hablar de todos esos hechos pero para ello necesitaban garantías. Inmediatamente el equipo del Cuerpo Técnico de Investigación y de la Fiscalía que acompañaba a Viviane Morales organizó la toma de declaraciones en lo que se convirtió en el inicio de una diligencia judicial de la cual se encargaría Marcela Márquez, fiscal jefe de la Unidad Nacional de Desaparición Forzada y Desplazamiento Forzado de la Fiscalía.
Abucheos a presuntos paramilitares
Al espacio de bienvenida a la fiscal se acercaron trabajadores del Consorcio Labrador, empresa palmera de Las Pavas, y miembros de la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores del Campo Nuevo Liderazgo Campesino de El Peñón —organización creada en julio de 2011 auspiciada por las empresas palmeras y el asesor uribista José Obdulio Gaviria con el Centro de Pensamiento Primero Colombia—.
También acudieron personas a quienes la comunidad identifica como integrantes de las estructuras paramilitares en la región y protagonistas, ejecutores o colaboradores de docenas de hechos delictivos.
Santander Martínez (izq.) y Mario Mármol (der.) identificándose para prestar declaración ante la Fiscalía.
Ese nudo en la garganta guardado por muchos años cuando las estructuras paramilitares se instalaron en Papayal, a escasos 15 minutos en lancha de Buenos Aires, se deshizo ante lo que los miembros de ASOCAB entendían como una provocación y empezaron a decirle en la cara a Mario Mármol y Santander Martínez que eran ‘paracos’ y les recordaban algunos hechos en los que habían estado implicados. Para algunos campesinos de ASOCAB significó un verdadero desahogo.
Mármol y Martínez, trabajadores de las empresas palmeras, negaron esas acusaciones, pero la comunidad no podía quedarse callada y les abucheó delante de los funcionarios de la Fiscalía, de la Policía Nacional y el Ejército mientras se inscribían voluntariamente para prestar declaración en este nuevo proceso. Miembros de la comunidad entendieron los gestos de Santander Martínez como una amenaza por lo cual decidieron denunciar los hechos. El 9 de diciembre acudieron al juzgado municipal de Río Viejo pero los funcionarios del mismo les redirigieron a la estación de Policía por lo que prefirieron no efectuar la denuncia en esa institución.
Las conversaciones privadas de miembros del Ejército con estas personas añadieron intranquilidad a la comunidad.
Abucheos a Mármol y Santander
Declaraciones de Mario Mármol ante los medios de comunicación
La Embajada Británica acusada por la fiscal de Cartagena de orquestar una farsa
El 11 de noviembre de 2011 la fiscal de Cartagena Myriam Martínez Palomino sentenció que las 123 familias de ASOCAB no fueron desplazadas de sus tierras de trabajo tras una orden de desalojo que se ejecutó en julio de 2009 y cuya legalidad tenía que definir. La fiscal no solo archivó las diligencias sino que fue más allá y afirmó que los miembros de ASOCAB habían mentido e ideado toda una farsa junto con organizaciones nacionales e internacionales donde incluso estaría implicada la «ONG’s Embajada Británica (sic)» y donde destacarían el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana. En la página 13 de la sentencia dice: «toda una gama de artificios, engaños, falsedades, ardid, para cimentar hechos falsos, en verdad» y además propone investigar a los miembros de ASOCAB Etni Torres, Eliud Alvear y Misael Payares por el delito de rebelión como integrantes de la guerrilla.
Tras la gran preocupación que conmovió a la comunidad, las organizaciones acompañantes de ASOCAB buscaron la manera de conversar con Morales ya que la más alta autoridad fiscal también repitió y amplificó públicamente esos argumentos. La comunidad de Buenos Aires es muy religiosa y confiere un valor elevado a la verdad por lo que una de las peores acusaciones que podían recibir era que habían mentido premeditadamente.
Miembros de la comunidad esperan para declarar con la nueva fiscal encargada del caso.
Tras ese diálogo, la fiscal general decidió llegar a Buenos Aires en vista de la gravedad del asunto para reabrir una investigación sobre posibles hechos delictivos anteriores a ese desalojo de julio de 2009 y valorar posibles desplazamientos forzados en 2003 y 2006 como denuncia ASOCAB.
Etni Torres (ASOCAB) declaró que la visita de la Fiscalía supone un respaldo importante porque «va a poner voluntad y ayudar a esclarecer lo que pasó; tanto los testimonios de la gente que está a favor o en contra nuestra nos favorecen, la investigación va a ser favorable». Banessa Estrada, abogada de la comunidad y funcionaria del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, afirma que «la fiscal permite que se sepa la verdad y que la comunidad presente pruebas y declaraciones que hasta ahora no había podido hacer». La comunidad valora como un éxito que la fiscal general haya llegado hasta Buenos Aires y lo entienden como un triunfo de su lucha por la verdad y por la tierra.
ASOCAB asegura que tiene múltiples argumentos para afirmar que los testigos de la fiscal de Cartagena, ex miembros de ASOCAB y que incluso figuran como desplazados en Acción Social, han sido sobornados por las empresas palmeras. La mayoría de los testigos son trabajadores de las empresas palmeras y miembros de la organización ligada a Obdulio Gaviria o familiares. Uno de los principales testigos y quien fuera vocero de ASOCAB, Pedro Moreno, desmiente su declaración y aunque renunció a su condición de desplazado hasta el mes pasado recibió el subsidio de Acción Social.
Situación actual en Las Pavas
El proceso de extinción de dominio de la finca Las Pavas sigue su curso en el Incodermientras los miembros de ASOCAB repiten que necesitan estabilidad para implementar su plan de vida. Hoy en día la creciente del agua por las lluvias no les deja sembrar pero tienen en mente mejorar la producción de arroz y caña con una trilladora y un trapiche. Asimismo proyectan reforestar la zona con árboles maderables y poder diseñar un modelo de producción cuya premisa sea el equilibrio ecológico.
En todo caso, las campesinas y campesinos de ASOCAB quieren continuar un proceso de reconciliación con esas personas de la comunidad que están declarando en su contra porque las consideran también campesinas del corregimiento. Según Eliud Alvear (ASOCAB), «hemos empezado a hablar con alguno de ellos para buscar mecanismos para perdonar y reconciliarnos y así sacar este pueblo adelante»
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