Asamblea en Tzalbal. Frauke Decoodt
Por Frauke Decoodt
“Esta tierra es nuestra, no del Estado, es nuestra como pueblos indígenas”, fue lo que dijo Lorena Sánchez, una indígena de 20 años, cuando el 3 de mayo de 2011 se presentó en Tzalbal un ingeniero del Fondo de Tierras. El funcionario de esta institución estatal, que supuestamente facilita el acceso a la tierra, había acudido a este municipio del noroeste de Guatemala para decir a sus habitantes que la tierra en la que vivían desde siempre era un “Bien de la Nación”.
Tzalbal es una micro-región que abarca 14 comunidades. Localizada en las estribaciones de la sierra de los Cuchumatanes, Tzalbal se ubica en el municipio de Nebaj, en el departamento del Quiché. Aquí, y en los municipios vecinos de Cotzal y Chajul, vive el pueblo originario ixil. Sus habitantes no sabían que su tierra había sido nacionalizada en 1984, un secreto oculto durante 28 años. Ahora están indignados.
La región ixil fue una de las regiones más afectadas de un conflicto que alcanzó en Guatemala dimensiones de un genocidio. Según las investigaciones de la Iglesia Católica guatemalteca (Nunca Más) y de la ONU (Memoria del Silencio), el Estado fue responsable del 93% de las atrocidades y de 626 masacres. Hasta 1996, unas 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. De ellas, el 83% pertenecía a pueblos indígenas. El 12% de la población fue desplazado.
Patricio Rodriguez, un hombre de 66 años con la sabiduría de los años escrita en su cara, explica el origen de la situación actual: “Durante muchos años quemaron nuestras casas, mataron nuestros animales, robaron y cortaron nuestras milpas [huertos de maíz, el alimento básico de los mayas]. Mataron a tanta gente que nos desplazamos a las montañas para salvar nuestras vidas. El Ejército entonces pensó que era tierra abandonada, baldía. Pero abandonamos nuestras tierras por causa de la represión”.
Gregorio, el responsable del agua potable de Tzalbal, ofrece su versión: “Ahora nos estamos dando cuenta de lo que nos robaron en el conflicto armado. Y para legalizar el robo hicieron un ley”. La desigual distribución de la tierra es una de las principales causas de la pobreza en Guatemala y del conflicto armado. Según el Ministerio de Agricultura de Guatemala, en 1998, el 80% de la tierra estaba en manos del 3,9% de los propietarios, mientras el 96% de los campesinos carecía de tierra suficiente para sobrevivir.
Una vez que el ingeniero de Fondo de Tierras abandonó el municipio, el joven alcalde indígena de Tzalbal, Ronaldo Gutiérrez, citó a los representantes de las demás comunidades del sector de Tzalbal. Con la chaqueta típica de los ixiles, rojo bordado con rizos negros y simples, explica cómo se empezó a investigar qué había pasado con sus tierras. Para el 6 de octubre organizaron una asamblea general para informar a toda la comunidad.
La sala comunitaria, con un mural que recordaba las atrocidades del conflicto, se llenó con música de marimbas. Unos 700 ixiles vinieron de Tzalbal y las 13 aldeas cercanas. La mayoría de los hombres llevaban su gorro de paja, algunos su chaqueta tradicional. También llegaron muchas mujeres, todas con sus blusas bordadas o huipiles y trajes rojos. Las mujeres mayores estaban peinadas con trenzas coloradas.
Este “interés publico” era el establecimiento del gran proyecto de la Franja Transversal del Norte, convirtiendo en grandes terratenientes a un grupo de generales y sus aliados. Junto con los siguientes Planes Nacionales de Desarrollo de 1971 hasta 1982, estos proyectos buscaban promover la producción y exportación de petróleo, minerales, energía eléctrica, monocultivos y maderas preciosas en el norte del país. No parece casualidad que en los departamentos calificados de “interés publico” fuera donde se produjeron la mayor cantidad de masacres.
Un relator informa en la asamblea que “estos acuerdos establecieron las bases para la usurpación de la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas. También establecieron la raíz de la guerra de los años '80 desatada por el ejército en contra de los pueblos de Guatemala”. Las leyes indican que hubo un interés económico previo en algunos territorios que después resultaron los más afectados por la violencia. La represión del Estado se emprendió paralelamente a los “Planes de Desarrollo”.
Otro decreto que signó el destino de Tzalbal es el Nº 134-83, emitido en 1983 por el presidente de facto Mejía Victores. Con esta ley el ejército reordena formalmente el territorio ixil para el establecimiento de las Aldeas Modelo, y legaliza el expolio de tierra.
Como muchas otras aldeas, Tzalbal se convirtió en un Aldea Modelo o Polo de Desarrollo, comunidades militarmente controlables. Las personas que no huyeron a las montañas o que volvieron porque no soportaron la vida en las montañas fueron asentados en estas Aldeas Modelo. Muchos habitantes las llamaron “campos de concentración”.
En las Aldeas Modelo también se desarrollaron las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), estructuras civiles militarizadas que implantó el ejército. En 1985 más de un millón de hombres colaboraban con el ejército. Negarse a participar en las PAC convertía a un indígena en sospechoso de colaborar con la guerrilla.
Como lo estipulo la ley Nº 134-83, las PAC de Tzalbal fueron obligados a medir la tierra en 1983, tal como cuenta un hombre en la asamblea. Explica en lengua ixil cómo el ejército les prometió tierras si acudían a medir las parcelas, pero fueron engañados. Los habitantes de la Aldea Modelo tuvieron que medir la tierra para que pudiera ser nacionalizada.
El licenciado Ramón Cadena relata que el día 11 de mayo de 1984 el Estado desmembró el titulo original de 1903 y alrededor de 1.495 hectáreas de Tzalbal pasaron a la propiedad del Estado. En un comunicado aprobado al final de la asamblea, las comunidades demandaron que se reinstale su derecho constitucional a poseer la tierra.
Los decretos emitidos durante la guerra siguen vigentes. Otras leyes se suman a la lista abriendo nuevos territorios o fortaleciendo el control sobre las tierras ya usurpadas. Éste es el caso de la ley de alianzas publicas-privadas que habla de “interés publico” y legaliza el desalojo por ese motivo. Bajo el “Plan de Desarrollo” avanza la Franja Transversal del Norte, añadiendo el Peten y el litoral pacífico. Los desalojos continúan, como el del año pasado en Polochic, que afectó a cientos de familias.
La distribución desigual de la tierra continúa en Guatemala. Según el último censo de 2003 casi el 80% de la tierra productiva permanece en manos de menos de 8% de la población. Mientras tanto, el 45% no tiene tierra suficiente para sobrevivir. No sorprende entonces que la mitad de la población viva en la pobreza y el 17% en la extrema pobreza.
Hasta las mismas personas permanecen en el poder. “Fue Tito el que estaba enseñando a los ejércitos, fue el jefe o el comandante según dicen”, explica Lorena, la joven de 20 años, con una voz baja y preocupada. En la memoria colectiva de las comunidades permanece el recuerdo del militar que comandó el ejercito en Nebaj, Quiché, durante 1982 y 1983. Tito era el pseudónimo que utilizaba nada más y nada menos que Otto Pérez Molina, el candidato presidencial que ganó las elecciones del 6 noviembre de 2011 y el próximo presidente de Guatemala. Un aldeano recuerda que “fue él el que nos obligó a medir la tierra, él estaba al mando cuando nos robaron la tierra”. También el miedo sigue. Si uno habla de Otto Pérez lo hace de forma anónima.
Pero también los mismos pueblos indígenas siguen ahí, luchando por las mismas tierras. “Nosotros tenemos recursos naturales que defender, como pueblos indígenas tenemos derecho a defender nuestros aguas, nuestros bosques, los ríos”, afirma Lorena. “Que las empresas multinacionales regresen a sus tierras con sus trabajos y planes que han hecho o que piensan hacer”, dice Patricio Rodríguez, un hombre de edad avanzada.
Pero también la lucha de las comunidades sigue. En la asamblea comunitaria se repetían palabras como “preocupación”, “robo” o “capitalismo”. Pero más que nada la sala comunitaria gozaba de una convicción combativa. Unidos todos los presentes gritaron: “No queremos otro patrón!”, “Que se devuelvan nuestras tierras”.
Preguntando cómo piensan recuperar sus tierras Patricio Rodríguez responde: “Con la unión, con manifestaciones, por medio de organizaciones nacionales e internacionales que velan sobre el derecho del pueblo. Vamos a ganar nuestras tierras otra vez. Poco a poco, paso a paso”.
Gregorio, el hombre responsable del agua potable, agrega: “Todos unidos y todos juntos vamos a ir al Congreso, a los ministros, hasta que nos tomen en cuenta. Como ellos hicieron un robo a la comunidad tienen que devolver nuestro terreno, sin condiciones, a nombre de la comunidad. Porque es cierto que la tierra es de nuestros antepasados, de nuestros grandes abuelos que han pasado, ellos nos lo han dejado a nosotros porque somos sus hijos”.
*Por razones de seguridad los nombres de los entrevistados en Tzalbal fueron cambiados.
Tzalbal es una micro-región que abarca 14 comunidades. Localizada en las estribaciones de la sierra de los Cuchumatanes, Tzalbal se ubica en el municipio de Nebaj, en el departamento del Quiché. Aquí, y en los municipios vecinos de Cotzal y Chajul, vive el pueblo originario ixil. Sus habitantes no sabían que su tierra había sido nacionalizada en 1984, un secreto oculto durante 28 años. Ahora están indignados.
El genocidio de la población maya-ixil
Durante los 36 años de guerra contra-insurgente en Guatemala, y especialmente entre los años 1978 y 1983, cerca del 98% de las 7.000 personas que fueron asesinadas en esta región pertenecía al pueblo ixil. El Ejército arrasó su territorio: al menos el 70% de sus comunidades fueron destruidas. La mayoría de la población huyo a las montañas, muchos murieron de hambre, frío y de distintas enfermedades.La región ixil fue una de las regiones más afectadas de un conflicto que alcanzó en Guatemala dimensiones de un genocidio. Según las investigaciones de la Iglesia Católica guatemalteca (Nunca Más) y de la ONU (Memoria del Silencio), el Estado fue responsable del 93% de las atrocidades y de 626 masacres. Hasta 1996, unas 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. De ellas, el 83% pertenecía a pueblos indígenas. El 12% de la población fue desplazado.
Una población desplazada de sus tierras
No se puede entender el genocidio sin tomar en cuenta el factor de la tierra. Los habitantes de Tzalbal comprenden muy bien esta íntima relación entre tierra y conflicto.Patricio Rodriguez, un hombre de 66 años con la sabiduría de los años escrita en su cara, explica el origen de la situación actual: “Durante muchos años quemaron nuestras casas, mataron nuestros animales, robaron y cortaron nuestras milpas [huertos de maíz, el alimento básico de los mayas]. Mataron a tanta gente que nos desplazamos a las montañas para salvar nuestras vidas. El Ejército entonces pensó que era tierra abandonada, baldía. Pero abandonamos nuestras tierras por causa de la represión”.
Gregorio, el responsable del agua potable de Tzalbal, ofrece su versión: “Ahora nos estamos dando cuenta de lo que nos robaron en el conflicto armado. Y para legalizar el robo hicieron un ley”. La desigual distribución de la tierra es una de las principales causas de la pobreza en Guatemala y del conflicto armado. Según el Ministerio de Agricultura de Guatemala, en 1998, el 80% de la tierra estaba en manos del 3,9% de los propietarios, mientras el 96% de los campesinos carecía de tierra suficiente para sobrevivir.
Una asamblea para informar al pueblo
Si se superpone la sucesión de decretos-leyes sobre la tenencia de la tierra emitidos por los gobiernos militares y la violencia que arrasó la región resulta más sencillo entender cómo el Estado se apropió de las tierras indígenas. También para los comunitarios se volvió todo más claro cuando empezaron a investigar su propio caso.Una vez que el ingeniero de Fondo de Tierras abandonó el municipio, el joven alcalde indígena de Tzalbal, Ronaldo Gutiérrez, citó a los representantes de las demás comunidades del sector de Tzalbal. Con la chaqueta típica de los ixiles, rojo bordado con rizos negros y simples, explica cómo se empezó a investigar qué había pasado con sus tierras. Para el 6 de octubre organizaron una asamblea general para informar a toda la comunidad.
La sala comunitaria, con un mural que recordaba las atrocidades del conflicto, se llenó con música de marimbas. Unos 700 ixiles vinieron de Tzalbal y las 13 aldeas cercanas. La mayoría de los hombres llevaban su gorro de paja, algunos su chaqueta tradicional. También llegaron muchas mujeres, todas con sus blusas bordadas o huipiles y trajes rojos. Las mujeres mayores estaban peinadas con trenzas coloradas.
Los leyes de la guerra
El licenciado Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, es una de los personas que ayudó en la investigación del caso de Tzalbal. En la asamblea, Cadena explica que la raíz de este conflicto es el Decreto Nº 60-70. Esta ley, aprobada en 1970 por el general Osorio, declara de Interés Público y Urgencia Nacional el establecimiento de Zonas de Desarrollo Agraria en varios municipios de los departamentos norteños del país.Este “interés publico” era el establecimiento del gran proyecto de la Franja Transversal del Norte, convirtiendo en grandes terratenientes a un grupo de generales y sus aliados. Junto con los siguientes Planes Nacionales de Desarrollo de 1971 hasta 1982, estos proyectos buscaban promover la producción y exportación de petróleo, minerales, energía eléctrica, monocultivos y maderas preciosas en el norte del país. No parece casualidad que en los departamentos calificados de “interés publico” fuera donde se produjeron la mayor cantidad de masacres.
Un relator informa en la asamblea que “estos acuerdos establecieron las bases para la usurpación de la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas. También establecieron la raíz de la guerra de los años '80 desatada por el ejército en contra de los pueblos de Guatemala”. Las leyes indican que hubo un interés económico previo en algunos territorios que después resultaron los más afectados por la violencia. La represión del Estado se emprendió paralelamente a los “Planes de Desarrollo”.
Otro decreto que signó el destino de Tzalbal es el Nº 134-83, emitido en 1983 por el presidente de facto Mejía Victores. Con esta ley el ejército reordena formalmente el territorio ixil para el establecimiento de las Aldeas Modelo, y legaliza el expolio de tierra.
Como muchas otras aldeas, Tzalbal se convirtió en un Aldea Modelo o Polo de Desarrollo, comunidades militarmente controlables. Las personas que no huyeron a las montañas o que volvieron porque no soportaron la vida en las montañas fueron asentados en estas Aldeas Modelo. Muchos habitantes las llamaron “campos de concentración”.
En las Aldeas Modelo también se desarrollaron las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), estructuras civiles militarizadas que implantó el ejército. En 1985 más de un millón de hombres colaboraban con el ejército. Negarse a participar en las PAC convertía a un indígena en sospechoso de colaborar con la guerrilla.
Como lo estipulo la ley Nº 134-83, las PAC de Tzalbal fueron obligados a medir la tierra en 1983, tal como cuenta un hombre en la asamblea. Explica en lengua ixil cómo el ejército les prometió tierras si acudían a medir las parcelas, pero fueron engañados. Los habitantes de la Aldea Modelo tuvieron que medir la tierra para que pudiera ser nacionalizada.
El licenciado Ramón Cadena relata que el día 11 de mayo de 1984 el Estado desmembró el titulo original de 1903 y alrededor de 1.495 hectáreas de Tzalbal pasaron a la propiedad del Estado. En un comunicado aprobado al final de la asamblea, las comunidades demandaron que se reinstale su derecho constitucional a poseer la tierra.
La historia se repite, la historia continua
Después tantos proyectos de desarrollo, leyes de desarrollo y polos de desarrollo resulta fácil entender por qué la población indígena de Guatemala sospeche de cualquier iniciativa que apele al “desarrollo”. La mina de oro Marlin en San Marcos dice traer desarrollo, al igual que la cementera en San Juan Sacatepéquez. Las comunidades de estos territorios han entendido que estos proyectos traen más beneficios a sus propietarios que a la población local.Los decretos emitidos durante la guerra siguen vigentes. Otras leyes se suman a la lista abriendo nuevos territorios o fortaleciendo el control sobre las tierras ya usurpadas. Éste es el caso de la ley de alianzas publicas-privadas que habla de “interés publico” y legaliza el desalojo por ese motivo. Bajo el “Plan de Desarrollo” avanza la Franja Transversal del Norte, añadiendo el Peten y el litoral pacífico. Los desalojos continúan, como el del año pasado en Polochic, que afectó a cientos de familias.
La distribución desigual de la tierra continúa en Guatemala. Según el último censo de 2003 casi el 80% de la tierra productiva permanece en manos de menos de 8% de la población. Mientras tanto, el 45% no tiene tierra suficiente para sobrevivir. No sorprende entonces que la mitad de la población viva en la pobreza y el 17% en la extrema pobreza.
Hasta las mismas personas permanecen en el poder. “Fue Tito el que estaba enseñando a los ejércitos, fue el jefe o el comandante según dicen”, explica Lorena, la joven de 20 años, con una voz baja y preocupada. En la memoria colectiva de las comunidades permanece el recuerdo del militar que comandó el ejercito en Nebaj, Quiché, durante 1982 y 1983. Tito era el pseudónimo que utilizaba nada más y nada menos que Otto Pérez Molina, el candidato presidencial que ganó las elecciones del 6 noviembre de 2011 y el próximo presidente de Guatemala. Un aldeano recuerda que “fue él el que nos obligó a medir la tierra, él estaba al mando cuando nos robaron la tierra”. También el miedo sigue. Si uno habla de Otto Pérez lo hace de forma anónima.
Pero también los mismos pueblos indígenas siguen ahí, luchando por las mismas tierras. “Nosotros tenemos recursos naturales que defender, como pueblos indígenas tenemos derecho a defender nuestros aguas, nuestros bosques, los ríos”, afirma Lorena. “Que las empresas multinacionales regresen a sus tierras con sus trabajos y planes que han hecho o que piensan hacer”, dice Patricio Rodríguez, un hombre de edad avanzada.
La lucha sigue
Tzalbal es la primera aldea que descubre que su tierra fue nacionalizada durante la guerra. También es la primera que denuncia públicamente este robo y que demanda que sus tierras sean devueltas sin condiciones. El caso de Tzalbal es ilustrativo del conflicto en Guatemala, un conflicto que tiene la tierra como telón de fondo. Los métodos usados para adquirir la tierra en Tzalbal también resultan familiares. El pueblo originario de Tzabal parece ser protagonista involuntario de un drama que siempre parece repetirse en Guatemala. Un drama de 500 años en el que los invasores, sean españoles, militares o “gobiernos representativos”, roban la tierra de los pueblos indígenas a través de leyes y violencia.Pero también la lucha de las comunidades sigue. En la asamblea comunitaria se repetían palabras como “preocupación”, “robo” o “capitalismo”. Pero más que nada la sala comunitaria gozaba de una convicción combativa. Unidos todos los presentes gritaron: “No queremos otro patrón!”, “Que se devuelvan nuestras tierras”.
Preguntando cómo piensan recuperar sus tierras Patricio Rodríguez responde: “Con la unión, con manifestaciones, por medio de organizaciones nacionales e internacionales que velan sobre el derecho del pueblo. Vamos a ganar nuestras tierras otra vez. Poco a poco, paso a paso”.
Gregorio, el hombre responsable del agua potable, agrega: “Todos unidos y todos juntos vamos a ir al Congreso, a los ministros, hasta que nos tomen en cuenta. Como ellos hicieron un robo a la comunidad tienen que devolver nuestro terreno, sin condiciones, a nombre de la comunidad. Porque es cierto que la tierra es de nuestros antepasados, de nuestros grandes abuelos que han pasado, ellos nos lo han dejado a nosotros porque somos sus hijos”.
*Por razones de seguridad los nombres de los entrevistados en Tzalbal fueron cambiados.
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