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| Extraída de @CastillaSenador |
El
pasado jueves 30 de octubre se realizó en las instalaciones del Congreso de la
República la audiencia pública “Por el reconocimiento de los derechos del
campesinado”, promovida por el Senador popular Alberto Castilla y apoyada por
otros congresistas del Polo Democrático Alternativo. La audiencia estuvo a cargo de organizaciones campesinas, pesqueras, negras
e indias que se dieron cita para sumar sus voluntades en este propósito común.Los
únicos ausentes fueron los representantes del Estado.
El
pasado jueves 30 de octubre se realizó en las instalaciones del Congreso de la
República la audiencia pública “Por el reconocimiento de los derechos del
campesinado”, promovida por el Senador popular Alberto Castilla y apoyada por
otros congresistas del Polo Democrático Alternativo, entre ellos los Senadores
Iván cepeda y Jorge Enrique Robledo y los Representantes a la Cámara Víctor
Correa y Alirio Uribe.
Aunque
los mencionados congresistas ofrecieron sentidos saludos y algunos
investigadores comprometidos hicieron parte del panel de instalación, el grueso
de la audiencia estuvo a cargo de organizaciones campesinas, pesqueras, negras
e indias que se dieron cita para sumar sus voluntades en este propósito común.
Dichas organizaciones no fueron únicamente del nivel nacional, sino también del
nivel local y comunitario, y tampoco acudieron organizaciones pertenecientes
sólo a las grandes plataformas del movimiento social, siendo escuchadas múltiples
independientes.
Los
únicos ausentes fueron los representantes del Estado. El Gerente General de
INCODER y el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri enviaron mensajes
insulsos disculpando su inasistencia, los cuales ni siquiera fueron leídos por
representantes de sus entidades, sino que los mismos campesinos tuvieron que
hacerlo por ellos.
Alberto
Castilla fue el encargado de presentar una estrategia general para el
reconocimiento de los derechos del campesinado consistente en una reforma
constitucional del artículo 64 de la Constitución Política y una ley
estatutaria que reglamente el artículo modificado. La propuesta fue nutrida y
complementada durante la audiencia, dejando claro que no es la iniciativa de
una persona o grupo sino una reivindicación histórica de los pueblos.
Reforma
constitucional
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| Extraída de @CastillaSenador |
La
primera, la del campesinado como sujeto diferenciado culturalmente de
otros grupos étnicos y sociales en razón a su relacionamiento particular con la
tierra y a una tradición y costumbres compartidas. El proyecto de “Declaración
sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las
zonas rurales”, que se abre paso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
gracias a la persistente labor de la Vía Campesina, condensa de manera
concluyente en su artículo primero esta particularidad:
La
segunda premisa es la del campesinado como sujeto identitariamente diverso, en
el entendido de que existen muchas formas de ser en el campo. Al respecto, una de
las ausencias del proyecto fue puesta en evidencia por Julián Medina, pescador
del Golfo de Morrosquillo y partícipe de la audiencia, quien se presentó como
“campesino del agua”, resaltando que los derechos de las comunidades pesqueras
también deben entrar en el ámbito de protección. Esta misma salvedad se hizo
durante la construcción multitudinaria del Pliego de exigencias de la Cumbre
Agraria Étnica Campesina y Popular y por eso el Mandato 18 del primer punto
expresa que “El mar es otra expresión
territorial, que necesita la garantía de los derechos de las comunidades
costeras y de pescadores artesanales”.
Otra
de las pretensiones de la reforma es fundar
un derecho al territorio y garantizar la protección de la territorialidad
campesina. Lo anterior tiene como consecuencia la introducción de formas de
propiedad colectiva sobre la tierra para campesinos y el reconocimiento de
figuras que son una realidad en nuestro país como las Zonas de Reserva
Agroalimentaria, las Zonas de Biodiversidad y los Territorios interétnicos e interculturales,
viabilizando los planes de vida y de economía que incorporan.
Finalmente,
se busca instaurar la consulta popular
previa y con carácter decisorio frente a proyectos que impliquen intervención o
afectación de territorios campesinos, tierras de economías campesinas o
recursos naturales. Esta reivindicación se alimenta de experiencias de otros
países de la región como la “Licencia Social” en Perú, con la intención de
extender la garantía de Consulta previa con consentimiento libre e informado,
instaurado por el Convenio 169 de la OIT, a favor de las comunidades campesinas.
El
artículo 2° del proyecto de Declaración de la ONU también abre perspectivas
frente a este asunto:
Literal 4. “Los campesinos tienen derecho a participar en la formulación de políticas, la
adopción de decisiones y la aplicación y el seguimiento de cualquier proyecto,
programa o política que afecte a sus tierras y sus territorios.”
Además
de la arriba mencionada, en la reforma constitucional destaca la ausencia de
una inclusión explícita de derechos diferenciados para las mujeres rurales,
comprendiendo que sus realidades son distintas y, por lo general, precarizadas
respecto de otros grupos poblacionales. Vale recordar el mandato de la Cumbre
referido al “reconocimiento del enfoque diferenciado y con perspectiva de
género del acceso, uso y goce del territorio y la tierra para las mujeres”.
Ley
estatutaria
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| Extraído de @destinitofatal |
La
ley consagraría nuevos derechos como
el derecho al agua. En su intervención, Cesar Pachón de Dignidades habló
justamente de legislaciones pendientes sobre páramos y semillas. No obstante,
frente a las semillas hay quienes piensan que toda normativización es una
restricción a la regla general que debe ser su libre conservación, comercialización
y reproducción. Luego la reivindicación no puede ser otra que la supresión de
todas las normas que han intentado privatizarlas.
La
ley también dotaría de un nuevo sentido
a derechos ya consagrados en la constitución, por ejemplo con la
incorporación de la soberanía alimentaria en el marco del derecho a la alimentación
o con el desarrollo específico de los derechos laborales y de protección social
para trabajadores agrarios.
Finalmente, la ley tomaría medidas de ordenamiento territorial acordes con las figuras de organización campesina y reviviría una política de Reforma Agraria para el país. Carlos Salgado, director de Planeta Paz, advertía que el reconocimiento es una forma de justicia y como tal, el reconocimiento cultural del campesinado es inescindible de la redistribución económica de activos como la tierra, el crédito y la asistencia técnica, esto es, de una reforma agraria integral.
La
pelea de la década
Desde
el punto de vista de la correlación de fuerzas en el Congreso, la propuesta de
reforma legal y constitucional del senador Castilla no prosperaría. Sin
embargo, la correlación de fuerzas a nivel social es más alentadora. En este
momento hay dos escenarios que pueden viabilizar una reforma del andamiaje
institucional que proteja los territorios campesinos, más allá de la figura ya
reconocida de Zona de Reserva Campesina, la cual no cuenta –por ejemplo- con
herramientas contundentes frente a la avasalladora locomotora minero-energética.
El
primer escenario es la Mesa de
interlocución entre el gobierno Santos y la Cumbre Agraria Étnica Campesina y
Popular. Si bien el santismo y su Unidad Nacional han hecho todos los
esfuerzos humanamente posibles por incumplir todos y cada uno de los acuerdos
alcanzados, la Cumbre y los recientes “Paros agrarios y populares” son hitos de
construcción programática y acción coordinada del movimiento social colombiano
(con todos sus peros y salvedades), siendo el campesinado actor protagónico del
proceso. En lo cierto estaba Pedro Julio Polo de COMOSOC cuando dijo durante la
audiencia que los campesinos quieren ser sujetos de derechos, porque ya son
sujetos de hecho y “de hechos en la movilización”.
El
segundo escenario es la Mesa de diálogo
entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC-EP, con posibilidad del
inicio formal de diálogo con el ELN.
Ambas guerrillas tienen un marcado arraigo campesino y entre sus
reivindicaciones incorporan la protección de sus territorios frente al
latifundio, el modelo agroindustrial y la explotación minera y petrolera. Ha
habido avances en cuanto a la participación de las organizaciones de víctimas, del
movimiento social y del pueblo en general en la mesa de diálogo pero de momento
son avances insuficientes. Por ello se continúa impulsando un movimiento social
por la paz que abandere una paz más allá del simple silenciamiento de los
fusiles y cuyo principal conducto es el Frente Amplio por la Paz que tuvo
varios encuentros de carácter nacional entre los días 14 y 17 de noviembre.
Los
y las dignas campesinas que asistieron el pasado jueves nos recordaron que
entre el 45 y el 60 % de los alimentos de consumo directo son sembrados,
cultivados y cosechados por sus manos, y que es la economía campesina el único
modelo agropecuario que puede enfriar al planeta. La justificación está y ha
estado siempre, los escenarios están y no han estado siempre, y ahora contamos
con una propuesta de marco normativo cursando en el Congreso que continuará
alimentándose. Las condiciones están dadas para dar -la que puede ser- la pelea de la década.
[1]
Artículo 1. Definición de campesino. “Un campesino es un hombre o una mujer de
la tierra, que tiene una relación directa y especial con la tierra y la
naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas.
Los campesinos trabajan la tierra por sí mismos y dependen sobre todo del
trabajo en familia y otras formas en pequeña escala de organización del
trabajo. Los campesinos están tradicionalmente integrados en sus comunidades
locales y cuidan el entorno natural local y los sistemas agroecológicos”.
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