Publicado en "Implementación"
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junio 23, 2020 , , ,

Por: Dirección de Construcción de Paz 

Descargue el documento aquí: Pensar y sentir la paz


Invitamos a leer documento en el que Cubio y Achiote del Colectivo Agrario Abya Yala hicieron parte.

¨La mejor arma es sentarse y hablar¨, decía Nelson Mandela (1918-2013) el gran líder del proceso de apertura a la superación del racismo estructural y al colonialismo que derivó en décadas de conflicto armado y violencia política en Sudáfrica. Esto mismo hemos decidido hacer los y las integrantes de la Dirección de Construcción de Paz de Al Centro con este pronunciamiento: hablar de paz y acordar una posición sobre este tema. Una tarea titánica. Todo punto de vista sobre la paz está altamente vinculado con los orígenes, vivencias, experiencias, creencias y estudios de cada persona. Es justamente esta pluralidad de pensamientos y perspectivas lo que nos llevó a intercambiar ideas sobre lo que creemos, defendemos y buscamos como dirección desde Al Centro. Para llegar a ello, emprendimos un diálogo teórico y de contexto sobre la paz, con el fin de luego aterrizar la noción al ámbito colombiano y finalizar con varias propuestas y apuestas en favor de la construcción de paz en Colombia. Este es un pronunciamiento que busca contribuir al debate público en el país y clarifica nuestras apuestas y estrategias como Dirección de Construcción de Paz de Al Centro a las que invitamos asumarse. (...)
 
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Por: Susana Cifuentes, Carlos Andrés Orlas Sánchez, Diana Zerda, Daniel Albarracin, Diego Balvino Chavez, Juanita Peñuela Cadavid, Nicolas Andrés Uribe R, Juliana Andrea González R, Valentina Zuluaga Zuliani y Jorge Andrés Forero González - Director Dirección de Construcción de Paz AlCentro


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diciembre 19, 2019 , ,

Por: Achiote*

Finalmente el 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo Final de Paz entre el Estado Colombiano y las FARC-EP. En un evento sobrio en el teatro Colón de Bogotá y sin la apoteósica fiesta que se vivió en Cartagena una semana antes de la pérdida del plebiscito, se escuchó al unísono un grito de “sí se pudo” por parte de víctimas de la guerra, la comunidad internacional y las partes en la mesa.

La pérdida del plebiscito va a ser el hecho político que ha polarizado su implementación especialmente por las voces del Centro Democrático, que ha abanderado su victoria en las elecciones presidenciales del 2018 y su importante bancada en el congreso en la legitimidad de 50.5% que votó NO al acuerdo de paz de la Habana.

Como lo reconoció hace unos días Juan Carlos Vélez, el director de campaña del comité del NO, se buscó que “la gente saliera verraca a votar”, las fakenews y el fracaso de las encuestas fueron protagonistas, así como el miedo, la falta de pedagogía de lo acordado y un bajo nivel de popularidad de Santos, por su política económica y social, finalmente derrotaron la apuesta por el plebiscito por la paz.

En tres años de la firma del acuerdo, son muchos los balances posibles. Desde lo simbólico y el cambio en la perspectiva electoral, las elecciones presidenciales del 2018 volvieron a tener como protagonista el acuerdo de paz.

En esta elección con el senador Gustavo Petro se dio una votación histórica para un candidato de coalición alternativa y de izquierda que fue superada por la fuerza electoral de Iván Duque quien aglutinó a los partidos y la clase política tradicional y del movimiento cristiano con el aval dominante del Centro Democrático y el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe.

Aún más significativo que esta elección fueron los casi 12 millones de votos de la consulta anticorrupción (a semanas de la posesión de Duque), que si bien no alcanzó el umbral demostró un cambio de agenda política que permitió el acuerdo tras superar la narrativa de la guerra.

Que hoy Claudia Lopez, vocera de la consulta, sea alcaldesa de Bogotá, así como el triunfo de sectores no tradicionales en las principales alcaldías y varias gobernaciones del país demuestran los cambios de prioridades de las agendas políticas de las mayorías electorales del país, e incluso de los medios generadores de opinión.

Así como el partido de gobierno perdió en estas elecciones el poder regional, perdieron los partidos tradicionales y líderes importantes de los mismos

quienes se presentaron como independientes, otro elemento importante de cambio.

De los 6 puntos de acuerdo, los más lentos en su implementación han sido la Reforma Rural Integral y de la Solución al Problema de Drogas Ilícitas. No puede desconocerse la importancia de apuestas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que puso a soñar y participar más de doscientas mil víctimas de la guerra en 170 municipios priorizados para la implementación del acuerdo.

Por su parte, hay que reconocer la importancia que más de cien mil familias se hayan comprometido con el PNIS Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito, y haya erradicado de manera voluntaria cerca de 40 mil hectáreas de coca, bajo la premisa de una apuesta integral de política social, económica y de acceso a oportunidades de las familias cocaleras.

Que con Santos y Duque en tres años, no se haya respondido a esas expectativas y que la asistencia técnica no haya llegado a los territorios ha generado una crisis de legitimidad y de confianza en el programa por todas las partes. Este punto es fundamental y ¡hay que seguir insistiendo!

El punto de Participación Política, generó posibilidades como las del estatuto de la oposición que ha dado nuevos elementos para la democracia colombiana y la fortalecen. Que desde las elecciones de 2018, las segundas votaciones en las contiendas hayan accedido a sillas en el congreso de la república y en los consejos y asambleas municipales, generan equilibrios en agenda política. Así mismo se han recibido con interés las réplicas de los partidos de oposición a las alocuciones presidenciales que ha permitido proceso de unidad de bancadas que es un elemento clave para la construcción de la democracia representativa.

Del punto de Fin del Conflicto, surge el partido Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común. Con 10 sillas de la ex guerrilla en el Congreso de la República se han dado claros escenarios del cambio de las armas a la política. Esto no es nuevo en la historia del país y ex m de insurgencias como la del M19 han sido protagonistas en la historia reciente de la democracia colombiana.

Sin embargo, que ex integrantes de las FARC-EP estén en el congreso y tengan un partido político ha generado posibilidades para que más de diez mil combatientes y más de diez mil armas que fueron parte de la guerra, salieran del conflicto.

Así mismo que recientemente el presidente Iván Duque haya declarado a 391 municipios libres de minas antipersonales derivadas de este punto del acuerdo, es un logro evidente para la seguridad y visión de futuro de miles de colombianos del mundo rural que ha sido afectado por esta tragedia.

Ha avanzado el país con el punto referente al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición. Trabajo como el de la Comisión de la Verdad han generado escenarios para el encuentro entre víctimas y

victimarios, e ir a las historias de las violencias y los dolores de la guerra con perspectiva reparadora.

Pese a las críticas a la Justicia Especial para la Paz (JEP), entidad en la cual cada vez más actores, no solo los militares, sino del sector privado y de procesos no cerrados como el de la historia del paramilitarismo en el país, se sumen a su amparo es un hecho político novedoso en la historia de los procesos de paz en el país que avanzan hacia una justicia restaurativa basada en la verdad.

Que esté en marcha una Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas es una esperanza para las víctimas del conflicto armado que siguen esperando respuesta sobre sus seres queridos. La tarea de la reconciliación con acciones concretas para la construcción de paz sigue siendo el desafío generacional de una Colombia herida por la guerra, pero resiliente, alegre y convencida de la apuesta de paz.

Finalmente, en el punto referente a la Implementación y Verificación de lo acordado, hay que resaltar el apoyo al unísono de la comunidad internacional con la agenda política de la implementación de lo acordado. El sistema integral de Naciones Unidas, incluyendo a la Misión del Consejo de Seguridad y de la MAPOEA están en los territorios acompañando los procesos de implementación en especial en lo referente a la reincorporación.

Las misiones diplomáticas y embajadas en el país se suman permanentemente a las iniciativas de paz e instan al Estado Colombiano a la implementación de lo acordado. Que haya instancias que le hacen seguimiento al enfoque de género y étnico de lo acordado ha permitido que políticas importantes para la construcción de paz como el Plan Marco de Implementación incluyan perspectivas étnico territoriales, de género y de mujer, familia y generación. Estas posibilidades de generar agenda política desde la participación de las organizaciones sociales y víctimas de la guerra para la construcción de paz son fundamentales para proyectar el futuro de Colombia.

A tres años de lo acordado, las movilizaciones, el paro y los cacerolazos que iniciaron este 21 de noviembre la agenda de paz sigue siendo protagonista. El rechazo a la muerte de los más de 600 líderes y lideresas sociales, de pueblos indígenas, afros y de campesinos comprometidos con la implementación resuena en las calles.

Las demandas por más y mejor empleo y condiciones de seguridad social en el país han sido escuchadas con más fuerza porque este país sigue derrotando la narrativa de la guerra. Estos cambios son impulsados especialmente por una generación joven crítica y propositiva que sueña a Colombia más allá de los señores de la guerra y condena sus acciones como hechos del pasado.

A tres años de firmado el Acuerdo de Paz, somos y sentimos un país diferente. Rodear la implementación de lo acordado es un punto de partida y un paso de gigante para el porvenir del país. Ahí como generación de paz seguiremos comprometidos, alegres, tercos y soñadores.

*Originalmente publicado en @TanqueAlCentro
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noviembre 07, 2018 , , ,
Por Cubio Colectivo Agrario Abya Yala en la Revista Colombiana de Sociologia*

 Descarga el Documento completo aquí.

 Resumen

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre del 2016, reconoce como causa estructural del conflicto en Colombia la inequitativa distribución, tenencia y uso de la tierra. Por esto el punto titulado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma rural integral” pretende sentar las bases para la transformación de la realidad rural colombiana al contemplar políticas de promoción del acceso a la tierra, incentivos a la producción campesina y comunitaria, y el acceso al goce efectivo de los derechos sociales, económicos y culturales de las comunidades rurales. No obstante, existe un largo camino para que el texto del Acuerdo de Reforma Rural Integral se convierta en los cambios sociales, económicos e institucionales que permitan la integración de las zonas rurales y la creación de condiciones para el bienestar social de la población rural. Llevarlo a cabo, implica ajustes normativos e institucionales en el Estado, pero también, cambios en las prácticas de todos los actores encargados de hacerlos realidad. 

El presente artículo emplea como técnicas la revisión documental de investigaciones realizadas en torno a los conceptos de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial y Nueva Ruralidad, así como el análisis de los principales aspectos del punto uno del Acuerdo, los proyectos de ley y decretos que se derivan de este, el estado de las instituciones del sector agrario y de desarrollo rural encargadas de su implementación y la correlación de fuerzas entre las partes, para luego presentar un balance después de un año de su implementación. Con estos elementos, se puede advertir que la reforma  rural integral se ha venido implementando en esta primera etapa con mucha dificultad, en medio de resistencias institucionales y obstáculos normativos, sin embargo, es un proceso que apenas comienza. 

Palabras Clave: Acuerdo Final de Paz, Implementación Normativa, Instituciones del Sector Agropecuario, Reforma Rural Integral. 

Descriptores: conflicto armado, política pública, proceso de paz, reforma agraria, Reforma Rural Integral


 *Volumen 41, Número 1Supl, p. 81-103, 2018. ISSN electrónico 2256-5485. ISSN impreso 0120-159X.  Descarga el Documento completo aquí.
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noviembre 17, 2017 , , ,
LOS ABAJO FIRMANTES, CIUDADANOS Y CIUDADANAS, ORGANIZACIONES SOCIALES, AGRARIAS, DE MUJERES, ÉTNICAS, CONGRESISTAS Y PERSONAS COMPROMETIDAS CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS, MEDIANTE ESTE PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO: 

Noviembre 16 de 2017

1. Rechazamos en su integridad el borrador del proyecto de ley “Por la cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”, pues todos sus contenidos son un claro retroceso en materia de derechos campesinos, de los pueblos y comunidades indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, de comunidades y trabajadores agrarios, establecidos en la Constitución Política y la normativa agraria nacional. 

2. Nos oponemos a cualquier medida regresiva en relación con los derechos de las comunidades rurales a la tierra y el territorio. Los históricos problemas del campo colombiano exigen soluciones estructurales. En esa medida los contenidos del Acuerdo de Paz de La Habana son una oportunidad para avanzar en ello, que se complementa con otras exigencias y agendas de las comunidades, que han exigido entre otras cosas, que no se imponga el modelo extractivo (minería, petróleo, agroindustria y represas, etc.) sobre la economías propias y comunitarias, y sobre la pervivencia física y cultural de los pueblos étnicos, como lo ha pretendido el gobierno nacional en el proceso de implementación normativa del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final de Paz). 

3. Exigimos el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz de buena fe y bajo los principios de autenticidad y bilateralidad, así como bajo una mirada integral de los acuerdos, democratizadora , desde lo territorial, sin imposición de las miradas del centro del país hacia lo local y regional. Además reclamamos una implementación que no se agota en la producción normativa, ya que la concreción de la paz es mucho más que nuevas normas y exige de parte del gobierno en todos sus niveles la voluntad política y presupuestal para su materialización. 

4. Demandamos el cumplimiento de todos los acuerdos pactados con la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular, con los pueblos y comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, pescadores y rrom, así como del Capítulo Étnico del Acuerdo Final el cual debe orientar la interpretación e implementación de todos los puntos del Acuerdo Final. 

5. Reafirmamos la importancia de preservar la función social, cultural y ecológica de la propiedad rural en Colombia conservando la vocación ambiental y agropecuaria del suelo, atacar la alta concentración de la propiedad y brindar las garantías del derecho fundamental y humano a la alimentación y la soberanía y la autonomía alimentaria de los pueblos, así como la protección de las economías propias. 

6. Insistimos en el reconocimiento del campesinado como sujeto social, político y de derechos, así como de las distintas formas de territorialidades campesinas. 

7. Demandamos el cumplimiento del Gobierno Nacional de los Acuerdos Comunitarios de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, con medidas integrales para las comunidades rurales afectadas, el cese inmediato de acciones violentas por medio de la fuerza pública y el respeto al legítimo ejercicio del derecho a la protesta, así como la implementación del tratamiento penal diferencial para pequeños agricultores bajo un enfoque diferencial, territorial, étnico y de género. 

8. Reiteramos que la propiedad y posesión territorial en los pueblos étnicos tienen carácter espiritual, ancestral, colectivo e integral, y es un derecho fundamental de carácter inalienable, imprescriptible e inembargable. Exigimos la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos de manera ancestral o tradicionalmente por los pueblos étnicos, el reconocimiento de las autoridades tradicionales como autoridades ambientales en sus territorios, la prohibición de regresividad de los derechos y la obligación del Estado de garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada. 

9. Consideramos imperativo garantizar el reconocimiento de las organizaciones sociales e instituciones locales, así como su armonización con las actuaciones de la institucionalidad agraria y de todos los involucrados en la implementación de la Reforma Rural Integral y la Solución al Problema de los cultivos de uso ilícito que están profundamente relacionados, y especialmente participación efectiva en la toma de decisiones en la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad de Planificación Rural y la Dirección de Sustitución de Cultivos. 

10. Insistimos en la garantía y protección del derecho a la participación directa, decisoria y vinculante de las organizaciones sociales y la totalidad de la ciudadanía colombiana bajo un enfoque diferencial y de género, para lo cual es necesario que el Gobierno Nacional garantice transparencia en sus procedimientos y pleno acceso a la información pública. Igualmente, debe respetarse la totalidad de mecanismos participativos constitucionales y legales, sin coartar el legítimo derecho de las comunidades a decidir el presente y el futuro de sus vidas y territorios. 

11. Continuaremos exigiendo el derecho del acceso a tierras para campesinas y campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, pueblos y comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, víctimas del conflicto armado y la disminución de los tiempos de respuesta y de duración de los procedimientos. 

12. Exigimos llevar la discusión de la política pública agraria a los diálogos de Quito y los diferentes escenarios para la negociación, discusión y concertación con las organizaciones de campesinos, indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. 

NO ACEPTAMOS NINGUNA MODIFICACIÓN REGRESIVA DE LA LEY 160 DE 1994, NI MODIFICACIONES A LAS NORMAS AGRARIAS SIN PREVIA PARTICIPACIÓN EFECTIVA, SIN PLENA GARANTÍA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA CON LAS INSTANCIAS REPRESENTATIVAS DE LOS PUEBLOS ÉTNICOS Y CONCERTACIÓN CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANOS, RROM Y LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

SUSCRIBEN: 
ASOCIACIÓN MINGA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA - ANZORC
 ANDAS
ANUC UNIDAD Y RECONSTRUCCION – ANUC-UR
ASOCIACIÓN DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO - ATI
CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA JUSTICIA SOCIAL TIERRA DIGNA
CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PAZ – CESPAZ
COALICIÓN DE MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE COLOMBIA - COMOSOC
COLECTIVO AGRARIO ABYA YALA
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS COMISIÓN DE INTERLUCIÓN DEL SUR DE BOLIVAR, CENTRO Y SUR DEL CESAR
CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO - CODHES CONGRESO DE LOS PUEBLOS CONSEJO NACIONAL DE PAZ AFROCOLOMBIANO - CONPA
COORDINACIÓN ÉTNICA NACIONAL DE PAZ - CENPAZ
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO - CNA
CORPORACIÓN ENSAYOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA CORPORACIÓN HUMANAS CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO
CORPORACIÓN PARA LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO AUTOSOSTENIBLE - CORPOVIDA
CORPORACIÓN SISMA MUJER
CUMBRE AGRARIA, ÉTNICA, CAMPESINA Y POPULAR
DEPARTAMENTO DE MUJERES DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE DESPLAZADOS - C.N.D. .
FENSUAGRO
FIAN COLOMBIA
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS
GRUPO DE TRABAJO GÉNERO EN LA PAZ: GPAZ
GRUPO SEMILLAS HUMANIDAD VIGENTE INDEPAZ MESA DE INCIDENCIA POLITICA DE MUJERES RURALES COLOMBIANAS - MIPMRC
MESA NACIONAL DE UNIDAD AGRARIA - MUA
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA - OPIAC
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA – ONIC PLATAFORMA DE INCIDENCIA POLITICA DE MUJERES RURALES COLOMBIANAS - PIPMRC
PLATAFORMA DE MUJERES RURALES COLOMBIANAS

COADYUVAN

 IVAN CEPEDA CASTRO - Senador de la República
ALBERTO CASTILLA SALAZAR - Senador de la República
JORGE ELIECER PRIETO RIVEROS - Senador de la República
ANGELA MARÍA ROBLEDO - Representante a la Cámara
ALIRIO URIBE MUÑOZ - Representante a la Cámara
VICTOR JAVIER CORREA - Representante a la Cámara
JAIRO RIVERA - Voces de Paz
JUDITH MALDONADO – Voces de Paz



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octubre 24, 2017 , , ,


De nuevo esta #ColombiaEnParo impulsado por las comunidades Campesinas y los Pueblos Indígenas y Afrocolombianos. Una de las consignas es la Implementación de Acuerdo de la Habana y de la Reforma Rural Integral ante los incumplimientos del gobierno nacional. Presentamos análisis al respecto.





Por: Colectivo Agrario Abya Yala



Luego de instalada la Legislatura actual -el pasado 20 de julio de 2017- y del “segundo tiempo” del mecanismo conocido como Fast Track (Vía rápida) para la implementación de los acuerdos de la Habana(1), el Congreso de la República de Colombia no ha logrado aprobar ninguna Ley relacionada con el punto uno de Reforma Rural Integral-RRI.

En la actualidad se encuentran radicados ante el Congreso cuatro Proyectos de Ley que desarrollan lo acordado en el punto uno(2), ninguno de los cuales ha sido aprobado hasta el momento. Dos de ellos fueron radicados antes de terminarse la Legislatura del primer semestre del año 2017, pero no pudieron ser aprobados por la prioridad otorgada a otros proyectos. Vale anotar que estos dos proyectos fueron presentados de manera unilateral por parte del Gobierno Colombiano sin haberse acordado en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz-CSIVI.

Se trata primero del Proyecto de Ley "Por medio de la cual se crea el sistema nacional de innovación agropecuaria y se dictan otras disposiciones”(3), el cual ha sido aprobado tanto en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y como en del Senado y está pendiente de aprobación en plenarias. El segundo es el Proyecto de Ley “Por la cual se regula el servicio público de adecuación de tierras y se dictan otras disposiciones”(4), este también ha sido aprobado en Comisiones de ambas Cámaras, pero se encuentra estancado para su aprobación en plenarias, pues ni siquiera tiene ponente para segundo debate en el Senado.

Asimismo, en la segunda Legislatura de este año fueron radicados los Proyectos de Ley “Por el cual se habilita la adjudicación o el otorgamiento de uso de baldíos en reservas forestales protectoras - productoras y de reserva forestal de la Ley 2da de 1959 sin sustracción y se dictan otras disposiciones"(5) y “Por el cual se regula el sistema nacional catastral multipropósito"(6), los cuales hasta el momento aún no han tenido su primer debate, y al paso que van en el Congreso, difícilmente van a ser aprobados antes de noviembre cuando se agote la “vía rápida”.

Por otro lado, están los proyectos que ha preparado el Gobierno Nacional, pero que se encuentran en estructuración y aún no han sido discutidos y aprobados en la CSIVI, tales como la Reforma a la ley 1448/11 de restitución de tierras y la Ley Estatutaria que Crea la Jurisdicción Agraria.

Además, aún quedan numerosos puntos del Acuerdo sobre los que hasta ahora no se conocen las propuestas del Gobierno Nacional y aún no se tiene claro cuál va a ser la vía para su aprobación, lo cual es problemático ya que sin estos el marco normativo de la RRI quedará incompleto.

En primer lugar, se encuentran las medidas relacionadas con el punto 1.1.10 sobre promoción del uso efectivo de los espacios de participación y decisión en la planificación de los usos del suelo rural y el ordenamiento del territorio; así como los mecanismos de concertación y diálogo social entre el Gobierno Nacional, regional y local, los cuales buscan generar espacios formales de interlocución entre actores con diversos intereses que permitan impulsar una agenda de desarrollo común, orientada hacia la sostenibilidad socio-ambiental.

En segundo lugar, no hay avances en la formulación de un número significativo de Planes Nacionales de Reforma Rural Integral, en aspectos centrales como: Infraestructura vial (numeral 1.3.1.1 del Acuerdo), Salud (numeral 1.3.2.1. del Acuerdo), estímulos a la economía solidaria y cooperativa (numeral 1.3.1.1. del Acuerdo), subsidios, generación de ingresos y crédito (numeral 1.3.3.3. del Acuerdo), mercadeo (numeral 1.3.3.4. del Acuerdo), formalización laboral rural y protección social (numeral 1.3.3.5. del Acuerdo), asociatividad (numeral 1.3.3.6. del Acuerdo), y el Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación (numeral 1.3.4. del Acuerdo).

Lo anterior es preocupante teniendo en consideración que todos los componentes que contempla el acuerdo sobre la RRI son interdependientes y complementarios. De manera que si estos componentes no se encuentran plenamente desarrollados normativamente, en la práctica el impacto de la RRI va a ser muy precario y la actuación de las instituciones encargadas insuficiente. Sin Planes Nacionales, la estrategia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial queda coja, por ejemplo.

De este modo, la segunda legislatura del Congreso cobijada por el “Fast Track” evidencia la carencia continuada de una estrategia del Gobierno Nacional para dar impulso a proyectos que le den vida al Acuerdo. Igualmente, es posible concluir la falta de compromiso del Gobierno con los principios que inspiran el punto 1 y la apuesta por una transformación estructural del campo, advirtiendo que no se han creado espacios adecuados de participación popular que brinden legitimidad y solidez al proceso de implementación. Los borradores de proyecto preparados por el ejecutivo siguen apuntando al fortalecimiento del modelo de desarrollo rural empresarial, en desmedro de los derechos del campesinado y las comunidades étnicas.

Por último, frente a los Decretos expedidos vía facultades extraordinarias presidenciales, se encuentran dos problemas de constitucionalidad: (i) por no haber surtido el trámite de la Consulta Previa para la garantía de los derechos fundamentales de los pueblos étnicos en los asuntos de su interés (por ejemplo, la puesta en marcha del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS dispuesta en el Decreto Ley 896 de 2017(7); y (ii) por desconocer, en algunos casos, los criterios de conexidad objetiva, estricta y suficiente con el Acuerdo Final, establecidos en la Sentencia de la Corte Constitucional C-699/16(8). A futuro, las eventuales declaratorias de inconstitucionalidad sobre estos decretos retrasarán de manera desmedida el avance de la implementación real, la implementación en los territorios.

En síntesis, con el ocaso de la segunda legislatura a la vuelta de la esquina, varios de los proyectos vitales para la RRI quedarán sin ser aprobados, sobre todo si tenemos en cuenta el ambiente pre-electoral de 2018 que indudablemente reducirá las posibilidades de formar coaliciones para garantizar el quorum y los votos a favor necesarios para la aprobación de los proyectos. Sumado a esto, el reciente fallo de la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-332 de 2017(9) declaró inexequibles los literales H y J del Acto Legislativo 01 de 2016(10), es decir, eliminó la competencia exclusiva del Gobierno Nacional para hacer modificaciones a los Proyectos de Ley o Actos Legislativos (todas estas debían contar con su aval para garantizar que guardarán coherencia con lo acordado en la mesa de conversaciones de La Habana), y prohibió su votación en bloque (el literal declarado inconstitucional disponía que en Comisión y Plenarias las modificaciones debían ser negadas o aprobadas en una sola votación), lo cual ha hecho mucho más compleja la implementación normativa del Acuerdo de Paz.


Este escenario de desconocimiento de la Reforma Rural Integral y de los derechos para las comunidades campesinas y pueblos étnicos que trae el acuerdo de La Habana se suman al terrible proyecto de ley "por el cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones", radicado para Consulta Previa de los Pueblos Indígenas, Negros y Rom, y que se constituye como una iniciativa que abiertamente consolida la apuesta histórica de contra reforma agraria de las élites rurales en Colombia. Este proyecto de modificación a la Ley 160 de 1994 nos resulta nocivo, al menos, por las siguientes razones: (i) limita el acceso a las comunidades sin tierra de los llamados baldíos de la Nación bajo el argumento de uso de la tierra para megaproyectos de "utilidad pública"; (ii) busca restringir los derechos de los pueblos étnicos a la propiedad colectiva, esto es, las pretensiones de constitución, ampliación y saneamiento de Resguardos Indígenas y Territorios Colectivos de Comunidades Negras; y (iii) ratifica la mirada gubernamental de tierras para las multinacionales, la explotación minero energética y los proyectos agroindustriales que distan mucho de acatar los principios enunciados en el punto 1 del Acuerdo, donde se acordaron medidas para el fortalecimiento de las economías campesinas, la salvaguarda de derechos adquiridos por los Pueblos Étnicos y el fortalecimiento de la gestión colectiva de los territorios por las comunidades como garantía de Paz Territorial.

CITAS:
  1. Implementado mediante Acto Legislativo que puede consultarse en http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%2001%20DEL%207%20DE%20JULIO%20DE%202016.pdf. Para un análisis del Fast Track consultar https://www.eltransitoalapaz.com/blog/page/1
  2. http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Paginas/Todo-lo-que-necesita-saber-sobre-el-proceso-de-paz.aspx
  3. http://www.camara.gov.co/innovacion-agropecuaria
  4. http://www.camara.gov.co/adecuacion-de-tierras
  5. http://www.camara.gov.co/adjudicacion-de-uso-de-baldios-en-reservas-forestales
  6. http://www.camara.gov.co/sistema-nacional-catastral-multiproposito
  7. http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20896%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
  8. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c%2D699%2D16.htm
  9. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-332-17.htm
  10. http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%2001%20DEL%207%20DE%20JULIO%20DE%202016.pdf


En Contexto: Pliego de exigencias de las comunidades en Paro Indefinido Octubre de 2017 donde es central la implementación de la Reforma rural Integral: http://marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/173-mia-marcha-patriotica/4482-pliego-de-exigencias-de-las-comunidades-en-paro-indefinido
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septiembre 24, 2017 , ,
Introduction and Justification 

I was 25 years old the first time I met an ex-combatant, it was in an interview I was conducting in 2013. Although international and media prejudices portray Colombia as a violent context where all citizens face daily armed groups, drug trafficking and violence, the reality is that the conflict has been very segregated by region and social class, and only specific people have faced the tragedy. Thus, as a privileged, middle-class woman from the capital, I only had the opportunity to connect with an illegal group by doing specific research or work in a government institution. 

Por Natalia Amaya Medina DISSERTATION FROM MSC IN APPLIED PEACE AND CONFLICT STUDIES INCORE ULSTER UNIVERSITY Septiembre 2017


I conducted the first of multiple interviews to former paramilitaries in Magdalena-Colombia, as part of a program that resulted of the peace agreement between the Colombian government and the AUC 2003-2006. The program offered benefits -such as judicial exemption and socioeconomic support – to those ex-combats that agreed to contribute to truth. This experience provided me with an important lesson: each story was different from the previous one, every former combatant told me a piece of his life, his group, his town, our country, and each narrative was a fragment of the huge puzzle of conflict and peace that went far beyond two sides in confrontation. This experience, along with other subsequent jobs throughout different regions in Colombia, gave me the certainty that pacifically resolving the armed conflict with all groups was imperative, as well as transforming the conditions that caused and perpetuated the violence. Simultaneously, peace talks between the FARC and the government had been underway since 2012. 

This context and personal motivation brought me to Northern Ireland looking for an applied and theoretical experience in peace and conflict studies at Ulster University. That process broadened my knowledge into a comparative perspective with the lectures including case studies in Africa and Asia as well as the local experience in a post conflict society. This process again turned my attention to ex-combatants and their reintegration processes, which include education, reconciliation, communitarian work, status change, and political participation. I rediscovered the diversity both in the people and in their reintegration needs. Concurrent with my studies, in Colombia, the FARC-EP and the national government signed and ratified, amidst a polarized society, a peace agreement in December 2016. 


Despite the international support and recognition, the implementation of the agreement is highly dependent on political will, the presidential elections in 2018, and the commitment of the civil society. Among the multiple aspects of the agreement, the Demobilization Disarming and Reintegration (DDR) pointseemslike one of the few points that will be implemented under any circumstance, since it was established in advance, the process is already underway, and there is immediate post-conflict funding available in most cases. Because of this, the success of the DDR implementation has a pivotal role on all the other aspects of the agreement and peace process. On the other hand, DDR literature review (Chapter I) evidence that authors agree that reintegration is the least successful phase in the implementation process. There is also some consensus that reintegration theory is precarious, which suggests that improvements in both theoretical research and implementation are necessary in the field. Moreover, Colombian DDR experiences are underrepresented in the international literature, compared with cases in Africa and Asia. 

This literature tends to focus on the countries where the international community has played a key role in DDR. According to Muggah, “approximately two thirds of DDR interventions with international support were launched in Africa, with the remainder in Latin America and the Caribbean, South Eastern Europe, Central and South Asia and the South Pacific” (2010, p.3). Thus, despite having multiple peace processes experiences and antecedents (Overview in Chapter II), Colombian reintegration processes have been studied only recently in mainstream literature1 , with you a focus on the reintegration of paramilitary groups and guerrilla deserters in 2003-2016 as an example of success. This tendency in the analysis of calling the 2003-2016 reintegration process a “success” caught my attention, as my perceptions as a peace practitioner and Colombian citizen were the opposite. Additionally, the “success” seemed a deviant case in a trend of international reintegration failures.

Research Question What is the theory behind reintegration for ex-combatants both in international literature and in the Colombian case, and how can theories of change improve theory and implementation in Colombia? 

Aim 

To propose hypotheses that could take the current Colombian reintegration process to a transformative level in comparison to both Colombia’s history of reintegration and mainstream international literature 

Specific Objectives 

To accomplish this goal, this thesis will specifically develop the following specific objectives: 

1. Critically review relevant DDR literature, focusing on the less explored theoretical aspects of reintegration of ex-combatants 2. Highlight Colombian contributions to the reintegration literature 3. Examine previous and current Colombian experiences in DDR, with an emphasis on the reintegration processes and their unresolved issues 4. Using a Theories of Change lens to analyse reintegration theory and propose hypotheses for the Colombian case and broader reintegration theory.



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agosto 12, 2017 , , ,
Propuestas Coordinación Étnica Nacional de Paz -CENPAZ 
para implementación de los acuerdos de la Habana.
(Documento en permanente construcción y retroalimentación)


“Porque la Naturaleza me ha educado, como educó las aves del bosque solitario, que allí entonan sus melodiosos cantos y se preparan sabiamente para construir sus casuchitas, sin maestro. Y me cantaban las aves. Y la misma naturaleza me acariciaba y me regaba con flores, hojas y gotas de rocío, cuando recibía el beso maternal de mi madre, que en paz descanse." 
Manuel Quintín Lame Chantre


La Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ) es una confluencia de Pureblos, Autoridades y organizaciones étnico territoriales del orden nacional, regional y local que articulan con el objetivo de generar propuestas para la construcción de paz en nuestros territorios que están pensadas para construir en conjunto con el campesinado, los movimientos sociales y el pueblo Colombiano.
 
Las organizaciones que hacen parte de CENPAZ, la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI), la Coordinación Nacional de Comunidades y Organizaciones Afrocolombianas (CONAFRO), Comunidades Construyendo Paz desde los Territorios (CONPAZ), la Asociación de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombvia (WOWNDECO), la Asociación Sindical del Magisterio Quibdoseño y Chocuano (MASEAQCH), la Federación de Pequeños y Medianos Mineros del Chocó (FEDEMICHOCÓ), así como los Capítulos Regionales de CENPAZ y sus organizaciones territoriales, construimos en conjunto con otras organizaciones afrocolombianas e indígenas que convergen en la Comisión Étnica de Paz para la Defensa de los Derechos Territoriales el Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

Hoy como CENPAZ hacemos parte de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos que creó el acuerdo para dar impulso y seguimiento al proceso de implementación de lo pactado asegurando el enfoque étnico territorial en permanente dialogo y generación de propuestas ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) y ante las las instituciones estatales encargadas de dar cumplimiento a lo acordado. 

El presente documento recoge una serie de propuestas mínimas para la implementación de cada punto y subpunto de los acuerdos de la Habana elaborado entre marzo y abril de 2017 que se desarrollaron a partir de los principios de salvaguardar los derechos étnicos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades negras del país, que reconocemos han sido conquistados en la movilización social y no prevendas del Estado, y rescatando los escenarios que se ganaron con el enfoque étnico en los acuerdos de la Habana en especial lo consagrado en el numeral 6.2 (El Capítulo Étnico) del acuerdo final donde de reafirma la transversalidad activa en toda la implementación proyectada en los territorios de los pueblos étnicos del país. 

El documento recoge desde propuestas de articulación de la nueva institucionalidad que crea el acuerdo para la construcción de paz en un diálogo horizontal y permanente con las autorizadas de los pueblos étnicos y las comunidades en sus territorios hasta disputas conceptuales y epistemológicas con el acuerdo de Paz que evidencian la necesaria articulación de la diversidad Étnica y Cultural de los pueblos originarios, Rrom y negros del país y sus cosmogonías, usos y costumbres.

Finalmente diremos que el documento está escrito en función del documento pactado en la Habana y no en las interpretaciones normativas y políticas que en escenarios como el Congreso e la República, el diseño institucional que viene desarrollando el Gobierno Nacional o las intenciones de la Fiscalía General de la Nación que abiertamente quieren reinterpretar los elementos de cambios estructurales que pueden presentarse con la implementación de lo acordado y romper la histórica demagogia de las élites colombianas que mienten cada 4 años bajo el principio de que "todo cambie para que nada cambie". En tal razón en este documento no desarrollamos nuestras propuestas y consideraciones en relación con el desarrollo legislativo del acuerdo en marco del FAST TRACK que se tratarán en otro texto y que incluyen las consideraciones en relación con los proyectos de ley que se han tramitado y tramitan en el Congreso de la República, sobre los Decretos Presidenciales sancionados y nuestras intervenciones ante la Corte Constitucional en la revisión consagrada en el acuerdo.

Bakata, Agosto de 2017
Coordinación Étnica Nacional de Paz - CENPAZ

Descarga el documento completo acá: https://drive.google.com/drive/folders/0BzQ0YTI7sGkfWXZiMkxfRFdvX0U?usp=sharing


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