EXPROPIACIÓN Y “CONTRARREFORMA AGRARIA” A FAVOR DE GRANDES EMPRESARIOS
La ponencia del proyecto de baldíos presentado por el gobierno incluye la posibilidad de expropiar la tierra a los campesinos para entregársela a los empresarios.
BOGOTÁ,
13/11/2014. Cuando se radicó el proyecto de ley 133/14 Cámara, el Senador Iván
Cepeda advirtió que se trataba de una iniciativa contraria a los propósitos de
los acuerdos de La Habana que contemplan una reforma agraria rural integral, y
a las demandas del movimiento campesino, étnico y popular que exigen
democratizar la propiedad y modificar la actual concentración de la tierra. Sin
embargo, una vez conocido el texto de la ponencia para primer debate del
mencionado proyecto radicada el 13 de noviembre de 2014 en comisión quinta de
la Cámara de Representantes, la situación empeora.
El
Gobierno junto con la Unidad Nacional busca impulsar una verdadera expropiación
en contra de lo que queda del campesinado en la Altillanura e impulsar la contrarreforma
agraria más agresiva que hayamos conocido, después del proceso de despojo a
sangre y fuego que vivimos en las últimas décadas, a favor de grandes
empresarios.
En
la práctica, el proyecto le quita al Incoder la función que tenía de
redistribuir tierras, en cambio, lo encarga
de conseguir las tierras que necesitarán las empresas gestoras de las Zonas de
Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES), para impulsar sus negocios, a
través de la compra directa de bienes privados o mediante procesos de
expropiación, a los cuales se les da
vía libre con el proyecto porque las ZIDRES se declaran de utilidad pública e
interés social.
Así
entonces, una vez se declare una zona del país bajo ésta figura, los campesinos
que tengan la propiedad de algún predio que debido al abandono estatal no hayan
podido poner a producir, y no quieran asociarse con ningún gran empresario (bajo
condiciones de subordinación) perderán su tierra, pues deberán aceptar la
compra directa por el valor catastral del bien (muy por debajo del valor
comercial) que le planteará el Incoder. De lo contrario serán expropiados.
El
vocero del Gobierno Nacional Jorge Enrique Vélez Superintendente de Notariado y
Registro, sostiene que el proyecto de ley 133/14 no es una iniciativa sobre
baldíos sino sobre productividad[1], sin
embargo, el proyecto en ningún momento busca afectar los latifundios improductivos, dedicados por
ejemplo a la ganadería extensiva de la Costa Atlántica.
Adicionalmente,
el Superintendente ha manifestado que incluso dos campesinos podrían asociarse
para solicitar el impulso de proyectos productivos dentro de una ZIDRE[2].
Argumento falaz, pues los requisitos que el proyecto plantea para constituir
una ZIDRE están diseñados para que solo puedan cumplirlos los empresarios. Entre
ellos están: presentar un esquema de viabilidad administrativa,
financiera y jurídica y de sostenibilidad ambiental, así como, presentar un
sistema que garantice la compra de la totalidad de la producción a precios de
mercado por todo el ciclo del proyecto a los asociados, entre otros.
Por
último es imperativo advertir que la ponencia redefine el concepto de
trabajador agrario establecido en el artículo 64 de la Constitución, para
poderle entregar los baldíos a empresarios y no a los campesinos. De acuerdo
con la jurisprudencia constitucional (V.g. sentencia t-488-14):
“El objetivo primordial del sistema de baldíos es permitir
el acceso a la propiedad de la tierra a quienes carecen de ella, situando el
centro de la política agraria sobre los campesinos y en mejorar las condiciones
de vida de una comunidad tradicionalmente condenada a la miseria y la
marginación social”.
Contrario
a dicha disposición el proyecto establece que trabajadores agrarios no son solo
los sujetos de reforma agraria, sino
pequeños o grandes productores, eliminando además toda alusión al
campesinado en la ponencia.
El
proyecto de ley 133/14 debe ser archivado, de lo contrario el Gobierno se
convertirá en el nuevo despojador legal y pasará a la historia como el artífice
de la peor contrarreforma agraria, aquella en la que se decidió expropiar a los
pobres, para entregarle tierra y subsidios a manos llenas a los empresarios que
hicieron compras ilegales en zonas como la Altillanura.
El
Senador advirtió: “Todo indica que el
Gobierno tiene una interpretación ambigua del derecho a la propiedad. Solo
cuando se trata de grandes empresarios o terratenientes los reconoce y
defiende, pero cuando se trata de respetar la propiedad campesina, y velar por
su territorialidad, despliega todos los mecanismos necesarios para eliminarla,
y someter a nuevas formas de esclavitud al campesinado. Nada más antitético al
primer punto de los acuerdos de la Habana”.
Oficina de prensa
Senador Iván Cepeda Castro
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