Iván Duque asumió la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2018. Por esos días el país se estremecía por la violencia desbordada y creciente contra los líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos. Un mes antes, se había realizado una multitudinaria velatón en todas las principales ciudades del país y del mundo, reclaando por la vida de quienes estaban siendo asesinados[1].
El nuevo presidente, incluyó dentro de sus políticas el pacto por la vida, para garantizar la protección de líderes y lideresas sociales. Pero ha pasado casi año y medio desde la posesión presidencial y contrario a lo que afirma el gobierno nacional, la situación de derechos humanos ha empeorado en casi todo el territorio nacional con un agravamiento en el número y la sevicia de los hechos victimizantes cometidos contra líderes y lideresas sociales.
Si bien ha señalado en varias oportunidades la disminución del número de asesinatos de líderes sociales durante su gobierno (en junio de 2019 señalaron que la disminución había sido del 32%[2] y en el mes de octubre el consejero Barbosa señaló que la reducción había sido del 47%[3]); esto ha sido desmentido de manera contundente por diferentes organizaciones y la misma Defensoría del Pueblo, quien señaló en su informe de seguimiento a la alerta temprana 026 de 2018 que: “Se hace imposible determinar la reducción efectiva de los homicidios contra personas defensoras de los derechos humanos con tan solo una fuente de información (OACNUDH) y a esta situación se le suma que el gobierno nacional no ha tenido ni tiene en cuenta las cifras y casos reportados por la Defensoría del Pueblo mediante la AT 026-18 ni tampoco en otros espacios de articulación institucional”[4].
Son muchas las razones para afirmar que la política del Gobierno de Iván Duque para la prevención y protección de aquellas personas que defienden derechos humanos y se encuentran en situación de riesgo ha sido errada.
Para empezar, dentro de su política de seguridad y defensa desconoció el enfoque de seguridad humana contemplado en el Acuerdo de Paz. Se ha empeñado en desconocer, debilitar o hacer inoperantes, gran parte de los mecanismos previstos en el Acuerdo de Paz en materia de garantías de seguridad como ha ocurrido con el Pacto Político Nacional, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, El Cuerpo élite de la Policía, La Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, El sistema Integral para el Ejercicio de la Política, El Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los Territorios, El Mecanismo Nacional de Supervisión e Inspección Territorial a los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, Las Medidas de Prevención y Lucha Contra la Corrupción, el Sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones criminales, entre otros.
Dichos mecanismos fueron construidos cuidadosamente entre el gobierno y la insurgencia en la mesa de negociaciones, a partir de numerosos diagnósticos, que contaron con la participación de comunidades y organizaciones sociales afectadas, ONG y expertos nacionales e internacionales. Estos mecanismos en su mayoría fueron creados mediante decretos emitidos durante la presidencia de Juan Manuel Santos, y a pesar de los múltiples incumplimientos por parte de su gobierno en la puesta en funcionamiento, su implementación normativa permitiría convertir en política de Estado las medidas de seguridad para construir la paz en Colombia.
Sin duda, el fracaso del presidente Duque en su deber de proteger la vida, libertad e integridad de todas las personas que defienden derechos humanos en Colombia, comenzó desde el momento en que desechó los importantes avances del Acuerdo de paz en materia de garantías seguridad, desconociendo la obligación constitucional que tienen todas autoridades del Estado de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final[5].
Por el contrario, Duque se embarcó en una soberbia y ambiciosa estrategia a la que denominó “Plan de acción oportuna de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas” (PAO). Este Plan de Acción fue lanzado en el mes de noviembre de 2018 y cuenta con los siguientes componentes: i). La articulación y reingeniería institucional; ii. La actuación estratégica en el territorio; iii). Una estrategia de comunicación y capacitación; y iv). La formulación de una Política pública de prevención y protección integral, construida a partir de los tres ejes anteriores.
El PAO parte de un diagnóstico interesante, pero limitado, al reconocer únicamente como riesgos los actores y economías ilegales, desconociendo los riesgos originados por la estigmatización ejercida por funcionarios públicos, la acción y excesos de Fuerzas militares y de Policía, la continuidad de grupos paramilitares y sus nexos con agentes del Estado, la discriminación contra pueblos étnicos, mujeres y población LGBT, así como las acciones violatorias de los derechos humanos cometidas por empresas nacionales y extranjeras en Colombia.
Por otro lado, el Plan de Acción Oportuna deja por fuera otros aspectos fundamentales que son parte del Acuerdo de Paz en materia de garantías de seguridad, como el desmantelamiento y/o sometimiento a la ley para las organizaciones criminales o sucesoras del paramilitarismo. Duque no ha actuado como un estadista al desechar los avances alcanzados en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, o en el proceso de sometimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Si bien propone acciones necesarias como la reingeniería de la Unidad Nacional de Protección, entidad sobre la que recae la principal responsabilidad en materia de protección material de los líderes y lideresas en situación de riesgo, y sobre la que existen innumerables cuestionamientos; el proceso sigue en etapa de diagnóstico sin que se hayan realizado cambios institucionales significativos.
De igual manera, la construcción de una política de garantías para la labor de defensa de los derechos humanos constituye una tarea muy importante que ha sido una exigencia histórica de las organizaciones sociales en Colombia. Pero el Gobierno nacional ha sido muy irresponsable en el proceso de construcción de dicha política. Al inicio de su mandato, Iván Duque pretendió desconocer los acumulados existentes en materia de garantías para la defensa de los derechos humanos en espacios como la Mesa Nacional de Garantías, las Mesas territoriales de Garantías, la Subcomisión de Derechos Humanos de Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Ante la presión nacional e internacional, posteriormente el gobierno nacional convocó a los espacios de articulación en derechos humanos como la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Estas a su vez decidieron participar del proceso a través de una gran articulación llamada La Confluencia, con quién estableció una metodología unificada y participativa para recoger diagnósticos y propuestas teniendo en cuenta los enfoques territorial, étnico y de género.
No obstante, este conjunto de organizaciones decidió suspender su participación en el proceso de formulación de la política de garantías el pasado 6 de noviembre, al constatar que no existía una voluntad política real de parte del Gobierno nacional para avanzar en la implementación de los mecanismos de protección existentes, incluyendo los establecidos en el Acuerdo Final de Paz. Esto lo evidenciaron con la reactivación del conflicto armado e intensificación de la violencia sociopolítica en muchas partes del país, la expansión del paramilitarismo y de la criminalidad ligada al narcotráfico así como el creciente nivel de connivencia de sectores de la fuerza pública con estos grupos. De igual manera, denunciaron la reiterada estigmatización por parte de altos funcionarios del gobierno nacional contra las organizaciones sociales, guardias indígenas, campesinas y cimarronas, así como las judicializaciones en contra de líderes y lideresas sociales[6].
Esta decisión tuvo como detonante el irrespeto y falta de diálogo en el Departamento del Cauca, ante la gravísima situación de agresiones contra los pueblos indígenas, afro descendientes y comunidades campesinas, cuando ante el vil asesinato de la Gobernadora Indígena Cristina Bautista, la decisión del presidente fue enviar 2500 tropas más al departamento, en un acto que desconoce la realidad territorial del conflicto y los procesos de autoprotección de las comunidades.
De igual manera, el retorno de los falsos positivos como práctica de la Fuerza Pública, con casos donde participaron miembros de la fuerza pública en el asesinato de la Candidata Karina García a la Alcaldía de Suarez, la ejecución extrajudicial de Flower Trompeta en Corinto, Cauca, o el complejo plan que involucró a diversos mandos del Ejército nacional en la ejecución extrajudicial de Dimar Torres, en el Catatumbo[7], siendo solo la punta del iceberg de lo que han generado las directrices de “body counting” que fueron denunciadas por el New York Times[8]. Estos hechos fueron pruebas suficientes para la Confluencia, de la falta de interés por proteger los derechos humanos contenida en la política de seguridad y defensa del gobierno de Iván Duque.
Pese a la retirada de las principales plataformas de derechos humanos y de organizaciones sociales del escenario de construcción de la Política Pública, el Gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior siguió adelante sin atender ninguna de las peticiones hechas por las organizaciones como: Concertar y detener militarización, cambio de funcionarios y convocatorio extraordinaria de escenarios de garantías.
Por el contrario presentó el 10 de diciembre el Marco de política pública de protección integral y garantías para líderes sociales, comunales, periodistas y defensores de DD.HH. en la ciudad de Cartagena[9], en un escenario manipulado que no contaba con la participación de las organizaciones más afectadas por la violencia.
Sin duda, esto deja un mal precedente frente a la política pública de protección integral y garantías para líderes sociales, comunales, periodistas y defensores de los derechos humanos está siendo formulada por medio de un documento CONPES, durante el primer trimestre del 2020. Dicho documento quedará como un saludo más a la bandera sino existe la mínima coherencia por parte del Gobierno nacional en cuanto a su lineamiento de derechos humanos.
Las falta de garantías por parte del gobierno nacional al ejercicio legítimo de defender los derechos y movilizarse por ellos, han sido especialmente evidentes desde el 21 de noviembre (día en que comenzó el paro nacional), con una oleada de movilizaciones nunca antes vistas en la historia de Colombia.
El tratamiento de guerra dado a las jornadas de paro y movilización, donde se violaron flagrantemente los protocolos de derechos humanos, evidencian la falta de compromiso real por parte del Gobierno nacional por encontrar una política de garantías para la Defensa de los derechos humanos.
El asesinato de Dylan Cruz por parte de un agente del ESMAD se convirtió en el hecho que causó la mayor indignación, pero las agresiones por parte de la fuerza pública han sido numerosas. La campaña defender la libertad contabilizó hasta el 3 de diciembre 914 detenciones, que en un alto porcentaje fue decretadas ilegales, por no existir los elementos que la justificaran, así como por las agresiones físicas cometidas durante su desarrollo[10]. También registró más de 300 heridos, entre ellos entre ellos algunos con arma de fuego por parte de la Policía, como lo es el caso de Duván Villegas, quien difícilmente podrá volver a caminar por culpa de un impacto de bala que recibió en su espalda.
El gobierno de Iván Duque, ante la crisis evidente en que se encuentra, continúa gobernando con oídos sordos, desconociendo el Acuerdo de paz y la participación de la social. Frente a la vida e integridad de los líderes y lideresas sociales, la sociedad colombiana ha ido superando la indiferencia, siendo el rechazo a la violencia en su contra y la exigencia de su protección uno de los puntos principales del Comité del Paro y las diversas manifestaciones que han ocurrido desde el 21 de Noviembre en el marco del Paro Nacional. Si el gobierno de Iván Duque no re plantea su política de seguridad y protección, en el año 2020 la sociedad colombiana no dejará de salir a las calles para exigir respeto y garantías para defender los derechos humanos.
*Publicado originalmente en el Tanque de Pensamiento AlCentro
https://alcentro.co/columnas-de-opinion/gobierno-duque-fracasa-en-la-proteccion-de-lideresas-sociales/
Diego es Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Derecho de Tierras de la Universidad Externado de Colombia. Integrante del Colectivo Agrario Abya Yala. Actualmente se desempeña como investigador en derechos civiles y políticos de la Comisión Colombiana de Juristas.
[1] Revista Semana. Las velas que por nuestros muertos se encendieron en el mundo. Julio 7 de 2018. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/galeria/fotos-de-la-velaton-por-la-vida/574389
[2] Presidencia de la República. Durante el Gobierno del Presidente Duque los homicidios de líderes sociales se han reducido el 32%, reveló el Consejero para los Derechos Humanos. Junio 5 de 2019. Disponible en: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190605-Gobierno-Presidente-Duque-homicidios-lideres-sociales-reducido-32-Consejero-Derechos-Humanos.aspx
[3] Presidencia de la República. Hay una reducción del 47% en los homicidios de líderes sociales en Colombia, reveló el Consejero para los Derechos Humanos. Octubre 23 de 2019. Disponible en: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/reduccion-del-47-homicidios-lideres-sociales-Colombia-Consejero-Defensa-Derechos-Humanos.aspx
[4] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas. Informe de seguimiento alerta temprana 026 -18. Agosto de 2019.
[5] Acto Legislativo 02 de 2017 “por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
[6] La Confluencia. La Confluencia suspende su participación en el proceso de formulación de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la labor de Defensa de los DERECHOS HUMANOS. Noviembre 6 de 2019.
[7] Ibídem
[8] The New York Times. Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales. Mayo 18 de 2019. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/colombia-ejercito-falsos-positivos/
[9] Ministerio del Interior. Presentación Marco de política pública de protección integral y garantías para líderes sociales, comunales, periodistas y defensores de DD.HH. Diciembre 10 de 2019. Disponible en: https://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/presentacion-marco-de-politica-publica-de-proteccion-integral-y-garantias-para-lideres-sociales-comunales-periodistas-y-defensores-de-ddhh
[10] Campaña Defender la Libertad es un Asunto de Todos. Boletín informativo #9: Paro Nacional. Diciembre 3 de 2019. Disponible en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-9-paro-nacional/
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