PRONUNCIAMIENTO DEL COLECTIVO AGRARIO ABYA YALA
Como Colectividad acompañante y participante de procesos sociales, culturales, políticos y populares en distintas geografías de nuestro país, manifestamos nuestro profundo rechazo al trato dado por Iván Duque y su partido de mal gobierno, a la población civil movilizada en el ejercicio de su legítimo derecho a la protesta, desde el pasado 28 de abril de 2021-28A y a la fecha.
La movilización no ha sido infructuosa. Por el contrario, logró quitarle la venda de los ojos a la ciudadanía acerca de la Reforma Tributaria y llevó a la renuncia del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Nos hizo reaccionar frente a la pretendida reforma al sistema de salud y otras tantas reformas en curso en contra de los pueblos. Exige la implementación del Acuerdo de Paz con las personas excombatientes de las FARC-EP. Nos convoca a ejercer nuestro derecho a la protesta sin criminalizar y demanda el desmonte del ESMAD, así como la no militarización de ciudades y de lugares con población movilizada. El Paro nos invita a luchar por mantener la gratuidad de la educación pública hasta el bachillerato y lograrla en el nivel profesional. Estas son solo las más representativas proclamas que se escuchan en las calles, entre muchas reivindicaciones populares que propenden por lograr soberanía alimentaria, acceso a la tierra, trabajo digno, un ambiente sano… en conclusión nos llama a la dignidad.
Son varios los sectores y actores que se han sumado al grito desesperado de dignidad; estudiantes, trabajadoras, transportadores, mujeres, afrocolombianos, indígenas, entre otros, se ven en las calles, como ríos de gente valerosa. Desde nuestro lugar de madres, también proclamamos que no parimos para la guerra y acompañamos desde nuestro sentir profundo a todas aquellas a quienes la violencia estatal les ha arrebatado a sus hijes.
Un actor fundamental y que nos ha dado ejemplo de organización y resistencia es la Minga Indígena y su Kiwe Thegnas o Guardia Indígena. Una vez inició el presente Paro, se sumaron como siempre adelantando acciones de acompañamiento a la movilización en el distintos lugares del Cauca y la ciudad de Cali principalmente. Además de la violencia escalada, desde el 28A, el 9 de mayo en la capital del Valle del Cauca se atacó de manera directa a la población civil movilizada, a la minga indígena y a la guardia, dejando un saldo de diez (10) personas heridas por impacto de armas de fuego, incluyendo a Daniela Soto, joven activista del CRIC herida de gravedad que en este momento necesita apoyo. Los agresores fueron civiles armados, acompañados e infiltrados de la Policía Nacional, hecho registrado en múltiples videos de circulación masiva en redes sociales.
Frente a estos hechos, alertamos sobre las obligaciones que tiene el Estado colombiano de cumplir a cabalidad con los Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a través de sus servidores públicos, máxime al tratarse de pueblos indígenas, sujetos de especial protección constitucional.
Hacer hincapié en la Convención Internacional contra el delito de Genocidio, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y el Estatuto de Roma; de donde resaltamos que la coadyuvancia, omisión y acción de los funcionarios del Estado en estos actos, constituyen criterios de responsabilidad en lo que se conoce como uno de los delitos mas graves de la humanidad. Llamamos a los organismos internacionales para contar con su apoyo en la búsqueda de justicia en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos -DIDDHH-, señalando la responsabilidad material y política de estos hechos.
Así mismo, rechazamos de manera enfática (según cifras de la noche del 10 de mayo por Defender la libertad):
● Los 52 Asesinatos a manifestantes presuntamente por la fuerza pública,
● Las 15 agresiones de Violencia sexual a mujeres y basadas en género,
● Las 489 personas Heridas,
● Las 435 personas presuntamente Desaparecidas,
● Las 1365 Detenciones arbitrarias,
● Las 709 Denuncias por abuso de poder, agresión, autoridad de la policía
No es posible que a 528 años de iniciada la persecución y despojo físico y cultural de los pueblos originarios, hoy con aquiescencia de la Fuerza Pública y complicidad del Estado, se continúen perpetrando prácticas patriarcales, racistas, discriminatorias y genocidas. Lo cual, resaltamos, no sólo impacta a los pueblos indígenas, comunidades negras, palenqueras o raizales y campesinado, sino también contra quienes estamos en un ejercicio político de oposición: el genocidio político también constituye una modalidad vigente en nuestro país, lo hicieron con la Unión Patriótica y no lo olvidamos.
Frente a esta situación de muerte y mal gobierno, de confrontación directa de las fuerzas del Estado contra el pueblo colombiano en su reclamo de Paz y de construcción de un país digno, mantendremos nuestro apoyo al Paro Nacional y a todas las organizaciones populares de las cuales hacemos parte y acompañamos en esta lucha en las calles. Y decimos:
¡Viva el Paro Nacional! Por nuestros muertos ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha y resistencia.
Guardia, guardia, fuerza, fuerza. 11 de mayo del 2021
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