RESOLUCIÓN NÚMERO 0001
Las autoridades
indígenas de los pueblos: Amorua, Curripaco, Piaroa, Sikuani, Wamone, Cuveo,
U’wa,Sáliba, Piapoco, Puinave, Tsiripu, Macaguan, Masiware, Hitnu, Betoy, Inga,
Achagua, Witoto, Yaruro, Yamalero, Wipijiwi, Mapayerris.
Representados en
las organizaciones: ASCATIDAR -Asociación de Cabildos y Autoridades
Tradicionales de Arauca, CRIVI -Concejo Regional Indígena del Vichada, UNUMA -Unión
de Trabajo para la Defensa de la Vida del Meta y Vichada, ASOCAUNIGUVI
-Asociación de Cabildos y Autoridades Unión de Guainía y Vichada, ORIC
-Organización Regional Indígena del Casanare, ACATISEMA -Asociación de Cabildos
y Autoridades Tradicionales Indígenas de la Selva Mataven, Palameku,ACIM UNUMA
-Asociación de Cabildos Indígena del Meta, ORPIBO -Organización de los Pueblos Indígenas
del Bajo Orinoco, ASAISOC-Asociación de Autoridades Indígenas Sálibas de Orocue
Casanare y laONIC-Organización Nacional Indígena de Colombia.
Basados enla Ley
de Origen o Derecho Mayor, la Ley 21 de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la
OIT, La Declaración de derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas y la Ley 89 de 1890.
En uso de nuestras
facultades constitucionales y legales,
dentro del desarrollo de la reunión de los pueblos indígenas de la macro Orinoquía, llevada a cabo en el
departamento del Vichada, municipio de Cumaribo, resguardo indígena Santa
Teresita del Tuparro los días 6 y 7 de agosto de 2013
CONSIDERANDO:
1.
Que para los pueblos indígenas
de la Orinoquía colombiana el territorio compuesto por universo, suelo,subsuelo,
espíritu, agua, es sagrado y base fundamental para la pervivencia y
supervivencia de los pueblos.
2.
Que en la actualidad persisten
las amenazas inminentes de despojo que
existen a causa de la política del gobierno en asocio con las transnacionales.
3.
Que la Corte Constitucional a
través del Auto 004 de 2009 determinó que todos los pueblos indígenas de la
Orinoquia se encuentran en grave riesgo de extinción física y cultural.
4.
Que en desarrollo de la política
minero energética, se está afectando directamente los territorios tradicionales
y ancestrales, auspiciando el despojo, expropiación y desplazamiento de los
pueblos y comunidades indígenas.
5.
Que por ocasión al conflicto
armado que se presenta en nuestro territorio, continua la sistemática vulneración
y violación de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas.
6.
Que el plan de desarrollo del
gobierno“Prosperidad para todos”pretende otorgar los territorios ancestrales de
las comunidades indígenas de la Orinoquia a grandes intereses económicos,
declarando estos territorios como baldíos, hecho de violencia que ha conducido
a que de manera ilegal el Incoder adjudique nuestros territorios a terceros,
con la connivencia de los jueces de la región, que están realizando procesos de
lanzamiento de nuestros pueblos, como en el caso de la comunidad indígena Puerto
Colombia ubicada en el municipio de Puerto Carreño, la
cual está en riesgo de extinción de conformidad a lo señalado en el Auto 004 de
2009 de la Corte Constitucional, comunidad que tiene 22 horas para ser
desalojada.
7.
Que el Decreto 1465 de 10 de
julio de 2013, pretende desconocer el derecho natural de primeros propietarios
ancestrales de los pueblos indígenas convirtiéndose en una amenaza para la
protección propiedad ancestral.
8.
Teniendo en cuenta que las
comunidades indígenas venimos protegiendo
milenariamente e históricamente el ecosistema biológico, manteniendo así el equilibrio natural del
medio ambiente, consideramos que el
proyecto REDD+ implica la privatizacióny
mercantilización delos bosques colocando en riesgo la soberanía alimentaria y
la autonomía de nuestros pueblos indígenas.
9.
Teniendo en cuenta además que los estudios de exploración sísmica para la
extracción de hidrocarburos, están generando daños irreversibles e irreparables
a la salud,cultura, economía, supervivencia física y espiritual.
10.
Que la política minero
energética atenta de manera profunda la supervivencia de nuestros pueblos
debido a que el Estado pretende mediante la figura de las zonas mineras
indígenas y el supuesto derecho de la prelación imponer la vocación minera en
nuestro territorio.
11.
Que el otorgamientoindiscriminado
y masivo de títulos mineros de manera inconsulta obstaculiza el goce efectivo de
nuestros derechos ante el territorio.
12.
Que existe una discriminación étnica estructural
por parte del Estado, representado en sus instituciones en la región de la
Orinoquia, como el caso de la gobernación del Vichada, las alcaldías de
Cumaribo y Puerto Carreño, laspersonerías municipales de Cumaribo en cabeza de Rosendo Rey y David Benito del
municipio de Puerto Carreño, la Defensoría del Pueblo regional del Vichada en
cabeza de Rafael Cotes, la Defensoría del Meta Eduardo González, el Incoder del Vichadaen persona de
Nery Oroz, Bienestar Familiar, Corporinoquia, Fiscalía y Tribunal Administrativo
de Villavicencio que vienen realizando acciones constantes de discriminación, que
han pretendido truncar el goce efectivo de nuestros derechos, desconociendola aplicación de las normas constitucionales
que logramos los pueblos indígenas en
1991.
13.
Consideramos que todos estos
actos narrados en estos considerandos, pretenden en virtud del desarrollo de las políticas estatales generar
un desarraigo territorial de los pueblos indígenas y un genocidio premeditado de nuestros
pueblos que hoy están en grave riesgo de desaparición física y cultural.
De conformidad con lo anteriormente expuesto
RESUELVEN:
- 1. Elevar el sector agrícola tradicional, la diversidad étnica cultural, y las fuentes hídricas a patrimonio de la humanidad y de utilidad pública, por encima de los intereses económicos y en particular del sector minero energético.
- 2. Declarar zonas libres de minería los territorios indígenas de la Orinoquía.
- 3. Suspender y revocar los títulos mineros otorgados porque atentan contra la función ecológica de nuestros territorios.
- 4. Exigir a las empresas mineras que han contaminado, salir de los territorios y responder por los daños y perjuicios en lo ambiental,cultural, económico y social, ocasionados en el desarrollo de su actividad, en particular a la empresa Pacific Rubiales en los campos: Rubiales, Kifa yCagua, cuyas operaciones se desarrollan en territorios ancestrales.
- 5. Solicitar a las entidades de control,investigar las conductas contrarias a derecho, cometidas por acción u omisión por los funcionarios asignados, por otorgar concesiones mineras, energéticas y de hidrocarburos en los territorios indígenas.
- 6. Solicitar al Ministerio de Minas y Energía, INGEOMINAS y las autoridades mineras, ANH abstenerse de otorgar concesiones mineras y de hidrocarburos en los territorios de los pueblos indígenas.
- 7. Requerir a la Corte Constitucional que ordene al Estado colombiano anular los títulos mineros y de hidrocarburos en los territorios de los pueblos indígenas como una medida de cumplimiento de los planes de salvaguarda y el programa de garantías ordenado en el Auto 004 de 2009 por la honorable Corte Constitucional.
- 8. Solicitar a la Corte Constitucional que garantice el derecho fundamental al territorio de la comunidad de Puerto Colombia en el municipio de Puerto Carreño y al Consejo Superior de la Judicatura hacer las investigaciones disciplinarias sobre comportamiento de los jueces administrativos del Meta.
- 9. Exigiral ICBF, resarcir los derechos violentados a las comunidades indígenas de la Orinoquia mediante del precepto constitucional de la familia como base de la sociedad, regresando los menores dados en adopción de forma arbitraria, a las familias de los pueblos indígenas de la Orinoquia yabstenerse de realizar los procedimientos ilegales e inconsultos de adopción de menores indígenas.
- 10. Exigir al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda buscar de manera inmediata los recursos para el saneamiento, ampliación y constitución de resguardos en la Orinoquía.
- 1. 11.Exigir al gobierno nacional y al INCODER acelerar los procesos de seguridad jurídica de los territorios ancestrales considerados como baldíos.
- 11. Solicitar que el proyecto REDD+o proyectos similares sean retirados del territorio indígena como el caso de ACATISEMA.
- 12. Requerir a la Procuraduría delegada de pueblos indígenas, realizar las acciones pertinentes por los constantes hechos de discriminación étnica y por el incumplimiento de su función constitucional de divulgar, proteger y promover los derechos étnicos de los pueblos indígenas en particular: al defensor regional del Vichada Rafael Cotes, al Defensor Regional Meta Eduardo González, al personero municipal de Cumaribo Rosendo Rey, Personero Municipal de Puerto Carreño José David Benito, a los funcionarios ICBF que por acción u omisión han violentado los derechos de las familias indígenas.
- 13. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA otorgar medidas cautelares de protección a la comunidad de Puerto Colombia y demás comunidades en riesgo de exterminio físico y cultural por las políticas de acaparamiento de territorios, de industrias extractivas en los territorios indígenas de la Orinoquía Colombia.
Publíquese y Cúmplase
8 Agosto de 2013, resguardo Santa Teresita el Tuparro, Municipio de
Cumaribo, Departamento del Vichada.
Con copia:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,Autoridades
Tradicionales Indígenas de Colombia,Presidencia de la República,Corte Constitucional,
Congreso de la República, Consejo de Estado, Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos, Relator de Derechos de los Pueblos Indígenas de las
Naciones Unidas,Ministerio del Interior y de Justicia, Consejo Superior de la
Judicatura, Procuraduría Delegada de Pueblos Indígenas.
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