SEMANA.COM El Incoder, que debe ser motor de la
revolución de tierras que propone el gobierno, está en riesgo de parálisis por
pleitos que heredó, líos con otras entidades y enemigos internos que se
resisten a salir.
Miriam Villegas lleva tan solo seis
meses como directora del Incoder y ya está agobiada. Reemplazó a Juan Manuel
Ospina, quien salió a finales de marzo, en medio de críticas porque no había
puesto a marchar al instituto al ritmo que se necesita y tampoco había logrado
descifrar muchos de los problemas internos. A pesar de la gran voluntad que la
asiste, la nueva directora no solo no ha podido quitarle la camisa de fuerza
que tiene puesta la entidad desde hace años, sino que ahora, de todos lados, le
están apretando más fuerte las amarras. La situación llega a ser tan difícil
que vale la pena preguntar ¿qué tan viable es en realidad esta entidad clave
para el desarrollo agrario del país y para definir a quién le pertenece la
tierra?
Una de las formas como están paralizando al Incoder es a través de demandas y
pleitos judiciales. Y no son propiamente pleitos sencillos. La entidad tiene en
estos momentos más de 90 casos críticos que vienen de muchos años atrás y
consumen parte importante de sus recursos. Entre ellos está el caso de El Prado,
un predio en la Jagua de Ibirico, en el Cesar, que el Incora (hoy Incoder)
destinó en 1996 para 149 familias que llegaron deportadas de Venezuela. Esas
tierras colindan con la mina de Calenturitas que explota hoy la multinacional
Prodeco.
En 2007, por sugerencia del gobierno Uribe, Prodeco adquirió esas tierras para
controlar el impacto ambiental. Y para eso, por un lado les pagó a los
ocupantes del momento (que ya no eran los que habían ocupado las tierras en
1996, sino otros) las mejoras y le pagó las tierras al Incoder que nunca había
dejado de ser el verdadero dueño. Se dieron dos problemas. El primero, porque
luego regresaron los primeros ocupantes y dijeron que a ellos los habían
desplazado de esas tierras. La Fiscalía está investigando si en efecto los
segundos ocupantes -los que recibieron el pago por las mejoras- eran
testaferros de paramilitares. Y el segundo problema es que, con la plata que
Prodeco pagó por esas tierras (que en realidad la puso en una fiducia para que
el Incoder comprara otras), un director regional del Incoder de entonces, que
hoy está preso por paramilitarismo, compró tierras inservibles en otras partes
del país.
El procedimiento del Incoder de la época, así como el tipo de contrato que hizo
con Prodeco para venderle la tierra deja, por decir lo menos, muchos
interrogantes abiertos. La situación hoy se resume en que, por un lado, Prodeco
se quedó sin la tierra del Prado, que están en discusión, y sin la plata que
pagó por ella. Le está reclamando el dinero al Incoder, y de hecho anunció que
demandará, pero este no tiene cómo devolvérselo. Y por el otro, los primeros
ocupantes también demandaron, un juez falló y ordenó al Incoder entregarles las
tierras o pagarles 25.000 millones de pesos. Pero como el Incoder no es el dueño
ya de las tierras tendría que desembolsar esa suma y la directora Miriam
Villegas no lo ha hecho porque considera que incurriría en prevaricato. Ya no
tiene prácticamente ninguna instancia judicial a la cual recurrir para resolver
ese enredo y podría terminar en la cárcel por los errores de quienes la
precedieron en el cargo.
Pero este no es el único caso en el que Miriam Villegas parece tener una camisa
de fuerza. Tanto ella, como la subgerente de tierras, Jennifer Mojica, y hasta
el mismo ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, han sido recusados para
participar en otro difícil proceso de recuperación de tierras, el caso de Las
Pavas. Según los empresarios afectados con la decisión del Incoder, los tres
funcionarios conocían el caso de antemano, y con la recusación les atan las
manos para actuar. El Incoder entonces está esperando a que se cumpla el
término del debido proceso para empezar la tan anunciada extinción de dominio
de estos predios.
Otro caso emblemático que han logrado frenar a punta de tutelas es el de las
tierras del Vichada, asignadas a testaferros del excongresista investigado por
vínculos con paramilitares, Habib Merheg, que SEMANA denunció en 2007. Un año
después de la denuncia, el Incoder empezó un proceso para revocar los títulos
de esos predios, pero solo dos años después ordenó a los ocupantes salir de
esas tierras. Antes, el Consejo de Estado debía certificar que no había ninguna
demanda de revisión de los afectados y solo dio su visto bueno en 2011.
Finalmente, este año se dio la orden definitiva de desalojo a los ocupantes
pero estos lograron que un juez del Tribunal Promiscuo de Puerto Carreño
fallara a su favor unas tutelas, y con eso, frenaron el proceso. Ahora, el Incoder
tiene que esperar a que la Corte Constitucional revise esa tutela y determine
si un juez local tiene competencia para bloquear la orden de un ente nacional.
Mientras tanto, la Fiscalía investiga a los ocupantes, a los jueces, y a los
funcionarios del Estado que podrían ser cómplices en esta estrategia de los
testaferros de Merheg para conservar los baldíos.
Pero no solo son problemas de gran calado los que no lo dejan avanzar. El
Incoder también está teniendo problemas con jueces y funcionarios locales y
todo tipo de trabas administrativas. Recientemente, por ejemplo, los jueces
ante los que se presentó una demanda contra unos concentradores de tierras le
exigieron presentar el contrato original de compraventa de los terrenos, lo que
incluso va en contra de la Ley Antitrámites. Y en cuanto a la cooperación de
otras entidades locales, el Incoder se queja, por ejemplo, de que en una
diligencia que sus funcionarios tenían que hacer para aclarar una propiedad en
las Islas del Rosario, la misma alcaldía de Cartagena no quiso colaborar.
Al interior del mismo Incoder también hay enemigos. En algunas oficinas aún no
han sacado personal que sigue siendo cómplice del despojo de tierras,
engavetando algunos procesos e incluso operando oficinas paralelas donde falsifican
documentos. Pero nada se puede hacer por ahora, es otra camisa de fuerza,
porque todo debe seguir un debido proceso disciplinario y debe haber pruebas de
estas acciones para poder sacarlos de la entidad, sobre todo cuando son de
carrera.
Para completar, la articulación del Incoder con otras entidades del Estado
tampoco ha resultado muy efectiva. Se supone que el Ministerio de Agricultura,
el Incoder, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Superintendencia de
Notariado y Registro comparten información sobre las tierras y que todo está
articulado en un mismo sistema de consulta. Pero hay notarías y oficinas de
registro en varias zonas del país que todavía tienen la información en papel.
Además, el Estado y el desorden de algunos de los archivos de estas entidades
en algunas regiones son deplorables.
También hay problemas a la hora de esclarecer si un predio está en una zona de
protección ambiental, por ejemplo en zona de reserva forestal, como de hecho lo
están muchos de los baldíos sobre los que hay solicitudes de titulación y
ocupación por parte de campesinos, o si sobre él hay una concesión o solicitud
de un título minero. Para esto el Incoder debe solicitar información al
Ministerio de Medio Ambiente y a la Agencia Nacional Minera, lo que hace que
estas consultas se demoren aún más. Un proceso de titulación de tierras puede
demorarse cuatro años.
Todos estos factores son un mal presagio para lo que viene con los procesos de
restitución de tierras. Si bien es cierto que la restitución no depende
enteramente del Incoder, pues el gobierno creó la Unidad de Restitución de
Tierras que se dedica exclusivamente a lograr esa misión, las leguleyadas y
demás trabas que enfrenta el Instituto también podrían presentarse contra los
procesos que lleva la Unidad. Los jueces de tierras tienen la responsabilidad
de que el apego a ciertos formalismos del derecho y las estrategias jurídicas
de quienes se oponen al proceso no terminen siendo otra camisa de fuerza para
implementar la ley.
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