En marco de la reciente aprobación de la “Ley de víctimas” (PL 107 de 2010) en la plenaria de la Cámara de Representantes, el Instituto de Ciencia Política (ICP) y Fedesarrollo realizaron el debate sobre la política integral de tierras contenida en el proyecto. Al evento, de la mañana del 16 de diciembre, asistieron los congresistas Miguel Gómez, Guillermo Rivera y Fernando Cristo (autores del proyecto), Rafael Mejía, presidente de la SAC – Sociedad de Agricultores de Colombia y Alejandro Reyes del Ministerio de Agricultura. Resalto algunos interrogantes y puntos de discusión:
Se acepta que el conflicto armado no resuelto en el país ha generado el destierro y pérdidas de derechos de propiedad de las víctimas, situación que busca repararse con la ley de restitución, sin embargo la imposibilidad de declarar un posconflicto que garantice la no repetición de las acciones violentas constituye un gran obstáculo a la intención del proyecto. Según los promotores de la Ley, a las víctimas no sólo hay que ofrecerles garantías sobre sus los derechos de propiedad vulnerados sino ofrecerles seguridad física y procesos productivos capaces de retener la mano de obra en el campo. En este sentido se expuso como la consolidación del modelo agro-empresarial que anuncia el Ministerio de Agricultura, buscará aprovechar la redistribución de la mano de obra y la restitución de derechos para promover la venta o alquiler de las tierras para proyectos productivos agroindustriales.
Dado el proceso de reparación que impulsa el proyecto se presentó la discusión sobre los costos fiscales. Dentro de la ley de víctimas, el caso de la restitución de tierras sería el menos costoso dado que con el principio de reversibilidad de la prueba, el actual tenedor de tierras demandadas tiene que demostrar que ha sido un poseedor de buena fe durante el periodo que cubre la Ley (desde enero de 1991) y no la víctima demostrar que fueron vulnerados sus derechos, proceso que para el Estado no genera sino los costos del tramite judicial (Rivera). La crítica a la restitución se presenta en que no existe la capacidad técnica y la información catastral que permita clarificar los derechos de propiedad y dado que el despojo tuvo orígenes violentos, la restitución llegaría a reafirmar el conflicto armado, por lo cual es necesario antes de iniciar un proceso de restitución garantizar la seguridad (Gómez). Sobre el trámite en el Senado que se llevará a cabo el próximo semestre, el Senador Cristo propone revisar los alcances de la Ley para garantizar que no tenga que ser reformada a futuro.
Considero que aunque se argumente que la ley de víctimas incluye múltiples sectores de la sociedad, casos como el abandono del Polo para la aprobación en la plenaria con Iván Cepeda como representante del MOVICE – Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, o en el tema de tierras donde no existe la participación de organizaciones campesinas, negras o indígenas, sostienen un horizonte incierto para saldar la “deuda histórica” que el país tiene con las víctimas del conflicto armado. Por otro lado lo que si avanza con el proyecto es la apuesta a una modernización del campo promoviendo proyectos agroindustriales (ya no economías campesinas) y con un dominio claro de los derechos de propiedad integrar al país en el mercado global de tierras (Mejía de la SAC habla de peticiones de compra por parte de China de más de 400 mil hectáreas) e incentivar la inversión extranjera en sectores denominados por el nuevo gobierno como motores de desarrollo (resalta el caso de la minería).
En marco de la reciente aprobación de la “Ley de víctimas” (PL 107 de 2010) en la plenaria de la Cámara de Representantes, el Instituto de Ciencia Política (ICP) y Fedesarrollo realizaron el debate sobre la política integral de tierras contenida en el proyecto. Al evento, de la mañana del 16 de diciembre, asistieron los congresistas Miguel Gómez, Guillermo Rivera y Fernando Cristo (autores del proyecto), Rafael Mejía, presidente de la SAC – Sociedad de Agricultores de Colombia y Alejandro Reyes del Ministerio de Agricultura. Resalto algunos interrogantes y puntos de discusión:
Se acepta que el conflicto armado no resuelto en el país ha generado el destierro y pérdidas de derechos de propiedad de las víctimas, situación que busca repararse con la ley de restitución, sin embargo la imposibilidad de declarar un posconflicto que garantice la no repetición de las acciones violentas constituye un gran obstáculo a la intención del proyecto. Según los promotores de la Ley, a las víctimas no sólo hay que ofrecerles garantías sobre sus los derechos de propiedad vulnerados sino ofrecerles seguridad física y procesos productivos capaces de retener la mano de obra en el campo. En este sentido se expuso como la consolidación del modelo agro-empresarial que anuncia el Ministerio de Agricultura, buscará aprovechar la redistribución de la mano de obra y la restitución de derechos para promover la venta o alquiler de las tierras para proyectos productivos agroindustriales.
Dado el proceso de reparación que impulsa el proyecto se presentó la discusión sobre los costos fiscales. Dentro de la ley de víctimas, el caso de la restitución de tierras sería el menos costoso dado que con el principio de reversibilidad de la prueba, el actual tenedor de tierras demandadas tiene que demostrar que ha sido un poseedor de buena fe durante el periodo que cubre la Ley (desde enero de 1991) y no la víctima demostrar que fueron vulnerados sus derechos, proceso que para el Estado no genera sino los costos del tramite judicial (Rivera). La crítica a la restitución se presenta en que no existe la capacidad técnica y la información catastral que permita clarificar los derechos de propiedad y dado que el despojo tuvo orígenes violentos, la restitución llegaría a reafirmar el conflicto armado, por lo cual es necesario antes de iniciar un proceso de restitución garantizar la seguridad (Gómez). Sobre el trámite en el Senado que se llevará a cabo el próximo semestre, el Senador Cristo propone revisar los alcances de la Ley para garantizar que no tenga que ser reformada a futuro.
Considero que aunque se argumente que la ley de víctimas incluye múltiples sectores de la sociedad, casos como el abandono del Polo para la aprobación en la plenaria con Iván Cepeda como representante del MOVICE – Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, o en el tema de tierras donde no existe la participación de organizaciones campesinas, negras o indígenas, sostienen un horizonte incierto para saldar la “deuda histórica” que el país tiene con las víctimas del conflicto armado. Por otro lado lo que si avanza con el proyecto es la apuesta a una modernización del campo promoviendo proyectos agroindustriales (ya no economías campesinas) y con un dominio claro de los derechos de propiedad integrar al país en el mercado global de tierras (Mejía de la SAC habla de peticiones de compra por parte de China de más de 400 mil hectáreas) e incentivar la inversión extranjera en sectores denominados por el nuevo gobierno como motores de desarrollo (resalta el caso de la minería).
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