Presentación
En busca de un acercamiento al entramado social que constituye el conflicto social y armado en Colombia, y reconociendo el alcance del espacio político de las victimas como forma de resistencia, se presenta en este trabajo una aproximación a la experiencia de la Comunidad de Autodeterminación Vida y Dignidad, CAVIDA. Esta forma de organización se exteriorizó como una respuesta concebida ante los problemas que planteó el “desplazamiento” forzado en 1997 de la población del corregimiento de Cacarica, Municipio de Riosucio, adscrito a Quibdo en el Choco colombiano. En el proceso de la CAVIDA se han ido vinculando la titulación de tierras colectivas de comunidades negras a partir de la entrada en ejercicio de la ley 70 de 1993 y una dinámica propia de retorno y apropiación del territorio.
Por Achiote. Versión resumida publicada en Revista CEAR No1 Coordinación Estudiantil de Asuntos Rurales, 2010, ISNN:2215-7026, 2010
El trabajo se construye a partir varias etapas. Primero se procederá a dar un pequeño vistazo al territorio, a su ubicación geoestratégica, a las comunidades que lo constituyen y al porqué de la expansión de megaproyectos económicos, políticos y sociales en la zona -ejemplifica el caso de la proyección de la carretera Panamericana por el tapón del Darién. En la segunda etapa se procederá con un breve acercamiento al contexto político que forzó el “destierro” de las comunidades de Cacarica en 1997, que incluye la expansión del paramilitarismo y su alianza con las Fuerzas Militares Estatales. Esta sección se espera contextualizar con la visión histórica del proceso de representantes del Concejo Mayor de Cacarica, quienes antes de ejercer su cargo pertenecían a la CAVIDA.
En la tercera etapa se espera recoger las preguntas y experiencias planteadas por la CAVIDA, reconocida a si misma como organización política, sobre la dinámica de la guerra, la posibilidad de autodeterminación en el escenario de conflicto y los alcances y evaluación de las propuestas que plantea la comunidad a futuro. Como parte del proceso se reconocerá la experiencia de organización de retorno al territorio, los problemas que plantean los ejes de “desarrollo” a partir de la extracción continuada de los “recursos naturales- ilustra el impacto de la actividad maderera y la difícil posibilidad de materializar un proyecto económico alternativo- la posición frente a los megaproyectos económicos y la articulación efectiva que se reconoce de las Ongs y la cooperación internacional. En desarrollo de esta parte final del trabajo, se espera contribuir con discusiones propias frente al proceso de la CAVIDA en los escenarios del conflicto armado y social en el que se sumerge la sociedad colombiana y discutir alrededor de las preguntas que nos transmiten sobre la posibilidad de plantear proyectos económicos alternativos, construyendo a partir de la relación cultural con el territorio.
1. APROXIMACIÓN AL TERRITORIO
“El territorio es un lugar donde estamos todos, una comunidad campesina ubicada, por lo menos donde tiene su esperanza, es su vida, es el medio por el cual se consigue la salud, la educación. El Territorio es la fortaleza, el ánimo. También es el futuro de nuestros hijos que vienen naciendo. (…) Por eso nuestra lucha, por seguir siendo campesinos. Campesinos negros nacimos y campesinos negros tenemos que morir, porque eso fue que nuestro Dios nos dejó a nosotros”
A partir de la contextualización de trabajo de campo de Carlos Meza, presentamos la cuenca del río Cacarica, ubicada en el Bajo Atrato, como una interacción compleja de mundos superpuestos que atraviesan un continuo histórico de comunidades humanas diversas, asentadas en el territorio ancestralmente por comunidades Indígenas, por la entrada de los Negros Cimarrones huyendo de la esclavitud, y la “colonización” antioqueña y cordobesa. Hoy en Cacarica las relaciones interétnicas se comparten predominantemente entre la mayoría de familias libres (afrochocoanas), los cholos (la comunidad Embera), los chilapos (costeños cordobeses) y los paisas (especialmente del Urabá antioqueño). La territorialidad se presenta dentro de una expresión naturalmente biodiversa del trópico, atravesada en lo que nos interesa en este trabajo por el conflicto armado y social colombiano.
En las formas en que se ha representado el pacifico colombiano como territorio, se encuentra “naturalizado” el discurso del desarrollo como practica social excluyente de la “centralidad” de la “ciudad” en Colombia, como territorios relegados al “atraso” de la “modernidad” para sus gentes. Más bien es reconocido como un espacio aprovechable por su posición geoestratégica para la proyección de mega proyectos económicos y políticos.
“Al hacer memoria de esas representaciones encontraríamos que en los discursos de desarrollo local producidos por el orden hegemónico del interior del país, el Pacífico ha sido «salvaje», ingobernable, baldío pero lleno de gente que –hasta hace poco lo reconocemos- le ha impreso sus marcas culturales. Un territorio pobre pero al fin y al cabo poseedor de riquezas insondables. Pero lo que parece ser la mayor paradoja: el litoral rural del Pacífico ha sido una periferia que revela el estado de abandono y de marginalidad a que ha sido sometido por el Estado, pero al mismo tiempo es epicentro de programas, planes y proyectos transnacionales” (Meza, 2006:388)
Ubicación geográfica y descripción de la zona
“Dentro del litoral Pacífico se encuentra la subregión del Bajo Atrato que colinda al norte, con el golfo de Urabá; al sur, con asentamientos como Opogadó, que ya hacen parte del Atrato Medio y con otra subregión conocida como la serranía del Baudó. Al occidente, con la serranía del Darién, Panamá y el océano Pacífico, donde aparecen asentamientos costeros como Cupica y Juradó; y, al oriente, con territorios que están entre el Urabá antioqueño y el Urabá chocoano como Bajirá, Curvaradó, Mutatá, Dabeiba, San José de Apartadó y Murindó” (Meza, 2006:389)
“Cacarica se extiende hacia el parque de los Katíos por el norte; y hacia el río Atrato por el oriente. Al sur, colinda con otra cuenca: la del río Salaquí; y, al occidente, está a un día de camino de Panamá donde los fronterizos, de uno y otro lado, reconocen en Palo de Letras un hito geográfico que marca el límite. La cuenca del río Cacarica está compuesta por los ríos de Perancho, Peranchito, El Limón, Caño Largo, Cirilo, La Raya y Balsa. Es predominantemente una llanura aluvial hacia la desembocadura de los ríos y hacia la unión del río Cacarica con el Atrato, pero presenta áreas de montaña leves hacia la cabecera de los ríos que la componen y que nacen en la serranía del Darién (hacia el occidente)” (Meza, 2006:393)
Meza presenta la lectura de zonas de frontera como la interacción de varias territorialidades y las concepciones simbióticas que las representan. El Bajo Atrato se describe desde perspectivas de Fronteras Biogeográficas, integrando la transición entre las llanuras del litoral Caribe y la selva Húmeda Tropical, Fronteras políticas que incluyen el escenario internacional con Panamá y la interacción de los departamentos de Antioquia y Córdoba, Fronteras Geopolíticas que proyectan al Urabá como la mejor Esquina de América dada su posición privilegiada frente a la posibilidad de corredor estratégico para el comercio internacional, Fronteras Etnoregionales dada la composición de su población y siguiendo con Meza, Fronteras Económicas que se relacionan entre el proyecto agroindustrial y ganadero, la extracción maderera, y las parcelas agrícolas de las economías de auto subsistencia.
Proyección geopolítica de la zona
“En la última década, la región del Chocó Biogeográfico ha sido escenario de importantes transformaciones. Allí confluyen gran parte de los conflictos políticos, económicos y sociales, presencia de los actores armados y de diversos intereses económicos. La importancia de la región del Chocó Biogeográfico debido a su ubicación estratégica y a la riqueza de los recursos naturales, ha generado la disputa por el control de estos territorios, especialmente por los grupos armados y por los intereses del capital internacional”. (Bermúdez, 2008:115)
De forma tal que la zona estudiada comprende un complejo entramado de relaciones de ejercicio de poder sobre el territorio que condicionada por de la guerra en Colombia ha proyectado fenómenos sociales que resume Bermúdez como “la generalización del desplazamiento forzado de la población, el establecimiento de nuevos órdenes sociales mediados por el miedo y la violencia cotidiana, la sustitución de las bases productivas tradicionales por alternativas ilícitas”(Bermúdez 2008, p. 116) Las estrategias implantadas en la zona confirman las “las tesis que se refieren al conflicto armado como un hecho territorial antes que político (Molano, 2002:17; González, 2004:414). Por eso, como lo afirma Alfredo Molano, la consecuencia del conflicto armado es destierro y no desplazamiento (Molano, 2002a:17)”(Citado por Meza, 2006:408)
Ante los escenarios del destierro, los megaproyectos sobre el choco biogeográfico se consolidan. La zona de Cacarica epicentro del llamado Tapón del Darien se presenta como vínculo necesario para la proyección del sistema de carreteras conocido Carretera Panamericana que buscaría conectar con Panamá la red de vial que vienen desde el sur del país. Los impactos ecológicos han retrasado el interés de la conexión aunque se avecina la eventual construcción (Meza, 2006:406). En esta lógica la política pública estatal sigue proyectando la infraestructura estratégica en la zona. Por ejemplo “a finales del mes de abril del año 2006, el gobierno aprobó partidas por 375 mil millones de pesos para reconstruir la vía al mar [que finaliza en Turbo], iniciar las obras de la doble calzada y acondicionar la antigua vía, como vía alterna. En mayo de este mismo año, anunció como prioridad la construcción de la vía que por Risaralda comunica al Atrato con el Pacífico y la construcción allí de un puerto de aguas profundas” (Bermúdez, 2008:116) Finalmente se rescata la proyección de la zona como foco del negocio de los agrocombustibles en Curvaradó y Jiguamiandó ante el proyecto de destierro perpetuado por el paramilitarismo. En la siguiente sección del trabajo expondremos las experiencias de las comunidades de Cacarica, en la estrategia destierro-apropiación del territorio.
2. CONFLICTO ARMADO Y SOCIAL EN LA ZONA
La zona del Cacarica habitada por hace mas de 60 años por las comunidades sumergidas por el conflicto por la tierra en Colombia, según nos relatan en la entrevista los representantes del Concejo Mayor de Cacarica, plantea una reflexión importante ante los escenarios de ausencia estatal en el territorio. “Tenemos que mirar como vivíamos antes y como vivimos ahora”: hasta antes de 1995 la zona estaba controlada por la guerrilla; la ley era la de la guerrilla, la justicia llevada hasta la pena de muerte era de la guerrilla, nos contaban. La presencia estatal se empieza a sentir como presencia militar a partir de 1996 como “respuesta” contrainsurgente debido a la presencia de la Brigada XVII del ejercito colombiano.
“El desarrollo de la estrategia contrainsurgente de la Brigada 17 desde 1996 hasta el 2002 combinó actuaciones con estrategias regulares y encubiertas de tipo paramilitar a través de las llamadas “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” que definió como blanco a la población civil afrodescendiente, indígena, mestiza, concebida como “enemigo interno” (Comisión de Justicia y Paz, 2009), consolidando la dinámica de la guerra y contribuyendo a atribuirle a la población de la zona la polarización del conflicto entre quienes “promueven” mantener un orden, asociados a las Fuerzas Militares y Paramilitares y quienes “pretenden” subvertirlo, las guerrillas.
Las comunidades del Cacarica “fueron víctimas del desplazamiento forzado en el desarrollo de la operación militar Génesis dirigida contra la guerrilla de las FARC por parte de la Brigada XVII del Ejército de Colombia, comandada por el Gral. RITO ALEJO DEL RÍO combinada con efectivos regulares de la Fuerza Pública y civiles armados paramilitares.” (Comisión de Justicia y Paz, 2005). La operación vinculó, “bombardeos desde el aire, operaciones acuáticas y terrestres entre estructuras militares y paramilitares entre el 24 y el 27 de Febrero de 1997, que genera el desplazamiento forzoso de cerca de 5 mil personas, mayoritariamente afrodescendientes. Los efectos de la operación militar se amplían de modo indirecto a los habitantes de Truandó, Domingodó, Curvaradóy Jiguamiandó” (Comisión de Justicia y Paz, 2009)
Dentro del entramado político-económico que condiciona la situación de destierro resalta las declaraciones de Vicente Castaño en el 2005 con la revista Semana donde se presenta parte del contexto de la expansión paramilitar en el Urabá con el proyecto económico de las zonas de desplazamiento. Dice Castaño ante la pregunta de los proyectos auspiciados por el paramilitarismo, “En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes”
Las poblaciones del Atrato entonces se convierten en víctimas económicas, en reservorio de proyectos en los que se ven sumergidos por el hecho de pertenecer territorios donde no llegaba el Estado colombiano y que cuando llegó se alió con la propuesta del destierro. “Durante 4 años, permanecieron desplazadas forzadamente en Turbo (Antioquia), exigiendo su derecho a la titulación colectiva de los territorios, asentamientos, protección, desarrollo comunitario y justicia y reparación moral para el retorno con dignidad a sus territorios. Aunque en este período no se presentaron enfrentamientos entre las fuerza del Estado y de la insurgencia, en el Cacarica parte del Chocó Biogeográfico se intensificó la extracción indiscriminada, mecanizada e ilegal de madera por parte de la empresa Maderas del Darièn S.A., de la que es accionista Pizano S.A. que cuenta en Estados Unidos con certificado de producción limpia FSC de SMARTWOOW, país a donde se exporta el 75% de sus productos” (Comisión de Justicia y Paz, 2005)
El dialogo con los representantes del Consejo Mayor de Cacarica recoge la experiencia de organización entre el destierro, la apropiación de la legislación de la Ley 70 de 1993 al declararse como Etnia reconociendo “estilos de vida tradicionales, cultura y manera de vivir diferentes de otros sectores de la población nacional, y organización social propia y costumbres y leyes tradicionales” situación que les permite hacer la titulación colectiva de poco mas de 103.000 hectáreas de tierra, en abril de 1999 y proyectar el retorno hacia 2001. Llama la atención como la adaptabilidad por parte de la comunidad de la ley 70 dio paso a evitar el posible conflicto interétnico ante la propiedad de la tierra, dado que a los “no-afrodescendientes” no se les reconoce los derechos de propiedad en la zona. En este contexto presentamos continuación las experiencias ganadas por la CAVIDA.
3. CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS EN EL ESCENARIO DE LA GUERRA
Declararse en Comunidad de Autodeterminación Vida y Dignidad, es reconocerse como parte de una organización política. Nosotros no somos neutrales ante el conflicto, tenemos una figura que rescata las formas de vida en resistencia civil ante los escenarios del conflicto armado y social y rescatamos la autodeterminación como nuestro proyecto político. A los actores no estatales en la zona se les “frentea” como organización dejando clara nuestra posición sin permitirles que entren en nuestros territorios, asedien a nuestra población y nos polaricen en la guerra. A las Fuerzas Armadas Estatales se les recuerda qué pasó en 1997 y se deslegitima su presencia como figura de “seguridad”. Si no lo hicieron antes, ¿Por qué hemos de recibirlos ahora?; de esta forma se podrían expresar las palabras de los representantes escuchadas en Turbo. ¿Cómo se llegó al proceso? ¿Qué se plantea la CAVIDA?
Nos narra la entrevista citada que al encontrase en Turbo, hacinados y ante la “dolorosa” y excluyente mirada del ente estatal se fueron reconociendo escenarios de organización. Era necesario y se exigía el retorno pero no cualquier tipo. Las iniciativas de la comunidad pasaron por la necesaria vinculación de un lenguaje único ante la Guerra, de la posibilidad de proteger a cada miembro de la comunidad y de empezar a trabajar como organismo. Si se iba a retornar era prioritario garantizar la forma. La comunidad planteó para el retorno la necesidad de articular por medio de infraestructura proyectos de desarrollo productivos, exigencia de investigación y proyección de justicia, permitiendo la veeduría del proceso y el acompañamiento de entes como la Procuraduría. Era vital empezar con un proceso de memoria colectiva frente al destierro y apropiarse de la titulación de tierras colectivas. Intentaremos dar un seguimiento a estos debates
Ante esos puntos, el retorno se fue dando por avanzadas especialmente de población afrochocoana, seguido por los demás desterrados (Meza, 2006:409) hasta consolidar hoy día más de 5000 habitantes. La posibilidad de organizarse en CAVIDA permitió la formación de proceso político, reconociendo como lo aseguran los representantes del Consejo entrevistados la efectividad de la CAVIDA de hacerle frente a nuevos desplazamientos. “Para no correr riesgos, CAVIDA entendió que cada quien ya no podría retornar a sus antiguas comunidades e ideó nuevos patrones de asentamiento basados en las Zonas Humanitarias [y Zonas de Biodiversidad]. Estos enclaves re-integraron a las 23 comunidades, casi en su totalidad, reemplazando los patrones de dispersión poblacional ribereña y de pauta lineal por la nucleación y concentración interveredal e inter-étnica” (Meza, 2006:410)
La comisión de Justicia y Paz acompañante activo del proceso y una de las voces “oficiales” de la CAVIDA describe “las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad [como] lugares específicos de protección de la Vida – humana-colectiva y los ecosistemas- en el territorio, un medio de regreso al territorio y de enfrentamiento y de afrontamiento ante las pretensiones de las estructuras criminales. Las Zonas Humanitarias son lugares perfectamente visibilizados [...] habitados por un grupo humano, que afirma sus derechos como población civil, sus miembros comparten libremente un Proyecto de Vida para defenderse de la militarización institucional y de ser víctimas de eventuales confrontaciones armadas. Las Zonas de Biodiversidad son áreas de protección y de recuperación de ecosistemas de Territorios Colectivos o privados y de afirmación del derecho a la alimentación de grupos familiares cuyos predios han sido arrasados o están en riesgo de ser destruidos por agronegocios, obras de infraestructura, o explotación de recursos naturales” (Comisión de Justicia y paz, 2009)
Respecto a los proyectos productivos, y las exigencias de la comunidad, la infraestructura en la zona como ya se mencionó esta construyéndose, sin embargo la posibilidad de afirmar economías acordes a la situación de la población plantea escenarios problemáticos como lo aseguran los entrevistados. El proceso ha avanzado en la proyección y materialización de las economías de subsistencia y de reafirmación de la cultura como lo menciona Meza, “la gestión de CAVIDA ha sido exitosa en materia de proyectos eco-productivos siendo uno de los más importantes la adquisición de trapiches y trilladoras, gracias a la cooperación internacional, para el procesamiento del arroz y la caña. El Proyecto Tierra de Hombres- Alemania ha favorecido la creación de granjas escolares en donde etno-educadores enseñan a niños y jóvenes técnicas de producción limpia de base agroecológica y diversas prácticas tradicionales de afrodescendientes y mestizos en torno al cuidado y aprovechamiento de la tierra (Meza, 2006:414)
Sin embargo dicen los entrevistados es necesario profundizar en la posibilidad de dar a la población alternativas de inserción en los “mercados de consumo” mas allá de la subsistencia. Dentro de la comunidad se escucha la proclama de “prefiero vivir 10 años bien vividos, que 30 mal vividos”. Esta condición se hace presente como un reto de la comunidad. La CAVIDA no tiene el apoyo total de las comunidades en la zona al verla algunas veces como retardataria del “desarrollo” de la colectividad dada su posición crítica sobre los megaproyectos económicos y su visión política al evaluar el tipo de desarrollo planteado y sus impactos. Dentro de las iniciativas se han presentado proyectos productivos propios y la respuesta estatal ha sido negativa. Se ha dicho por ejemplo que ante la inembargabilidad de los territorios colectivos, no es posible la cofinanciación de proyectos de arroz y plátano. Surge aquí la pregunta sobre el papel del Estado, el respeto a las autonomías y la responsabilidad o no de responderle a iniciativas de comunidades en autodeterminación.
Mientras tanto como lo denuncian los entrevistados y la Comisión de Justicia y Paz el proyecto de expansión de compra de tierras cercanas y sobre los territorios colectivos de las comunidades del Cacarica sigue en marcha, asociado a la proyección de la Carretera Panamericana. La posición geoestratégica del Cacarica como entrada al Atrato ha permitido hacerle frente a la arremetida de proyectos sobre la zona, sin embargo en el escenario de la propuesta política de los gobiernos de turno va a ser imposible generar procesos de organización económica respaldados por el Estado.
“La extracción de madera ha sido y sigue siendo la principal actividad económica en todo el territorio cacariqueño” (Meza, 2006:415), se presenta como la posibilidad de generar excedentes extra-subsistencia con lo que la preocupación de crear y perpetuar propuestas adaptables ante las amenazadas que plantea la destrucción del bosque en el Chocó Biogeográfico se ven en peligro. Preocupa por ejemplo el impacto ecológico en ciudades como Turbo, de la legitimidad de los proyectos de desarrollo a partir del monocultivo del banano y la justificación de algunos los nativos de la zona de la extracción incontrolada de recursos. Tomando este ejemplo queda para la construcción y debate, la posibilidad de organizar la producción de formas diferentes, dentro de la crisis ecológica y de las pésimas estrategias de adaptación en las ciudades. Ante las atrocidades violentas propias de la construcción del mundo moderno, la posibilidad de retar abiertamente las propuestas del DESARROLLO como doctrina dominante, replanteando su proyección ideológica se hacen urgentes.
Frente al proceso de acompañamiento y de proyección de justicia se rescata la articulación de la CAVIDA con el “acompañamiento de ong´s como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y de otras iniciativas que hacen parte de toda una red de alternativas a la globalización. En el periodo post-destierro, esta estrategia ha cobrado cada vez más fuerza con el objeto de visibilizar la resistencia y de no depender de los mecanismos de derecho que en teoría proporciona el Estado, pero que, en la práctica, las comunidades encuentran contradictorios con la realidad. Así, la movilización étnica local tiende sus redes de alianzas con otras disidencias en el resto del mundo enarbolando consignas tales como el derecho a la vida y al territorio, a la verdad, a la justicia y a la reparación (Justicia y Paz, 2005)”. (Meza, 2006:409)
Como denuncia la Comisión de Justicia y Paz frente al proceso de justicia y reparación los avances no han sido significativos: “Efectivamente han sido 12 años de violencia física estatal [y] todos los crímenes se encuentran en la impunidad. El ente investigador se ha negado a recaudar pruebas en los centros de operación paramilitar, empresarial, y la sede de la Brigadas 17 y 15 y [la] policía de Urabá. Se ha negado a desarrollar técnicas de persecución de los victimarios que permanecen a la vista de todo el mundo en Necoclí, San Pedro de Urabá, Belén de Bajirá, Brisas de Curvaradó, Mutatá, Apartadó, Turbo, en Barranquilla, en Santa Marta, en sitios perfectamente conocidos” (Comisión de Justicia y Paz, 2009)
En el proceso de construcción de Memoria dentro de las exigencias de la comunidad para el retorno, se pedía al Estado la posibilidad de hacer evidente la situación de destierro con la construcción de estatuas alegóricas a lo largo del recorrido del río, la proyección de evidencia documentada en video y texto de las atrocidades y la aceptación de la responsabilidad política del desplazamiento. Sin embargo, al no consolidar escenarios de justicia, la proyección y denuncia de los procesos ha estado mediada también por la autodeterminación y la cooperación no-gubernamental. Cerrando los debates propuestos es evidente la apropiación de acción de la ley 70 de 1993, que como mencionan los representantes entrevistados posibilitan hacer reforma agraria dentro de la comunidad aunque plantea interrogantes frente a la estructura de la propiedad de las comunidades asentadas que no son afrodescendientes.
Antes de las frases finales recogemos algunas de las preguntas planteadas por la Comisión de Justicia y Paz, como forma de evidenciar lo complejo de los alcances de las propuestas de la CAVIDA ante el escenario del conflicto Armado y Social en Colombia:
“¿Cómo exigir el Derecho al retorno, cuando la política pública implica aceptar la militarización y los agronegocios, es decir, la convivencia con la criminalidad y el aceptar los propósitos ocultos de los beneficiarios de los crímenes?
¿Cómo exigir el Derecho a la Verdad, cuando la política criminal está diseñada bajo la ley 975 para la impunidad y la mentira, y para obviar la responsabilidad del Estado?
¿Cómo exigir Reparación Administrativa, cuando los decretos están diseñados para asegurar el silencio comunitario, propiciar las divisiones, olvidar la dimensión integral de lo destruido y evitar reparaciones conforme al Derecho Internacional y los Derechos de los pueblos?” (Comisión de Justicia y Paz, 2009)
Concluir el texto pasaría por recalcar la importancia organizativa del espacio político de las victimas en Colombia, reconociendo en sus experiencias de resistencia la formulación de alternativas concretas al desastroso escenario de la Guerra. El Proceso de Comunidades Negras permite evaluar críticamente las visiones naturales del “desarrollo” como doctrina y encontrar, haciendo las evaluaciones pertinentes, aliados que ya andan caminado en la formulación de otras Colombias posibles.
ANEXOS
ANEXO 1 Ubicación Choco Biogeográfico
Fuente: OCHA Colombia. Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (http://www.colombiassh.org/site/IMG/png/Choco_A3.png)
ANEXO 2 Acercamiento a Ubicación de Cacarica
Fuente: OCHA Colombia. Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (http://www.colombiassh.org/site/IMG/png/Choco_A3.png). Elaboración propia
ANEXO 3
Fuente: Meza Ramírez, Carlos Andrés. Territorios de frontera: Embate y resistencia en la cuenca del río Cacarica, 2006:391
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