La finca La María – Hato Frío se encuentra ubicada en la vereda Platanillal, que pertenece formalmente al corregimiento de Sachacoco, municipio de Sotará, pero está cultural, económica y socialmente vinculada al municipio de Timbío, ambos situados en el departamento del Cauca, suroccidente de Colombia. Las familias campesinas que desarrollan su proyecto de vida en la finca residen por separado; unas al interior de la finca, otras en la vereda Platanillal o en veredas aledañas como la vereda El Placer, y algunas en la cabecera municipal (el poblado) de Timbío. La comunidad campesina de la finca La María – Hato Frío hace parte de la Asociación campesina Jaime Bronstein Bonilla, que en diferentes momentos llevó a cabo tomas de tierras acaparadas por el latifundio en los municipios de Timbío, Sotará y Cajibío. Como consecuencia de la presión ejercida sobre la tierra, un grupo de familias fueron adjudicatarias de un predio en común y proindiviso (titulación colectiva susceptible de ser individualizada) en el marco del programa de Reforma Agraria de la Ley 160 de 1994 que intentó dar algo de continuidad al proceso, anotado con antelación, iniciado por el Estado desde 1961.
Movimiento por la Tierra: Comunidad Campesina Finca La María –Hato Frío Sotará Cauca
La finca La María – Hato Frío se encuentra ubicada en la vereda Platanillal, que pertenece formalmente al corregimiento de Sachacoco, municipio de Sotará, pero está cultural, económica y socialmente vinculada al municipio de Timbío, ambos situados en el departamento del Cauca, suroccidente de Colombia. Las familias campesinas que desarrollan su proyecto de vida en la finca residen por separado; unas al interior de la finca, otras en la vereda Platanillal o en veredas aledañas como la vereda El Placer, y algunas en la cabecera municipal (el poblado) de Timbío. La comunidad campesina de la finca La María – Hato Frío hace parte de la Asociación campesina Jaime Bronstein Bonilla, que en diferentes momentos llevó a cabo tomas de tierras acaparadas por el latifundio en los municipios de Timbío, Sotará y Cajibío. Como consecuencia de la presión ejercida sobre la tierra, un grupo de familias fueron adjudicatarias de un predio en común y proindiviso (titulación colectiva susceptible de ser individualizada) en el marco del programa de Reforma Agraria de la Ley 160 de 1994 que intentó dar algo de continuidad al proceso, anotado con antelación, iniciado por el Estado desde 1961.
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