Agencia de Comunicación de los Pueblos - Colombia Informa
El pasado Lunes 31 de marzo, la Comisión Política de la Cumbre Agraria entregó el Pliego Unitario al gobierno de Santos como segundo llamado para instarlar una mesa única de negociación en donde se de respuesta a las demandas del movimiento social y popular colombiano.
1. Tierras, territorios colectivos y
ordenamiento territorial
El
país necesita un proceso de Ordenamiento Territorial donde sean las comunidades
quienes redefinan la manera como se organiza la producción, se distribuye el
uso del suelo, se gobierna el subsuelo, y se protegen el aire, el agua, los
ecosistemas estratégicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese
ordenamiento apuntará a armonizar la conservación del medio natural con el
aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades agrarias.
Por
lo anterior, Exigimos y mandatamos:
1.
Que sean las comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los
usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme
a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una
política diferencial propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales
y productivas, y que garantice la seguridad jurídica para los territorios
individuales y colectivos.
El
ordenamiento territorial exigido tendrá como base la definición y el respeto de
las figuras colectivas de gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo:
• Resguardos indígenas y territorios
ancestrales
• Territorios colectivos afrocolombianos
• Zonas de Reserva Campesina
• Zonas Agroalimentarias
• Zonas de biodiversidad
• Territorios interétnicos e
interculturales
• Otras formas de ejercicio de la
territorialidad de las comunidades.
Estas
tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles.
Las
organizaciones, comunidades, autoridades y pueblos movilizados o que por
decisión autónoma se incluyan en el proceso, desarrollaremos una ruta propia de
definición de los términos del ordenamiento territorial para garantizar la
permanencia en el territorio y la convivencia interétnica e intercultural. Esa
ruta propia hace parte de una iniciativa de paz impulsada por las
organizaciones campesinas, indígenas, afro y urbano-populares que participen
del proceso.
2.
Que el gobierno nacional nos dé garantías para la elaboración de esa ruta de
ordenamiento territorial y que las figuras mencionadas sean consignadas en la
normativa colombiana y sean reglamentadas conforme a las decisiones de las
organizaciones, pueblos y comunidades participantes. Incluyendo el
reconocimiento constitucional de la territorialidad colectiva campesina.
3.
Una política de reforma agraria integral que redistribuya y democratice la
propiedad de la tierra, que desmonte el latifundio como expresión histórica de
la desigualdad y genere acceso seguro a la tierra para quienes carezcan de
ella, así como la garantía de la autonomía territorial para campesinos,
indígenas y afro. Esa política de reforma agraria deberá construirse de la mano
con las organizaciones rurales y urbano-populares.
Esta
política debe tener un enfoque territorial y no simplemente de acceso a la
tierra, de ahí que no se deba limitar a la dotación de tierra para las
comunidades rurales, sino que redistribuya el conjunto de bienes comunes que se
encuentran en los territorios rurales y en los márgenes entre lo rural y lo
urbano, asegurando su cobertura, garantía y acceso para los pueblos indígenas,
afro, campesinos y urbano-populares.
3.
La constitución de un fondo de tierras que se alimente de los predios
despojados, de las propiedades de los narcotraficantes, de aquellos que no
cumplan con la función social de la propiedad, que atenten contra su vocación
natural y los baldíos apropiados ilegalmente por la agroindustria.
4.
Que se reconozcan los derechos históricos de los pueblos indígenas, el pueblo
raizal y las comunidades afro a sus territorios, y en especial la propiedad
colectiva inalienable de los resguardos indígenas, territorios ancestrales y
territorios de las comunidades afro.
5.
Que se completen los procesos de titulación colectiva para pueblos indígenas y
afros que aún están pendientes.
6.
Que se detengan todos los planes y proyectos que amenazan el goce de la tierra
para las comunidades campesinas, indígenas y afro, entre ellas el derecho de
superficie y los mercados de carbono en favor de empresarios nacionales o
extranjeros. Consideramos que esas medidas son otra forma de despojo contra los
pueblos.
7.
Que se aplique el derecho de prevalencia para los territorios de las
comunidades indígenas, afro y campesinas, en caso de disputas con
transnacionales, terratenientes y despojadores.
8.
Que la consulta previa, y el consentimiento previo libre e informado, se amplié
a las comunidades campesinas, extendiendo la aplicación del convenio 169 de la
OIT. Garantizar con carácter vinculante el derecho a la consulta previa y al
consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas,
indígenas, afrodescendientes sobre proyectos y normativas que afecten su entorno,
en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico y lo cultural.
9.
Que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho las empresas
que han violado la ley 160 de 1994, al adquirir extensiones mayores a las UAF
autorizadas en dicha norma.
10.
Que los baldíos se destinen exclusivamente a garantizar el derecho a la tierra
de los campesinos, trabajadores rurales, población afrocolombiana e indígena.
11.
Que se proscriban todas las formas de extranjerización de la tierra. En ningún
caso personas naturales o jurídicas de origen extranjero podrán apropiarse,
usar, arrendar superficie o generar ninguna forma de tenencia sobre la tierra.
12.
El cumplimiento y fortalecimiento de la legislación relativa a la extinción de
dominio de las tierras que no cumplan con la función social y ambiental de la
propiedad.
13.
La restitución integral de las tierras despojadas a las familias, comunidades y
pueblos víctimas del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta enfoques
colectivos y énfasis comunitarios en tales procesos de reparación.
14.
La devolución de tierras expropiadas por endeudamiento campesino.
15.
El reconocimiento del enfoque diferenciado y con perspectiva de género del
acceso, uso y goce del territorio y la tierra para las mujeres.
16.
La creación de una nueva institucionalidad pública para darle cumplimiento al
nuevo ordenamiento territorial, la reforma agraria, la protección ambiental y
demás disposiciones del pliego.
17.
El mar es otra expresión territorial, que necesita la garantía de los derechos
de las comunidades costeras y de pescadores artesanales.
2. La economía propia contra el modelo
de despojo
El
avance y profundización del modelo neoliberal ha generado graves perjuicios a
la economía nacional, en especial a las formas de producción, comercialización
y consumo propias de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Lo
anterior ha impactado negativamente la soberanía alimentaria de los pueblos y
de la nación. El libre mercado ha generado un modelo de despojo que afecta el
buen vivir de las y los pequeños productores, favoreciendo los intereses de
latifundistas y multinacionales del agro. Como resultado se han afectado los
intereses económicos de las comunidades rurales, las prácticas culturales y de
vida asociadas a estos.
Por
lo anterior, Exigimos y mandatamos:
1.
La transformación del modelo productivo del país, apuntando a una política
económica planificada y agroecológica que regule el mercado, basada en el
fortalecimiento de la economía campesina, indígena y afrocolombiana. Ese nuevo
modelo debe impulsar un sistema de economía campesina que desarrolle una política
pública para recuperar el campo colombiano de la quiebra generada por las
políticas aperturistas y de libre comercio.
2.
La implementación de una política que restrinja y regule el uso y precio de los
agroquímicos, así como el inicio de un proceso de reconversión de la producción
nacional hacia un modelo agroecológico, creando un sistema nacional de
asistencia técnica basada en el respeto al ambiente y a los saberes
tradicionales de los pueblos y comunidades.
3.
Condonación de las deudas y retiro de los embargos a tierras y propiedades del
campesinado adquiridas a través del sistema financiero. Acceso al crédito
agropecuario con tasas no determinadas por la lógica de mercado.
4.
Creación y fortalecimiento de cooperativas de ahorro para el campesinado y comunidades
rurales, con financiación del Estado y dirigidas por las organizaciones
comunitarias.
5.
El desmonte de todos los tratados de libre comercio, inversiones, propiedad
intelectual y servicios firmados por Colombia, y la detención de la aprobación de
nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales de cooperación que vulneren
la producción agropecuaria nacional. Exigimos que se priorice la integración
con los pueblos de Nuestra América Latina y el Caribe, en el marco de la
protección de la producción nacional. Entretanto, exigimos que todo tratado de
comercio internacional, inversiones, propiedad intelectual y servicios sean
consultados con el pueblo colombiano.
6.
Un régimen de subsidios que proteja la producción nacional, en especial a los
sectores afectados por la apertura, en la cual se establezca por parte del
Estado precios de sustentación rentables y seguros de cosecha. De igual manera,
exigimos la instauración de un sistema de compra y distribución estatal de
alimentos y productos agropecuarios. Establecer subsidios al transporte de
alimentos y productos de comunidades campesinas, indígenas y afros.
7.
Un plan de choque para el estímulo a la producción de alimentos básicos por
parte de los pequeños productores, que tendrá como base el apoyo a la economía
campesina en los términos propuestos en el punto anterior. El fortalecimiento
de los mercados campesinos y locales, buscando la integración regional, en el
marco de las prácticas de comercio justo y eliminando la figura de los
intermediarios.
8.
Una política de apoyo a la transformación de alimentos y productos
agropecuarios desde las comunidades rurales, generando procesos de
industrialización acordes con los intereses de las mismas.
9.
La prohibición de la importación de los productos agropecuarios estratégicos
para la economía nacional.
10.
La derogación de las leyes de semillas que regulan su propiedad intelectual
(patentes y derechos de obtentores vegetales), y que propician su privatización,
de manera que el gobierno deje de perseguir al campesinado por guardar,
proteger o intercambiar semillas. Exigimos que se deroguen las leyes 1032 de
2006, la 1518 de 2012 y la resolución 970 del ICA.
11.
La creación de un sistema nacional, regional y local de promoción y apoyo a la
producción, selección, multiplicación y difusión de semillas originarias, que
no tengan registro de propiedad intelectual, ni normas que controlen la
producción, la libre circulación y comercialización por las comunidades
campesinas, indígenas y afrocolombianas. Así como el apoyo económico y técnico,
de forma descentralizada, para el establecimiento de casas custodias de
semillas, manejadas y controladas por las organizaciones y comunidades
agrarias.
12.
Enfocar la propuesta investigativa y académica de las universidades según el
contexto y las necesidades del agro colombiano, en particular de los pequeños
productores, reconociendo y articulando los saberes y conocimientos propios
ancestrales e históricos de campesinos, indígenas y afrodescendientes.
13.
La protección de la soberanía alimentaria nacional desde lo local y que sea
declarada como utilidad pública, interés social y bien común de la nación.
14.
La reglamentación del capítulo VII de la ley 70, en lo relacionado con el
fomento al desarrollo de los territorios colectivos y tradicionales afro. Dicha
reglamentación se hará conforme a la consulta previa y el consentimiento libre,
previo e informado de los pueblos.
15.
Financiación del sector agrario, en particular del fortalecimiento de la
pequeña y mediana producción ,especialmente de alimentos, mediante un fondo
nacional cuyos recursos provengan, entre otros, de la eliminación de las
exenciones tributarias a grandes empresas de capital nacional y trasnacional,
así como de la explotación de recursos minero energéticos.
3. Minería, energía y ruralidad
La
mala gestión y el saqueo de los recursos naturales minero–energéticos afecta
gravemente a la madre tierra y las comunidades rurales, genera impactos
ambientales que ponen en riesgo la vida de los pueblos y la biodiversidad,
persigue y criminaliza a los pequeños mineros, y solo beneficia las empresas
transnacionales que se enriquecen gracias al modelo económico impulsado por el
gobierno colombiano. En ese marco, reivindicamos la necesidad de construir un
nuevo modelo minero–energético basado en la soberanía nacional, el
aprovechamiento planificado, el desarrollo tecnológico propio, la protección
ambiental y la redistribución de los rendimientos generados por las actividades
mineras y energéticas.
Por
lo anterior, Exigimos y mandatamos:
1.
Que se inicie un proceso democrático de discusión de una nueva política
nacional minero–energética, con participación efectiva de las comunidades
campesinas, indígenas, afro y los pequeños mineros tradicionales y de
sobrevivencia, a través de un ejercicio de legislación popular e incluyente.
2.
Exigimos la reformulación del modelo de redistribución de las rentas petroleras
y minero-energéticas, con el fin de fomentar, promover e invertir en el
desarrollo rural, y obtener mayores recursos para la inversión social y la
garantía de los derechos de las comunidades.
3.
Detener la concesión de títulos mineros y la adjudicación de bloques
petroleros, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales y
los trabajadores del sector la política minero-energética del país.
4.
Una moratoria minera que congele la adjudicación de títulos mineros en todo el
país. La moratoria se aplicará hasta que se den condiciones reales para una
explotación minera razonable para el país y las comunidades.
5.
La reversión de los bloques petroleros y las concesiones otorgadas a las
multinacionales en casos de grave deterioro ambiental, detrimento de los
recursos de la nación y violación de los derechos de los trabajadores.
6.
La reversión de todos los títulos mineros que se han aprobado en territorios
ancestrales, indígenas y afros sin haber efectuado la consulta previa, libre e
informada.
7.
Que no se aprueben nuevos títulos mineros en territorios ancestrales, en
territorios indígenas y afros, sin pasar por el requisito de la consulta y el
consentimiento previo, libre e informado. En caso aprobatorio de las
comunidades, que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas
a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería
artesanal.
8.
Que en ningún caso se aprueben proyectos minero–energéticos, (títulos,
concesiones y similares) sin el requisito de la licencia social, es decir, sin
la autorización derivada de la realización de consultas campesinas y populares
en los territorios que puedan verse afectados. Tales consultas se realizarán
durante la fase de solicitud del proyecto, del título o la concesión.
9.
Que deje de considerarse la minería como actividad de utilidad pública y de
interés social de la nación.
10.
Que en el desarrollo de la política minera se garantice el estricto respeto por
el agua, los páramos, bosques, áreas protegidas, zonas de biodiversidad y
agroalimentarias, zonas de reserva campesinas, territorios ancestrales y
resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, fuentes de
agua y todos los ecosistemas estratégicos para la vida y la biodiversidad. Por
lo anterior, que no se apruebe ningún título minero en dichos territorios.
11.
Suspender la implementación de megaproyectos hidroeléctricos que afecten los
territorios y comunidades campesinas, indígenas y afro, y promover la
implementación de alternativas de abastecimiento energético a partir de
tecnologías apropiadas y limpias.
12.
Revocar las licencias ambientales de megaproyectos hidroeléctricos, hasta tanto
no se tenga una comisión nacional de represas que garantice el cumplimiento de
las demandas de los afectados por las hidroeléctricas.
13.
La reestructuración de la fórmula que define los precios de combustibles, para
garantizar un costo de vida más equitativo para el conjunto de la población,
procurando la regulación ambiental de la extracción, procesamiento y
comercialización de hidrocarburos.
14.
Reconocer y reparar a las víctimas y afectados por los proyectos minero-energéticos
e hidroeléctricos. 15. Suspender los proyectos de fracking apelando al
principio de precaución.
4. Cultivos de coca, marihuana y
amapola
Ante
el fracaso y la arbitrariedad de la política antidrogas del Estado Colombiano,
consideramos crucial redefinir los lineamientos que han configurado el
tratamiento a los cultivos de coca, marihuana y amapola.
Por
lo anterior, Exigimos y mandatamos:
1.
El cumplimiento de los compromisos adquiridos con los procesos organizativos de
los cultivadores de coca, marihuana y amapola en movilizaciones pasadas.
2.
Un programa de sustitución de cultivos social, gradual, concertada, estructural
y ambiental de hoja de coca, marihuana y amapola que supere la puesta en marcha
de programas de erradicación violenta y aspersión con glifosato que atentan
contra la vida digna de las comunidades Indígenas, Afro descendientes y
Campesinos. Rechazamos la sustitución basada en la imposición de cultivos
agroindustriales como la palma de aceite, el caucho y otros similares. Serán las
comunidades quienes impulsen las propuestas de sustitución, no el gobierno
nacional.
3.
Un programa de sustitución social, gradual, concertada, estructural y ambiental
que permita generar una fuente alternativa de ingresos para los cultivadores de
coca, marihuana y amapola. Dicho programa deberá hacerse con énfasis en el
ordenamiento y la planeación territorial, acordando procedimientos, tiempos y
mecanismos con las comunidades agrarias y sus organizaciones representativas,
basado en el reconocimiento, la formulación y ejecución de Planes de desarrollo
sostenibles, integrales y de vida.
4.
La liberación de las y los presos judicializados por actividades ligadas al
cultivo y recolección de marihuana, coca y amapola.
5.
No aplicación de la extinción de dominio en los predios de los pequeños
cultivadores de marihuana, coca y amapola.
6.
Una política de sustitución basada en la promoción de cultivos productivos
propios de la economía campesina que sean comerciables y con seguros de cosecha
a corto, mediano y largo plazo. Tal política se sustentará en dos ejes
orientadores: el primero se refiere al diseño e implementación de Sistemas
Productivos Sostenibles y el segundo a la estabilización y garantía de la
integralidad de derechos.
7.
Programas de sustitución basados en la estabilización de los Sistemas
Productivos Sostenibles y atendiendo a 6 líneas de acción: acceso a tierra,
sistemas productivos sostenibles, mejora de infraestructura, transformación y
agregación de valor en el predio, acceso a asistencia técnica y tecnología, y
acceso a mercados.
8.
Respetar y fortalecer los usos tradicionales, medicinales, alimenticios e
industriales de la hoja de coca, amapola y marihuana, en el marco de los
sistemas productivos de las comunidades agrarias.
9.
Apoyo por parte del Estado a la producción e industrialización de alimentos,
medicinas y otros productos derivados en los cultivos de coca, amapola y
marihuana.
10.
Garantizar el despliegue comunicativo nacional a través de todos los medios
disponibles para difundir, educar y capacitar a las comunidades sobre el uso
sagrado y ancestral relacionado con el cultivo de coca, amapola y marihuana.
11.
No otorgar patentes para las plantas de coca, marihuana y amapola y los
productos de uso lícitos.
12.
El tratamiento del consumidor como un asunto de salud pública, incluyendo su
atención en el sistema de salud.
5. Derechos políticos, garantías,
víctimas y justicia
Debido
a la falta de reconocimiento político de los derechos de los campesinos, la
insuficiente garantía de los derechos de afrocolombianos e indígenas, el alto
número de violaciones a los derechos humanos, la falta de garantías para las
organizaciones sociales y populares, la constante estigmatización, persecución
y criminalización de quienes se movilizan para buscar una sociedad más justa y
en paz, persistimos en reivindicar el respeto a nuestros derechos y en demandar
las garantías mínimas para vivir en una sociedad democrática.
Por
lo anterior, Exigimos y mandatamos:
1.
La verdad, justicia y reparación integral por las violaciones a derechos
humanos perpetradas contra las comunidades agrarias y populares, y la no
repetición de estas prácticas.
2.
El desmonte total de las estructuras paramilitares y la judicialización penal
de sus actores, con una veeduría internacional que garantice la transparencia
de dicho proceso. Realizar investigaciones eficaces que revelen los vínculos
entre diversos sectores económicos, políticos, y militares con los
paramilitares.
3.
La conformación de una comisión de la verdad y una política de recuperación de
la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos en búsqueda de
la verdad, la justicia y la reparación, que difunda de manera masiva sus
resultados. Dicha política debe garantizar el acompañamiento psicosocial y
pedagógico a las víctimas, así como el reconocimiento tanto a las comunidades
vulneradas como a las asociaciones de víctimas, de manera concertada.
4.
Garantías para la permanencia en los territorios, en especial para las
comunidades campesinas, indígenas y afro.
5.
Garantías para una verdadera y genuina política de restitución de tierras
despojadas así como el reconocimiento de los territorios sagrados para los
pueblos indígenas.
6.
Justicia, verdad, reparación integral y no repetición por las personas
detenidas, heridas y asesinadas por el Estado en el marco de las movilizaciones
sociales.
7.
Investigación, judicialización y castigo de los autores, así como el
reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la movilización social de
las décadas de los 90´s, 2.000 y 2010, particularmente de los 19 homicidios y
cerca del millar de heridos ocurridos en el marco de las movilizaciones del paro
de Catatumbo, paro nacional agrario y la minga indígena del 2013. Reivindicando
así su memoria y garantizando los derechos de verdad, justicia, y reparación
que le asisten a los familiares de las víctimas.
8.
Garantías para el derecho a la protesta social y la movilización, así como la
libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos
políticos. Que la protesta social no tenga un tratamiento militar ni
intimidatorio.
9.
Celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos judiciales que recaen
sobre responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y amplia
difusión de sus resultados.
10.
El traslado de todas las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que
son conocidas por la justicia penal militar a la unidad de DDHH y DIH de la
Fiscalía.
11.
Solución estructural a la crisis carcelaria y la declaratoria de la emergencia
social en esta materia. Reformulación de la política criminal actualmente
basada en la privación de la libertad, la criminalización de la pobreza, la
protesta social y otras garantías y libertades ciudadanas, hacia una política
que priorice la inclusión social, el respeto de garantías y la prevención del
delito.
12.
Tomar medidas efectivas contra la mal llamada “limpieza social” ejecutada,
principalmente en contra de los jóvenes, por funcionarios del Estado y las
estructuras paramilitares, e imponer ejemplares sanciones a los responsables.
13. Garantías jurídicas y administrativas para el ejercicio de la oposición.
14.
Derogación de la ley de seguridad ciudadana, y libertad inmediata de las
personas procesadas y condenadas bajo su vigencia.
15.
Desmonte del ESMAD y prohibición del uso de las mal llamadas “armas de
letalidad reducida”.
16.
Reforma al régimen de servicio militar, que incluya el fin del servicio militar
obligatorio, la prohibición del reclutamiento forzado y la garantía en la
aplicación de las sentencias frente a la objeción de conciencia. Se deben
llevar a cabo Investigaciones disciplinarias y penales por parte de autoridades
civiles para miembros de la fuerza pública que realicen prácticas de
reclutamiento forzado, tanto en el campo como en la ciudad. Además exigimos
acceso universal de la libreta militar para jóvenes y personas que no tengan
resuelta su situación militar, y se elimine su carácter de requisito para
trámites con el Estado.
17.
Igualdad de derechos políticos, sociales y económicos entre hombres y mujeres,
desde una perspectiva de género y de libertades sexuales y reproductivas,
asegurando una equitativa participación política en las instancias de decisión
en los asuntos que afectan sus vidas.
18.
Garantías reales para que los cuerpos de las mujeres y niñas no sigan siendo ni
instrumento, ni botín de guerra.
19.
Cese de la violencia contra la mujer. Tipificación del feminicidio como un
delito específico y diferenciado en el código penal. Aplicación efectiva de la
ley 1257 de 2008.
20.
Reconocimiento con carácter vinculante de los derechos plasmados en el proyecto
de la Declaración sobre los derechos de las campesinas y los campesinos que
hace trámite en la ONU. Exigimos que el Estado colombiano adopte de manera
plena y perentoria la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Exigimos la incorporación de estas directrices y derechos a la
legislación interna, desarrollando políticas públicas que garanticen su
promoción y exigibilidad. Mientras se surte el trámite para el cumplimiento de
la exigencia anterior, requerimos el desarrollo de una política transitoria en
favor de campesinos, indígenas y afro.
21.
Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de
planeación y definición de la política de producción agropecuaria y desarrollo
rural, para las organizaciones y comunidades campesinas, a través de mecanismos
definidos de manera autónoma. Exigimos la democratización real de la Federación
Nacional de Cafeteros y otras federaciones similares. Exigimos la participación
efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las
entidades del Estado que tienen que ver con la atención a la población rural.
22.
Garantías para la construcción de planes de vida donde se determine lo que
sucede en los territorios, reconociendo la posibilidad de desarrollar modelos
autónomos en cuanto al desarrollo de la tierra, la educación, la salud, y la
economía propias.
23.
Cumplimiento perentorio de los autos 004 y 005 de la sentencia T-025 de 2004,
relativos a la situación de peligro de desaparición de los pueblos indígenas y
afro.
24.
Respeto al DIH, incluyendo la prohibición de puestos de policía y militares en
los cascos urbanos y poblados; así mismo el respeto al principio de distinción
del Derecho internacional Humanitario, que no se involucre la población civil
en los conflictos armados. Lo anterior incluye el cese de la persecución a la
población civil mediante montajes judiciales.
25.
Reconocimiento y no estigmatización y persecución a las y los Defensores de
Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales y populares.
26.
Desmonte, supresión y ordenamiento jurídico de la figura del fuero penal
militar. Que deje de aplicarse la figura del “blanco legítimo”, las ejecuciones
extra judiciales (falsos positivos), y otras arbitrariedades similares.
27.
Democratización de los medios de comunicación existentes, así como el
fortalecimiento de los medios alternativos, comunitarios, regionales, y
locales. Y la creación de nuevos medios de comunicación con alta difusión y
participación de los sectores populares. 28. Democratización del espectro
electromagnético.
6. Derechos sociales
Para
los pueblos afro e indígenas y para las comunidades campesinas, la educación,
salud, el trabajo, vivienda digna y la recreación serán concebidas como
derechos, no como servicios, y se desarrollarán de acuerdo a las necesidades,
realidades y cosmovisiones de las comunidades, con enfoque diferencial.
Por
lo tanto, Exigimos y mandatamos:
1.
El aumento de las partidas presupuestales para inversión social en
infraestructura y dotación para educación, vivienda, salud, vías, producción,
redes eléctricas, saneamiento básico, agua y alcantarillado en las zonas
rurales.
2.
Una política educativa que propenda por un proyecto de educación pública propia
campesina que le permita a los estudiantes campesinos tener una formación
acorde a sus realidades y sus necesidades. Lo anterior implica la construcción
de un currículo y una pedagogía diferenciada acorde con las territorialidades,
y con la participación decisoria de las comunidades campesinas y sus
organizaciones. También exigimos mayor formación docente y fortalecimiento de
la planta docente en el sector rural.
3.
Cumplimiento y garantía de los programas de educación propia para pueblos afro,
comunidades negras e indígenas.
4.
Un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al
sistema de educación básica, media, superior y técnica que atienda y preserve
la identidad de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de
vida.
5.
El nombramiento inmediato de la planta docente calificada para la educación que
requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y condiciones
laborales.
6.
Derogar el acto legislativo 01 del 2001, el cual modifica los artículos 347,
356 y 357 de la Constitución Política Nacional relacionados con la educación;
la ley 715 del 2001 y la ley 1294 del 2010, los cuales sustentan la
privatización de la salud y educación, entendiéndolas como servicios y no como
derechos.
7.
Derogar la ley 30 de 1992 de educación superior, y la concertación con la
sociedad de una nueva ley de educación pública, gratuita y de calidad, que
reconozca la educación como derecho fundamental, bien común y con enfoque
diferencial.
8.
Condonación y congelamiento de las deudas del Icetex apuntando al subsidio a la
oferta.
9.
Que la salud deje de concebirse como negocio o mercancía para que se garantice
como derecho humano y fundamental. Exigimos la derogatoria de todas las normas
que mercantilizan la salud y niegan la garantía de este derecho, entre ellos
los artículos 48 y 49 de la constitución, la ley 100 de 1993 y el proyecto de
ley estatutaria sobre la salud y la seguridad social.
10.
Implementación de planes de medicina preventiva, tanto en zonas rurales como
urbanas, de acuerdo a las prácticas culturales de cada comunidad o región.
Reconocimiento y plenas garantías al ejercicio, prestación y promoción de la
medicina ancestral como parte de un nuevo sistema de salud.
11.
El fin de la política del subsidio a la demanda y que se instauren políticas de
subsidio a la oferta en salud y educación. Una nueva política presupuestal que
fortalezca las instituciones educativas de todos los niveles y que saque de la
crisis a la red hospitalaria que ha sido sistemáticamente debilitada por los
gobiernos nacionales desde 1993.
12.
La concertación con la sociedad de una nueva política y legislación en salud
que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos
diferenciales para el campo.
13.
El derecho fundamental al Trabajo digno, por medio de contratación directa,
garantías laborales, protección de la libre asociación, derecho a la huelga y
reparación a las personas perseguidas por defender sus derechos sindicales.
14.
La definición de un sistema de seguridad social para campesinos, indígenas y
afrodescendientes, con el cual se otorgue salud, pensión y aseguramiento en
riesgos profesionales.
15.
Que se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los municipios de
los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado teniendo un criterio
social. Que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con
criterio social y no empresarial. El agua será concebida como un derecho y bien
común. Derogatoria de la ley 142 que posibilita la privatización del uso del
agua.
16.
La condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y que se
levanten los embargos que se han efectuado por este motivo.
17.
Que se garantice un mínimo vital gratuito para las comunidades rurales, urbanas
y se implementen veedurías comunales a la prestación de servicios públicos.
18.
Garantía del derecho a la energía eléctrica rural y agua potable para los
lugares que aún no cuenten con ellos.
19.
Programas masivos de vivienda rural digna solucionando el déficit cualitativo y
cuantitativo.
20.
Respeto por la propiedad comunitaria para administración de espacios de
recreación y de servicios públicos, estas deben ser iniciativas comunitarias,
con el fin de mantener su función social.
21.
Toda infraestructura debe ser construida en pro del bienestar de las
comunidades en consenso y no contra ellas, ni contra la madre tierra, ni para
el ejercicio militar.
7. Relación campo-ciudad
La
configuración actual de la relación ciudad-campo exige una respuesta inmediata
y contundente por parte del movimiento social. La tradicional distinción entre
la ciudad y el campo ha generado grandes problemáticas sociales y económicas
donde se puede evidenciar la relación de subordinación del campo a la ciudad.
En ese orden, es urgente eliminar las falsas barreras prescindibles entre
ciudad y campo, para avanzar en el afianzamiento de la alianza popular a través
de nuevos modelos alternativos de construcción territorial.
Por
lo anterior, Exigimos y mandatamos:
1.
La protección de todas las fuentes de agua del país, en especial de aquellas
que abastecen del líquido a las grandes ciudades. Exigimos el manejo público y
comunitario del agua y el desmonte de los megaproyectos que amenazan las
fuentes hídricas, su pureza y distribución. Exigimos que el estado garantice la
financiación y administración de los acueductos comunitarios.
2.
La cobertura universal de los servicios públicos domiciliarios a los habitantes
del territorio colombiano y la condonación de las deudas contraídas por los
ciudadanos y ciudadanas en esta materia.
3.
Una nueva tabla de tarifas de servicios públicos, que correspondan a los costos
reales, con subsidios ampliados de parte del Estado y sin los costos de
especulación de la intermediación financiera.
4.
Frenar la privatización de las empresas prestadoras de servicios públicos y que
éstas sean de carácter estatal o público con veeduría de las comunidades.
5.
En las ciudades, en especial en las grandes capitales, se deben realizar pactos
con las áreas rurales y municipios que las abastecen de alimentos. Tales pactos
o alianzas deben priorizar la articulación de las zonas agroalimentarias, las
de reserva campesina, los territorios afrocolombianos, los resguardos indígenas
y territorios ancestrales, como despensas alimentarias y apoyo a las economías
campesinas, en el marco de acuerdos regionales de soberanía alimentaria y, si
se requiere, mediante asociación de municipios (como está previsto en la
Constitución Nacional). Tales pactos deben estar guiados por principios de
solidaridad y economía propia; en ese sentido, es necesario el reconocimiento
de las plazas de mercado populares por parte del Estado.
6.
Inversión en vías de comunicación secundaria y terciaria para el pleno
ejercicio del abastecimiento campo-ciudad.
7.
Redefinición de criterios para las tarifas de impuesto predial, tarifas más
altas para grandes propietarios y más bajas para pequeños propietarios.
8.
Participación efectiva, pluralista y democrática de los sectores sociales y
populares impulsados desde sus dinámicas organizativas en el ámbito local,
regional y nacional para televisión, radio y prensa; a través de la asignación
de un canal de televisión nacional; la liberación del uso del espectro
electromagnético para las comunidades agrarias, campesinas, étnicas y
populares; el reconocimiento de las emisoras legítimas (emisoras que no cuentan
con la documentación estatal para su funcionamiento) su no persecución y
cierre; la publicación, difusión y circulación de sus producciones escritas.
9.
La creación de un sistema nacional de producción audiovisual (cine, documental,
argumental, corto, etc.) su realización, distribución, difusión y circulación
que refleje un contenido social, formativo, recreativo, sin ánimo de lucro que
plasme las dinámicas, lógicas y lenguajes populares.
10.
El Impulso, difusión y no persecución del arte gráfico como el grafiti, el
mural, el diseño, entre otras.
11.
La logística y parte operativa de los espacios de articulación de los medios
alternativos, comunitarios y populares en el trabajo local, regional, nacional
e internacional.
12.
Demandamos garantías de regreso a los campos de las personas que viven en las
ciudades a causa de los desplazamientos, ya sea por motivos de la violencia o
de la construcción de megaproyectos. De igual forma, exigimos que se brinden
todas las garantías para aquellas personas que decidan no retornar al campo.
Exigimos al Estado el reconocimiento de las problemáticas urbanas que surge de
modelos de despojo del sector rural.
13.
Exigimos una reforma urbana integral que incluya:
• Hábitat y vivienda digna garantizada por
el Estado, que contenga el mínimo vital de servicios públicos con tarifas al
alcance del consumidor, en armonía con el medio ambiente.
• El desmonte de la especulación
financiera y uso de suelo controlado por el mercado.
• La legalización de asentamientos
informales que detenga el despojo arbitrario por parte del Estado.
• La creación de la ley orgánica de plan
de ordenamiento territorial urbano, que cuente con la participación de las
comunidades y sectores populares, teniendo como base las diversas
construcciones territoriales y planes de vida.
• Participación comunitaria en la toma de
decisiones y en la generación de políticas urbanas, planificación de
presupuestos y dirección del recurso público, para la construcción de planes de
desarrollo y gobierno. Para ello, demandamos las consultas previas y
vinculantes de las comunidades.
• Transformación del modelo de movilidad
urbana que frene la privatización del transporte público, con reducción de
tarifas del servicio, incluyendo la implementación de planes para la movilidad
alternativa.
8. Paz, justicia social y solución
política
Las
anteriores reivindicaciones y propuestas de país se constituyen como parte de
la agenda de paz que impulsamos desde los movimientos agrarios, sociales y
populares. Nuestra agenda de paz busca la justicia social y la vida digna en
los territorios.
Por
lo tanto, Exigimos y mandatamos:
1.
La solución política al conflicto social y armado. El avance de los diálogos
que se realizan en La Habana entre el gobierno y las FARC-EP. El cese al fuego
bilateral y la instalación de las mesas de diálogos entre el gobierno nacional,
el ELN y el EPL.
2.
Las comunidades rurales, quienes conocemos la crudeza y el horror del conflicto
social y armado en sus peores manifestaciones, exigimos la participación en los
procesos de negociación, y exigimos que no se levanten de las mesas de
negociación. La implementación de una política integral para la paz elaborada
por los movimientos sociales y populares y financiada por el gobierno nacional.
3.
Garantías para un gran diálogo nacional, que se exprese en la apertura de
diálogos regionales en aquellos territorios donde la guerra se vive con mayor
rigor.
4.
La desmilitarización de los territorios indígenas, campesinos,
afrodescendientes, urbanos, universitarios y el respeto de la autonomía en los
territorios que se encuentran en medio del conflicto social y armado.
5.
La eliminación de la doctrina de seguridad nacional. Por lo tanto la reducción
del pie de fuerza, depuración de las fuerzas militares, retiro inmediato de las
bases militares extranjeras en el país, fin a los tratados de carácter militar
con la OTAN, y desmontar el plan de inteligencia y contrainteligencia.
6.
La reestructuración del presupuesto nacional y limitación del gasto de guerra.
El gasto en defensa no puede ser mayor al de inversión social.
7.
Garantías para que las organizaciones, procesos y movimientos puedan
desarrollar su actividad organizativa y política para la construcción del
movimiento social por la paz.
8.
Las garantías para avanzar en un proceso constituyente por la democracia, la
justicia social y la paz.
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