A levantarse ya contra la reforma universitaria de Santos

Escrito por Notas Obreras - Por Alfonso Hernández

El pasado jueves 10 de marzo, el presidente de la República presentó ante unos quinientos invitados a la Casa de Nariño, entre los cuales figuraban rectores y otras autoridades académicas, el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992; un paquete de 13 títulos y 164 artículos, que comprende los más diversos temas. Que una enmienda semejante se hubiera confeccionado sin siquiera un ademán de consulta a la comunidad universitaria constituye no sólo una afrenta, sino que anticipa la esencia de la política educativa del gobierno de la Unidad Nacional: puesto que la sed de lucro va a imperar, no serán los eruditos ni los profesores los que cuenten sino los gerentes, es decir, los emisarios directos de los financistas.

El propio perfil de la ministra María Fernanda Campo confirma esta aseveración; reclutada en las oficinas de la Cámara de Comercio de Bogotá sólo la acredita para desempeñarse en la cartera que rige la enseñanza el ser experta en los tejemanejes mercantiles. La advertencia es clara: la educación en Colombia no necesita sabios sino Shylocks. I Todo el articulado está regido por el objetivo de la ganancia; ya en el capítulo referente a los principios (art. 5) se plantea que la educación superior tendrá entre sus fundamentos la eficiencia y la eficacia, cardinales para garantizar las utilidades a los inversionistas. Sin ambages, autoriza la creación de universidades con ánimo de lucro (art 32) y establece que podrán celebrar contratos de asociación, una especie de joint venture, para diversa clase de proyectos (art. 10). Instituye que por el origen de sus recursos las IES pueden ser públicas, privadas o mixtas (art. 13) y que “las fundaciones y corporaciones de educación superior podrán participar en la constitución de sociedades anónimas…para lo cual cederán a la sociedad una vez constituida…las autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional para ofrecer programas académicos de educación superior y aportarán los activos y pasivos vinculados al servicio educativo, por lo cual recibirán las acciones correspondientes…”(art. 32).

De tal manera que se pondrá en boga la venta de profesores, estudiantes y trabajadores, junto con licencias, edificios y trastos —los activos— a cambio de acciones en una empresa capitalista. A no dudar, quienes armaron el engendro previeron la arrebatiña en la cual los monopolios extranjeros, esas multinacionales de la enseñanza superior, van a devorarse a las universidades públicas y privadas colombianas. Más adelante estipula que “Constituida la sociedad podrá recibir nuevos inversionistas, repartir dividendos, y vender acciones…” (parág. 1 art.32). Después de más de veinte años de privatizaciones, que han conducido a la desnacionalización de las industrias, a la corrupción más desembozada y a una debacle social como la que se observa en la salud, el señor Santos quiere hacerle creer al país que entronizar a los rentistas constituye la salvación de la enseñanza superior. Las instituciones públicas también se transformarán en empresas comerciales, pues contarán entre sus fuentes, aparte de las “matrículas, inscripciones y demás derechos… y los ingresos que perciban por concepto de venta de bienes y servicios, los provenientes de las alianzas público privadas”. (art. 102)

Es bien claro que ante la mengua creciente de los aportes de la Nación, las IES públicas tendrán que alzar las matrículas, mercadear servicios y productos y venderse en “alianzas” a los pulpos del agio. No obstante toda esta evidencia, con la frescura que se le conoce ya desde antes del escándalo de los falsos positivos, Santos dijo que su paquete legislativo no pretende privatizar, sino invertir. Para que se encargue de la almoneda, se crea la Sociedad de Fomento a la Inversión Privada en Educación Superior, FOMINVEST (art. 111), sociedad anónima de economía mixta, que será dirigida por la asamblea de accionistas. Este organismo va a ser, en realidad uno de los rectores de la enseñanza superior, ya que su junta directiva estará en permanentes negociaciones con los inversores, quienes le indicarán qué tipo de universidad quieren en Colombia, exigencias que serán transmitidas al Mineducación, para que las imponga a través de la red de aparatos que instauran tanto la ley en mención como el Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos 2010-2014. Los recursos que de manera tan mezquina se le han venido negando a la enseñanza pública se le ofrecen a manos llenas a los grandes consorcios, los cuales contarán con subsidios estatales (art. 108), créditos subsidiados y garantizados por el Estado (art. 108, 112), rebajas de impuestos (art. 113) y otras gabelas (art. 114) de las que no disfrutan los colombianos trabajadores ni los empresarios pequeños o medianos.

Con seguridad, en breve plazo el país conocerá chanchullos con esta especie de Educación Ingreso Seguro, variante del programa torticero que hizo tristemente célebre a Andrés Felipe Arias, colega de gabinete del hoy presidente. La legislación comercial es la que rige para las IES mixtas, privadas y de economía solidaria (art. 13 y 33) y aun a las públicas se les aplica la ley 1116 de 2006 de insolvencia empresarial, lo que implica que si una universidad como la Nacional, la Pedagógica o la de Pamplona no aumenta las matrículas, vende servicios o se somete a los consorcios, y por ello no es rentable, se rematarán sus bienes para pagar a los acreedores, y se despedirán estudiantes y docentes, quienes tendrán que salir a buscar otra de estas sociedades mercantiles o a engrosar las numerosas filas de los desempleados y desertores del sistema educativo. II Tal francachela solo tendrá éxito si se mustian las universidades del Estado hasta desaparecer o degenerar en firmas comerciales.

Por ello, el proyecto les mantiene congelados los aportes de la Nación (art.103), como lo hizo el artículo 86 de la Ley 30, con el que los gobiernos neoliberales lograron asfixiarlas presupuestalmente, como lo muestran las siguientes cifras tomadas del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES: Como se puede ver, los aportes per cápita de la Nación han menguado dramáticamente, mientras la población estudiantil ha crecido de manera considerable, llevando a una encerrona a estas entidades. Téngase en cuenta que se trata de tan solo unos ejemplos, pero las cifras del Sistema de Universitario Estatal, SUE, nos dan una visión del conjunto.Para entretener a la opinión nacional, Santos, como lo hizo Uribe en el proyecto de Ley 237 de 2010, promete un aumento de los recursos estatales a las universidades públicas a partir de lo girado el año inmediatamente anterior, dependiendo del incremento real del producto interno bruto, PIB, de esta manera (art. 105): Si el PIB crece: porcentaje de aumento para las IES Más de cero % y menos del 5% 30% del crecimiento del PIB Igual o mayor que el 5% y menor que el 7.5% 40% del crecimiento del PIB Igual o mayor que el 7.5% 50% del crecimiento del PIB Si se tiene en cuenta lo que ha sucedido con el PIB de los últimos diez años, se observa que lo ofrecido es bastante exiguo:

Además, estos porcentajes “se distribuirán de acuerdo con un mecanismo establecido por el Ministerio de Educación” con el criterio de premiar a las instituciones más obedientes, con lo que la autonomía universitaria queda hecha trizas. Estamos ante una verdadera celada que los neoconservadores gringos denominan hambrear la bestia: a las entidades educativas se les congelan los aportes del Presupuesto Nacional, provenientes de los impuestos que paga el pueblo, a la vez que se les ordena agigantar los gastos ampliando los cupos o poniendo en marcha otros programas. La universidad que pretenda recibir algunos dineros adicionales ha de humillarse a los ucases del Ministerio, o mejor, de los agiotistas, el poder tras el trono. Es tan turbio el proceder de la gavilla de la Unidad Nacional que ni siquiera se contempla el pago de la deuda que la Nación tiene con las instituciones públicas, que según los vicerrectores financieros supera el medio billón de pesos; uno de los artículos habla de ejecutar las obligaciones en mora de los entes territoriales, pero no las del gobierno central. (art. 103, parárg.).

Llevando adelante el chantaje, los artículos 106 y 107 estipulan otros recursos que se asignarán por parte del Ministerio teniendo en cuenta la generación de nuevos cupos, la regionalización, la presencia en zonas de frontera, la formación del recurso docente, avances en la gestión institucional y otros. Debe tenerse en cuenta que aunque el gobierno destine algunos dineros adicionales por el desarrollo de esos programas, estos no cubrirán sino un pequeño porcentaje de los nuevos egresos, con lo cual se agudizará el déficit de las instituciones públicas. En el más desvergonzado pisoteo a la autonomía universitaria se dice que: “Estos recursos serán transferidos a las Instituciones de Educación Superior previa suscripción de un convenio plurianual de desempeño, en el cual el Ministerio de Educación Nacional, concertará una serie de objetivos y compromisos cuantificables, que permitan el fortalecimiento de cada institución y la consecución de los objetivos nacionales en cuanto a calidad y acceso a la educación superior”. Es nada más ni nada menos que la toma por asalto del gobierno de las universidades por parte del Ministerio, para meterlas en la camisa de fuerza neoliberal. La reforma prevé el inminente aumento de las matrículas, pero en un intento por apaciguar a los educandos actuales, promete que las alzas por encima del IPC serán sólo para los nuevos, trapisonda que el gobierno espera que resulte exitosa, porque la ha aplicado en ocasiones anteriores y a causa del aval de algunos dirigentes sindicales, ha logrado escamotear valiosos derechos a las generaciones que ingresaron a laborar después de tales capitulaciones. En vez de cumplir con el deber de financiar la educación, en la reformeta el gobierno distribuye unas pocas becas y otorga créditos a los estudiantes, por ejemplo, a través del Fondo para la Permanencia en la Educación, administrado por el ICETEX, que serán destinados al cubrimiento parcial de los gastos de manutención de los estudiantes de las IES públicas y privadas, de acuerdo con el instrumento de focalización que defina el gobierno nacional. (art. 116). Los graduados se verán así en la necesidad de soportar la coyunda de la deuda durante varios años después de haber obtenido el título; no es más que otra manera de promover los negocios en este ramo tan importante para la sociedad, para lo cual se convierte el ICETEX en una especie de gran banco. (arts. 115, 116, 119). Así, el régimen se afana por debilitar las instituciones que imparten la enseñanza y fortalecer los entes burocráticos que constituyen instrumentos eficaces para coaccionar a que se entre en el redil de la política oficial. También los sistemas de acreditación, evaluación, aseguramiento de la calidad y otros tienen como propósito forzar a las directivas de las universidades a marchar al son de los dictados gubernamentales. Con los sistemas de vigilancia y las disposiciones de buen gobierno, rendición de cuentas, transparencia y las demás de la sarta de palabrejas de politólogos, politicastros y administradores se pretende embaucar a los más incautos para que piensen que el público tendrá conocimiento e injerencia en la marcha de los establecimientos educativos a pesar de que se transfieran a manos de los pulpos, principalmente foráneos. III El punto quizás más grave consiste en que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y el proyecto que analizamos, toda la educación se sujetará a los criterios de pertinencia y de competencias.

Veamos cómo lo plantea el Plan: “Fomento de la pertinencia de la formación de capital humano bajo el enfoque de competencias teniendo en cuenta las necesidades del sector productivo. El MEN implementará una estrategia de incentivos en el sector de formación para realizar transformaciones en su oferta, ajustándola adecuadamente a los requerimientos de todos los agentes demandantes; mediante estímulos a través de los créditos del ICETEX, los recursos proporcionados a las universidades públicas e institutos de formación técnica y/o tecnológica públicos, los recursos otorgados en los programas de fomento a la formación de educación técnica y tecnológica, y la formación para el trabajo y el desarrollo humano, los mecanismos de aseguramiento de la calidad y los convenios de ampliación de cobertura del SENA.”[1] En otro aparte se declara el objetivo de que “el sector privado participe activamente en la determinación de las necesidades de formación y oferta de la misma.”[2] No se trata simplemente de que los educandos participen en faenas productivas, con lo cual esta publicación estaría de acuerdo, ya que combinar la teoría con la práctica constituye el camino más seguro para el aprendizaje. Lo que merece condena del estudiantado y de Colombia toda es que se pretenda ajustar, es decir, limitar la enseñanza a las competencias que reclaman los patrones, en particular los monopolios imperialistas. Los estudios que se salen de esos estrechos marcos se consideran no pertinentes. Así, la investigación básica, la que supera la mera innovación se considera fuera de contexto. Lo máximo a lo que se aspira con la chata visión colonial y mercantilista es al tipo de innovaciones que se definen en el texto del Plan: “Innovar no sólo significa desarrollar nuevos productos y transformar los productos existentes.

Consiste en crear nuevas formas de producir, entregar, comercializar y vender, logrando, en última instancia, generar valor agregado a través de toda la cadena productiva. Ahora bien, la innovación no sólo aplica a las actividades productivas. Es, por lo contrario, una pieza central en todas las esferas del desarrollo, incluyendo el desarrollo social o el Buen Gobierno. Es la “introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar del trabajo o las relaciones exteriores (OECD, 2005)”[3]. La innovación que corresponderá a nuestro país será, entonces, aquella requerida por nuestro papel en la división internacional del trabajo que nos asigna el dominio gringo y que se concreta en las locomotoras de santismo. Aparte de las competencias exigidas en los talleres, en los almacenes y oficinas están aquellas determinadas por el necesario adoctrinamiento ideológico, las que aherrojan las conciencias, las diseñadas para domar los espíritus rebeldes, para mantener la sumisión de los pueblos: “Una educación de calidad requiere entonces formar ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen sus deberes sociales y conviven en paz, e implica ofrecer una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad, que sea competitiva, que contribuya a cerrar las brechas de inequidad, centrada en la institución educativa, que permita y comprometa la participación de toda la sociedad en un contexto diverso, multiétnico y pluricultural. En síntesis, nos compromete una educación de calidad como el camino a la prosperidad.” No se puede negar que el alto gobierno cumple a cabalidad los mandatos del Banco Mundial, como lo comprobará quien ojee textos como el de Michael Gibbons Pertinencia de la educación superior en el siglo XXI o cualquiera de los otros de la bibliografía del Ministerio de Educación. IV Casi no necesita decirse que la universidad y la sociedad colombianas enfrentan un enorme desafío. Si permiten que se apruebe tan avieso proyecto, la enseñanza se encarecerá, la nación perderá toda influencia sobre sus contenidos científicos y tecnológicos, los cuales se reducirán a los mínimos requeridos por los potentados para sacar ganancias de sus negocios, los monopolios extranjeros se adueñarán de las instituciones, y las ideas neocoloniales y oscurantistas se difundirán incontroladas a través de todo el sistema educativo. Hoy es imperativo que la comunidad universitaria se una tras los objetivos de derrotar la reforma de Santos, obtener financiación estatal suficiente y sin condiciones para las universidades públicas y conquistar el respeto a la autonomía y a la democracia universitarias. La táctica debe supeditarse al alcance de estas metas. Se trata de unirse con todo aquel que esté dispuesto a batallar por tan primordiales reivindicaciones. El movimiento ha de ser masivo, por lo cual hay que poner en tensión todas las fuerzas para lograr que cada miembro de la comunidad universitaria entienda qué es lo que está en juego; las conferencias, mesas redondas, boletines explicativos han de ser numerosos y cubrir todas las instituciones, facultades y departamentos.

Constituye un buen comienzo el encuentro que se llevó a cabo en la Universidad Nacional los días 19 y 20 de marzo, siempre y cuando se pongan en marcha, sin pérdida de tiempo, las jornadas de lucha y no se distraigan los esfuerzos en discusiones o tareas secundarias. La hora impone preparar grandes y sucesivas protestas callejeras, que se esmeren en no caer en las maniobras provocadoras de la Policía, que a toda costa buscará frenar el avance del movimiento universitario. La maquinaria de la Unidad Nacional está aceitada y se propone allanarle rápidamente el camino a la iniciativa de su jefe, por lo cual las grandes manifestaciones deben darle con prontitud un no rotundo al proyecto. Si de veras se tiene el propósito de salvar a la educación pública de semejante acometida, hay que salir a librar la batalla de inmediato, a la vez que se van acumulando las fuerzas. Más que de planificar jornadas a largo plazo se requiere concentrarse en las batallas de los próximos tres o cuatro meses en los cuales se definirá, en muy buena medida, la suerte de la educación superior. Dejar pasar esta política es facilitar la aplicación del Plan de Desarrollo y del TLC. Es hora de que la juventud colombiana haga honor a su bien ganado prestigio de destacamento antiimperialista y democrático cerrándole el paso a los designios reaccionarios para la educación. Notas: [1] Hacia la prosperidad democrática: Visión 2010 2014, pág. 103 [2] Pág. 97 [3] Pág. 62