En los últimos meses han sido asesinados selectivamente varios líderes campesinos vinculados con los procesos de restitución de tierras anunciados por el gobierno nacional y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Según el gobierno, la idea de la “ley de víctimas” es devolver alrededor de 2 millones de hectáreas que serán restituidas a sus dueños legítimos. No obstante, es precisamente en lugares como el Urabá antioqueño, en San Juan de Nepomuceno en Bolívar, en el Cauca, en Sucre, en el Valle y en Tolima en donde la situación de homicidios selectivos contra líderes campesinos arrecia. Por supuesto el homicidio de líderes campesinos no es un fenómeno nuevo en Colombia. Muy al contrario, ha sido una práctica sistemática de la clase terrateniente para desarticular los procesos de movilización del campesinado y eliminar del territorio cualquier clase de resistencia que impida o retarde la consolidación de poderes locales".
Esta política del terror, se nutre con los actos de violencia contra la población como masacres, desapariciones forzadas, quema de cultivos, abusos sexuales, hostigamientos y amenazas. El resultado obvio y macabro es entonces el desplazamiento forzado de campesinos y campesinas que se niegan a morir o ver morir a los suyos. Los territorios más vulnerables a este tipo de ataques son precisamente en donde existe una fuerte tradición de lucha por la tierra y el campesinado exige vehementemente la restitución de sus tierras.
No hace falta recordar que los objetivos del terrorismo de Estado han sido, entre muchas, las organizaciones campesinas. En la última década presenciamos un exterminio de la dirigencia campesina pues se calcula que 1.200 dirigentes de FENSUAGRO -Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria- y más de 250 dirigentes de la ANUC UR -Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción fueron asesinados en este periodo de tiempo.
En este escenario, la cuota del Estado ha sido en primer lugar, la pronta y directa colaboración de la fuerza pública en ejecutar la política del terror contra el campesinado y en segundo lugar la campante impunidad sobre estos casos. Según la Consultoría para los Derechos Humanos, CODHES, no hay nadie procesado ni condenado por 44 asesinatos de líderes de desplazados que reclamaban sus tierras. Estos cálculos no incluyen los casos en los que los paramilitares que han asesinado a los líderes -con la más descarada complicidad de las autoridades regionales- se han acogido simplemente a sentencias anticipadas y como consecuencia la Fiscalía ha dejado a un lado toda investigación de los hechos y con ello la posibilidad de conocer a los autores intelectuales –verdaderos responsables- de los homicidios.
No hace falta recordar que los objetivos del terrorismo de Estado han sido, entre muchas, las organizaciones campesinas. En la última década presenciamos un exterminio de la dirigencia campesina pues se calcula que 1.200 dirigentes de FENSUAGRO -Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria- y más de 250 dirigentes de la ANUC UR -Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción fueron asesinados en este periodo de tiempo.
En este escenario, la cuota del Estado ha sido en primer lugar, la pronta y directa colaboración de la fuerza pública en ejecutar la política del terror contra el campesinado y en segundo lugar la campante impunidad sobre estos casos. Según la Consultoría para los Derechos Humanos, CODHES, no hay nadie procesado ni condenado por 44 asesinatos de líderes de desplazados que reclamaban sus tierras. Estos cálculos no incluyen los casos en los que los paramilitares que han asesinado a los líderes -con la más descarada complicidad de las autoridades regionales- se han acogido simplemente a sentencias anticipadas y como consecuencia la Fiscalía ha dejado a un lado toda investigación de los hechos y con ello la posibilidad de conocer a los autores intelectuales –verdaderos responsables- de los homicidios. El 19 de septiembre de 2010 asesinaron a Hernando Pérez, un campesino que había asistido a la entrega de títulos de tierra en un acto público convocado por el gobierno nacional, con el fin de reclamar la restitución de tierras despojadas desde 1994 para varias familias de la vereda La Ceibita, del municipio de Necoclí, Antioquia. Meses antes del crimen de Hernando Pérez, dos sicarios acribillaron en la vía Turbo -Necoclí al campesino Albeiro Valdés Martínez, líder de la Asociación de Víctimas por la Restitución de Bienes de Urabá quien había recibido poco antes 35 hectáreas de tierra por parte de CNRR. Sorprendentemente, luego del asesinato de Albeiro Valdés Martínez, el Alcalde de Necoclí decidió unilateralmente devolver las tierras a su anterior propietario, quien es señalado de ser un testaferro de los paramilitares.
En el municipio de San José de Apartadó, Juan Jiménez Vertel, quien fue desplazado y despojado del municipio de Chigorodó, fue asesinado el 19 de agosto de 2008 por reclamar sus tierras. La misma suerte corrió Benigno Gil, líder de 1.200 campesinos de Mutatá desplazados de sus fincas, quien fue asesinado el 22 de noviembre de 2008 en Chigorodó. Uno de los testigos de estos hechos y líder de la Mesa Campesina, Jaime Antonio Gaviria, fue asesinado 15 días después de atestiguar el crimen de Benigno Gil.
El 17 de julio en el barrio Lleras de la ciudad de Buenaventura fue asesinado Jair Murillo un líder afrocolombiano, representante legal de la Fundación Integral Pacífico Nariñense (FIPAN), que días antes de su muerte estaba coordinando una marcha nacional de desplazados que se realizaría en Bogotá. Adriano Pino, quien reclamaba tierras usurpadas por grupos paramilitares en zona rural de Belén de Bajirá –Chocó fue asesinado el 23 de febrero de 2009 en Medellín; y Ana Gómez quien había iniciado trabajo para liderar a otros desplazados encontró la muerte el 14 de abril de 2009 mientras pasaba por su tierra en Las Córdobas y Arboletes.
En Córdoba desde el 15 de junio de 2008 está desaparecido Azael Hernández, un dirigente popular del municipio de Tierralta. Asimismo, desde el 4 de abril de 2009 la líder de la población desplazada Nora Villegas permanece protegida por el Estado tras ser amenazada. La misma situación en que se encuentra la líder monteriana Amanda Hernández. Por las mismas razones han sido asesinados John Jairo Martínez, Antonio Ramos y Teófilo Vidal. En San Juan Nepomuceno, Oscar Manuel Maussa Contreras líder de la restitución de tierras y directivo de la Coontragloban en Bolívar fue torturado y posteriormente asesinado el 21 de noviembre de 2010 a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de derechos Humanos y demás parafernalia jurídica. Maussa Contreras y sus compañeros sabían que venían por él desde que empezó su lucha por la restitución de las tierras arrebatadas por el paramilitarismo, por eso sus vecinos no dudaron en alertar a las autoridades sobre lo que iba a pasar. Las denuncias una vez más y esta vez para siempre, resultaron inútiles ante la autoridad aquiescente.
Rogelio Martínez quien fuera representante de los campesinos de la finca La Alemania, fue brutalmente asesinado en San Onofre –Sucre luego de que lograra la restitución de sus tierras de las manos de los paramilitares quienes comandados por Uber Bánquez Martínez, alias Juancho Dique, se tomaron la finca y asesinaron a los campesinos Vidal Martínez, Oscar Martínez y Orlando Fernández, ocasionando así un desplazamiento forzado masivo de sus habitantes.
Ante el abandono de la tierra Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena” la ocupó y estableció un centro de operaciones criminales allí hasta el llamado proceso de desmovilización, pero desde entonces el terror no se hizo esperar; constantemente los campesinos recibían amenazas de hombres encapuchados hasta que el 11 de abril de 2007 el campesino Garibaldi Berrío Acosta, fue secuestrado y posteriormente asesinado en ese mismo lugar.
En el Santander de Quilichao –Cauca fue asesinado por dos sicarios Alexander Quintero, líder campesino, desplazado, sobreviviente y testigo de la masacre del Naya en el 2001 que causó daños irreparables en la vida campesina del lugar y provocó un desplazamiento masivo de personas.
En Arauca, el presidente de la Asociación de Familias Desplazadas de Saravena, Edgar Bohórquez Palma, quien lideraba un proceso de reclamación de tierras para varios desplazados de la región, fue cobardemente asesinado el 24 de septiembre del año pasado frente a su pequeño hijo de 4 años. Las tierras que pedía ser devueltas habían sido arrebatadas también por grupos paramilitares, y en el momento estaban en trámite para ser adjudicadas desde el Incoder. Del panorama general que presentamos, algunos podrían concluir que los homicidios selectivos para desaparecer el liderazgo campesino han aumentado conforme el proyecto de “ley de víctimas” y la voluntad política del Estado avanzan en el tema de restitución; sin embargo, desde una posición más bien pesimista, creemos que estas y las demás retaliaciones que no dejan salir a la luz pública, se corresponden directamente con el interés de paramilitares y líderes de extrema derecha que pretenden desarticular a las organizaciones más valientes y comprometidas del movimiento campesino que reivindican y exigen sus derechos sobre la tierra.
A ellos: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera.
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