Durante
las últimas décadas, en nuestra América se viene reconfigurando las fuerzas
políticas que componen el continente con la aparición de varios gobiernos de
carácter progresista, espacios de integración regional - UNASUR, ALBA,
MERCOSUR, CELAC - y la rearticulación de los movimientos populares que se
presentan como una alternativa frente a la hegemonía del imperialismo
norteamericano.
Las
respuestas a esta disputa por el control
del territorio presenta varios niveles de injerencia que van desde la
intervención militar hasta acciones planificadas con el fin de resguardar los
privilegios de las clases dominantes que se sostienen en el poder imponiendo el
sistema capitalista, en su fase neoliberal.
Es
así que en América operan aproximadamente 76 bases militares estadounidenses.
La militarización se viene expresando a través de ejercicios conjuntos y cursos
de adiestramiento para las fuerzas armadas y fundamentalmente policiales de
nuestros países, además de reuniones continentales de altos mandos que entre
otros se traducen en políticas represivas y de criminalización a dirigentes y
luchador@s populares, personas indocumentadas, pueblos indígenas y negros, comunidades
campesinas y el campo popular en su conjunto.
Asimismo,
los marcos jurídicos están siendo modificados en función de una mirada que va
en detrimento de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos entendiendo
que se pierde cada vez mas la capacidad para decidir nuestro futuro. En este
contexto los estados viene implementando políticas publicas que favorecen la
llegada de inversión extranjera, principalmente de las actividades extractivas
y megaproyectos de infraestructura, cuyo
objetivo es la acumulación a partir de
los recursos naturales renovables y no renovables, especialmente en el caso de
la minería en la que se utilizan grandes cantidades de agua y energía, imponiéndose así la lógica del saqueo a
nuestros pueblos.
Las
modificaciones a los marcos jurídicos también se expresan en reformas en
sectores estructurales como el educativo, financiero, ambiental, energético,
telecomunicaciones, salud y seguridad
social, solo por nombrar a los que son
comunes a las realidades de nuestros países. Entre las más lesivas, por su
impacto directo e inmediato en la vida de millones de familias, se encuentra la
precarización y flexibilización de las condiciones de trabajo. Un ejemplo de
esto es la situación de opresión y explotación de millones de migrantes en los
Estados Unidos.
Estas
realidades mantienen un contexto de violación de derechos humanos -torturas,
desapariciones forzadas, exilio, persecución violación, entre otros – que
aumentan la larga tradición de impunidad que gozan los responsables de los
crímenes cometidos durante las dictaduras cívico militares, gobiernos
autoritarios y prácticas coloniales, muchas de las cuales aun permanecen. La
respuesta a esto debe ser la recuperación de la memoria histórica, el
enjuiciamiento, la reparación a las víctimas y la decisión política de poner
fin a tan condenables prácticas.
Nosotras
y nosotros, reafirmamos nuestra convicción por la construcción de un continente
libre y soberano, en armonía con la madre tierra, donde los pueblos orientemos
el rumbo de nuestros pasos liberados del imperialismo, el capitalismo, la
violencia, la injusticia, la explotación, la opresión, la discriminación, el
racismo y el patriarcado.
Conocedores
de nuestra responsabilidad histórica, llamamos a l@s jóvenes a organizarse y
continuar con la lucha por una vida digna, con justicia social para todas y
todos.
¡Por la unidad de Nuestra América!
Venezuela, julio del 2014
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