EL ESPECTADOR. Un histórico fallo del Tribunal Superior de Medellín que excluyó del programa de Justicia y Paz a siete paramilitares que pertenecían al bloque Cacique Nutibara, no ha dejado de recordar fantasmas que por décadas han perseguido a políticos, empresarios y oficiales militares. En esta oportunidad los magistrados señalaron directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez de participar “en la promoción, organización y apoyo a grupos paramilitares y asociaciones Convivir ligadas a ellos directamente, por acción y omisión y concertarse con ellos, no sólo como gobernador de Antioquia, sino después como presidente”, compulsando copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen los hechos.
La decisión firmada por los magistrados Rubén Darío Pinilla y María Consuelo Rincón —el tercero de ellos, Juan Guillermo Cárdenas, hizo salvamento de voto— reconstruyó el pasado de sangre de un bloque paramilitar que horrorizó el Urabá antioqueño y acabó con la vida de líderes de izquierda y el último rastro de las milicias urbanas en Medellín bajo el mando del exjefe ‘para’ y narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Igualmente, el alto tribunal hizo un recorrido histórico sobre la aparición de las autodefensas en Antioquia a través de las Convivir y sus relaciones con el Estado, principalmente con la Fuerza Pública, que según registran los expedientes, comenzaron en 1983.
Para los magistrados del Tribunal de Medellín, las declaraciones de Don Berna y otros comandantes como Pablo Hernán Sierra, más conocido como Alberto Sierra, jefe del bloque Cacique Pipintá, resultaron determinantes y evidencian la supuesta relación del expresidente Uribe con el auge de las autodefensas en la región. Según establece la sentencia, durante la gobernación de Uribe entre 1995 y 1997, el secretario de Gobierno de la época, Pedro Juan Moreno Villa, desarrolló el proyecto Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (Coosercom) “como un laboratorio del paramilitarismo”, ya que creó un ejército particular de 400 desmovilizados.
Moreno Villa habría sino uno de los líderes que orientaban las políticas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y con el proyecto logró impulsar las Convivir, que prácticamente fueron el detonante que catapultó el paramilitarismo. El otro conocido problema al que hace referencia el Tribunal de Medellín es el capítulo de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez y que, al parecer, se convirtió en el campamento de la Convivir El Cóndor, conocido como el primer grupo de autodefensas del oriente antioqueño y, al parecer, comandadas por el hermano del exprimer mandatario, Santiago Uribe.
El siguiente capítulo que revelaría los supuestos nexos de Álvaro Uribe con los paramilitares es la relación con el pacificador de Urabá, el general (r) Rito Alejo del Río, condenado en 2012 a 25 años de prisión por colaborar con grupos ilegales y el crimen del líder chocoano Marino López perpetrado en febrero de 1997. De Rito Alejo se ha dicho que entregó a las autodefensas el control absoluto del Urabá para que estos acabaran con las guerrillas que azotaban constantemente a bananeros, ganaderos y mineros.
Los magistrados señalaron que el expresidente estaría detrás de la Operación Orión, una alianza criminal entre el Ejercito, los ‘paras’ de Don Berna y sicarios de la Oficina de Envigado que también dirigía el comandante paramilitar, que a sangre y fuego se tomaron las laderas de la Comuna 13 de Medellín en octubre de 2002. Se presume que cientos de personas fueron asesinadas y desaparecidas, al punto que a Don Berna lo investigan por 67 casos de desaparición forzada por estos hechos. Asimismo, otro de los señalados de ser uno de los responsables fue el excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya.
El Tribunal de Medellín no se quedó corto en decir que la Fiscalía ha sido una de los responsables de que muchos de estos casos sigan en la impunidad y por esa razón compulsó copias para que se investigue a la exfiscal general Viviane Morales Hoyos y 13 funcionarios más por el delito de prevaricato por omisión en el proceso que se adelantó contra el general (r) Montoya y el polémico y destituido general (r) Leonardo Gallego Castrillón, por las graves violaciones de derechos humanos de las que habrían sido gestores. Igualmente, los magistrados habrían ordenado recientemente iniciar investigaciones contra el general Alejandro Navas por su presunta responsabilidad en la masacre de La Horqueta, ocurrida en La Mesa (Cundinamarca) el 21 de noviembre de 1997 y en la que murieron 14 personas.
El trascendental fallo del alto tribunal también ordenó que se compulsaran copias para que se investigara a reconocidos oficiales de policía y políticos antioqueños que, al parecer, se confabularon con las autodefensas para aterrorizar la región. Los magistrados de Justicia y Paz ordenaron investigar a los generales (r) Óscar Botero Restrepo, Carlos Alberto Ospina, Martín Orlando Carreño (fallecido en un accidente en 2007) e Iván Ramírez; al teniente coronel John Jairo Cardona Chaparro y al coronel Germán Morantes Hernández, para determinar si “promovieron, organizaron y apoyaron a los grupos paramilitares”.
Otro de los llamados a ser investigados fue Luis Pérez Gutiérrez, exalcalde de Medellín entre 2001 y 2004, por “concierto para delinquir con grupos armados ilegales en las elecciones de 2007 y 2011 y los delitos electorales cometidos por éstos”. También se habló del expresidente Ernesto Samper, pero dijeron que aún no existen elementos de prueba que lo vinculen directamente con la expansión de grupos paramilitares, pero que es menester de las autoridades ahondar en las investigaciones. Esta se convirtió en la primera vez que la justicia antioqueña realiza serios señalamientos a Uribe, que en varias oportunidades ha dicho que este tipo de situaciones sucedieron a sus espaldas. Sin embargo, los magistrados indicaron que “no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”, como alguna vez lo señaló este diario.
Los postulados excluidos de Justicia y Paz
Dentro de todas las órdenes que impartió el Tribunal Superior de Medellín en su histórico fallo, que relata paso a paso la expansión del paramilitarismo en Antioquia y sus relaciones con las más altas esferas políticas y altos mandos oficiales, la decisión central de la sentencia estaba centrada en la exclusión de siete postulados de Justicia y Paz.
Se trataba de Ediberto Cañas Chavariaga, alias Bertico; Néstor Cardona, alias Alpinito ; Juan Fernando Ocampo, alias El Aguacate; Mauricio Opina, alias Rolo, y Wander Ley Viasus. El fallo de los magistrados del tribunal señaló que la desmovilización del bloque Cacique Nutibara —al cual pertenecían los siete exparamilitares— “no sólo fue aparente y ficticia, sino que no cumplió con los requisitos consagrados en la Ley de Justicia y Paz. Por lo tanto, como los postulados no se desmovilizaron con ese bloque de manera colectiva, deben ser excluidos de dicho proceso”, lo que les impediría obtener los beneficios legales y penas alternativas de ocho años.
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