Por Mamoncillo Colectivo Agrario Abya Yala
Esta situación alarmó a instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. La Defensoría del Pueblo alertó que fueron asesinados 134 líderes sociales en 2016; por otro lado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas determino una cifra de 59 homicidios; y el programa Somos Defensores estimo una cifra de 80 líderes que fallecieron. Finalmente para las organizaciones Indepaz, CINEP, Comisión Colombiana de Juristas y el IEPRI de la Universidad Nacional la cifra de violaciones
al derecho a la vida es de 101 casos durante 2016.
Durante el 2017 Continuó el aumento en los homicidios y agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Somos Defensores denunció 90 asesinatos de dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos entre inicios de año y el 30 de noviembre de 2017, lo que
significó un aumento del 32% respecto a ese mismo período en 2016. El ACNUDH en un comunicado emitido el 20 de diciembre de 2017, informó de que, a esa fecha, había verificado 73 asesinatos de líderes y lideresas sociales.
A pesar de las diferentes cifras sobre la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos hay coincidencias, en la mayoría, sobre la relación entre las dinámicas regionales (economías ilegales y legales, grupos armados e impunidad) con las alarmantes cifras de homicidios.
La dinámica en 2017, fue sumamente complicada en la medida que la implementación de los Acuerdos de La Habana y un ambiente polarizado enfocado en las elecciones presidenciales y de congreso de 2018, así como los aberrantes casos de corrupción que se destaparon. A pesar de la reducción de las cifras de víctimas por conflicto armado, los casos de criminalización a los líderes
sociales y defensores de derechos humanos son alarmantes sobre todo en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Córdoba y Chocó.
Así mismo se han incrementado las amenazas por parte de organizaciones paramilitares, sobre todo en contexto de movilización social (Paro de Buenaventura y Chocó) .Igualmente preocupante son las deficientes acciones de la Fiscalía y demás autoridades que no presentan mayores resultados ante la difícil situación de seguridad. Sin duda alguna, las zonas cocaleras y en proceso de restitución de tierras (que concuerdan con los PDETS y las Circunscripciones Especiales de Paz) presentan
los mayores niveles de criminalización a sus líderes sociales. Evidencia de ello fue la movilización social a mediados de abril en Tumaco frente al proceso erradicación de cultivos de coca y la masacre de 15 personas a manos de las Fuerza Pública a principios de octubre.
Por otro lado es muy preocupante la violencia que se viene ejerciendo contra los miembros de la FARC que se encuentran en proceso de reincorporación a la vida civil y en tareas dentro del nuevo partido político. El 17 de enero de 2018 La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, informó que desde que se firmaron los acuerdos de paz con el Gobierno Nacional han sido asesinado
48 excombatientes. Así mismo se han realizado atentados contra dirigentes políticos del nuevo partido político, así como amenazas contra sus sedes y agresiones físicas.
Las amenazas preceden en muchos casos a la desaparición o el asesinato de los diferentes dirigentes sociales, y las medidas de protección institucional (a cargo de la Policia y la UNP) son débiles y poco efectivas en los territorios. Así mismo las instancias que crea el Acuerdo de Paz al respecto no han surtido mayores efectos en las comunidades vulnerable. La principal amenaza a la implementación de los acuerdos de paz es la permanencia de las violencias que buscan impedir la apertura democrática y la transformación institucional. En 2018 es urgente que la movilización social por la defensa de la vida y la paz se active nuevamente, para obligar al Establecimiento a cumplir su principal labor: garantizar la vida a todas las personas.
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