El pasado 18 de septiembre, 75 organizaciones sociales y de derechos humanos presentamos el Informe alterno al Informe que presenta el Estado colombiano al Comité de las Naciones Unidas creado por el Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales -DESC-. Cada 5 años este Comité hace un examen periódico sobre el estado actual de los llamados DESC en los países miembros del Pacto como Colombia.
Como Colectivo Agrario Abya Yala somos Coatores.
El informe contiene un apartado introductorio sobre el contexto de solución política y construcción de paz, ligado especialmente al Acuerdo Final de fin del conflicto alcanzado entre el Gobierno y las FARC-EP. Se analiza el estado de implementación de los acuerdos alcanzados y su impacto sobre la materialización de los DESC. Posteriormente, el Informe se divide en 2 grandes bloques de diagnóstico: (i) uno que describe la situación de garantía y satisfacción de cada derecho (trabajo, salud, alimentación, educación, tierra, ambiente sano, agua, reunión y movilización), dedicando un acápite especial al análisis de la pobreza y la desigualdad en el país; (ii) y otro bloque que estudia la situación particular de grupos poblacionales diferenciados (mujeres, campesinado, indígenas, afrocolombian@s, niños/as y adolescentes, población desplazada, LGTBI, adultos mayores, situación carcelaria, entre otros).
El informe cierra con un grupo de recomendaciones dirigidas al Estado colombiano, en donde resalta el cumplimiento de los acuerdos de paz alcanzados en la Habana y la persistencia en la búsqueda de solución política con la insurgencia del ELN.
Nuestra participación como Colectiva Agraria Abya Yala buscó posicionar el derecho al ambiente sano como uno de los derechos que debe ser analizado por parte del Comité, dada su enorme relevancia en la conflictividad social del país. Nos identificamos plenamente con las recomendaciones formuladas en el Informe en materia ambiental orientadas a:
- El respeto y protección de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, en particular de Consultas Populares y Cabildos Abiertos relativos a la realización de grandes proyectos económicos, de manera que sus resultados sean vinculantes y la voluntad popular allí expresada sea acatada.
- La prohibición de toda actividad mineroenergética y de infraestructura sobre ecosistemas estratégicos.
- La prohibición de la práctica de Fracking por su grave amenaza al derecho al agua y al medio ambiente.
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